Perú, otro balotaje surcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

El próximo 7 de junio se celebrará el balotaje en Perú. Las elecciones presidenciales fueron el 12 de abril y terminaron en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el candidato de izquierda nacional popular vinculado al castillismo.

Recién esta semana quedaron definidos los resultados de la primera vuelta. El proceso de conteo fue extraordinariamente lento debido a problemas logísticos, miles de votos observados e impugnados y denuncias de fraude impulsadas, sobre todo, por el ultraconservador Rafael López Aliaga, que quedó tercero por muy poco margen. El liberticida argentino Martín Laje estuvo colaborando con López Aliaga, prometiendo una recompensa a los ciudadanos que documentaran pruebas del fraude. Incluso renunció una autoridad electoral en medio de la presión política. Sin embargo, los observadores europeos y la justicia peruana declararon que no hubo signos de fraude.

Keiko quedó primera con alrededor del 17 % y Sánchez segundo con cerca del 12 %, en una elección hiperfragmentada, con más de 30 candidatos. Esta situación nos da la pauta de que, cualquiera sea el candidato vencedor, tendrá una presidencia hiperdebilitada, sin representación significativa en el Congreso, lo que preludia un final tan poco feliz como el de sus antecesores, cuatro de los cuales están presos y uno suicidado.

Es la cuarta vez que Keiko Fujimori va a una segunda vuelta presidencial. Perdió todas las anteriores. Roberto Sánchez, consagrado candidato por una alianza heterogénea, propone una reforma constitucional y busca representar a los sectores andinos, rurales y amazónicos. Sin embargo, Sánchez sobrevivió en el Congreso pactando con el fujimorismo, canjeando votos.

Perú tuvo nueve presidentes en aproximadamente una década, con destituciones, renuncias, protestas y una crisis permanente. Perú no ha encontrado una salida al desplazamiento de Alberto Fujimori, que ha dejado plantado un régimen político pinochetista centrado en el Banco Central, la gran minería y un ajuste social permanente. Luego de fugarse del país por escándalos de corrupción, Fujimori terminó preso con una condena de 25 años, acusado además por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Menos Castillo —depuesto por querer disolver el Parlamento y producir una reforma constitucional—, los últimos expresidentes, incluso Alan García, que se suicidó, fueron implicados en causas de corrupción vinculadas a la brasileña Odebrecht y a los negociados de la obra pública. La continuidad del modelo económico está garantizada por el presidente del Banco Central, Julio Velarde —en su cargo desde hace veinte años—, que sigue una política deflacionaria.

Las causas de Odebrecht —que patearon todo el tablero político de América Latina— fueron impulsadas por la Justicia estadounidense. Así, por un lado, se destruyó la injerencia de Brasil en la región y, por otro, se limpió el mercado de competidores para que las empresas norteamericanas pudieran acceder. Sin embargo, a pesar de que JP Morgan, BlackRock y Citigroup se beneficiaron con la renegociación de los contratos, las empresas que coparon las licitaciones de obra pública fueron las chinas, como Cosco.

Las elecciones de Perú se dan en este contexto, en el que Trump quiere cercar las rutas comerciales a China. En América ha avanzado en Panamá, forzando al gobierno de Mulino a expulsar a la empresa hongkonesa que controlaba los puertos a ambos lados del canal. El acuerdo al que llegó con Europa para redoblar su presencia militar en Groenlandia apunta a controlar el paso por el océano Ártico.

El megapuerto de Chancay, que la china Cosco construyó en 2024 en la costa pacífica del Perú, es parte de un corredor vial que atraviesa el Amazonas y comunica con un puerto en la costa atlántica de Brasil. Más allá de que el puerto constituye un bypass para evitar el uso del canal de Panamá para el transporte de mercancías, por sí solo ya optimiza los tiempos y agiliza el flujo comercial hacia y desde China. Consolida a Perú como nodo de unión marítima entre Sudamérica y Asia, reduciendo el tiempo de navegación entre Lima y Shanghai de 35 a 23 días. Entre enero y octubre de 2025, el terminal movilizó cerca de 1.880 millones de dólares en comercio y aportó más de 230 millones en recaudación aduanera.

Para la estrategia de seguridad de Trump, controlar este puerto es central. Por eso comprometió 1.500 millones de dólares para modernizar la Base Naval de El Callao, la principal base naval del Perú, ubicada a 75 kilómetros del puerto de Chancay. El acuerdo implica, en principio, la presencia de asesores estadounidenses, pero la “cooperación militar a largo plazo”, explícita en el acuerdo, promete presencia de tropas norteamericanas.

En esta línea, el Congreso peruano destituyó en febrero al presidente interino José Jeri por mantener reuniones no reveladas con empresarios chinos. Jeri sustituyó a Dina Boluarte en la presidencia en octubre de 2025 y duró solo cuatro meses.

Quien sea que gane las elecciones en Perú se topará con el mismo problema que tienen todos los gobiernos: la relevancia de las relaciones comerciales con China y su papel como inversor en infraestructura. China no solo es el principal socio comercial de Perú, sino que mantiene un acuerdo de libre comercio desde 2010 y es uno de los principales inversores en minería. Perú es actualmente el segundo exportador mundial de plata y cobre, metales esenciales para la electromovilidad y los semiconductores.

Anticipándose a las consecuencias de la guerra comercial, Perú quiere diversificar sus apuestas e inició tratativas con la India para construir otro puerto, de modo que ese país no tenga que depender de la infraestructura portuaria hecha por China. Se trata del megapuerto de Corío. El objetivo es que los inversionistas indios se integren al proyecto una vez concluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral. Ubicado en Punta de Bombón, en la región de Arequipa, Corío proyecta una capacidad de carga de 100 millones de toneladas anuales y daría salida al cobre y oro del sur peruano, al litio de Bolivia y del “triángulo del litio” (Chile y Argentina), al cobre del norte chileno y a la producción agrícola de Brasil y Argentina. Según datos de las Naciones Unidas, las importaciones de la India desde Perú alcanzaron los 4.690 millones de dólares en 2024, de los cuales más del 90 % correspondieron a metales preciosos. La India ya tiene acuerdos de explotación de minerales con Chile y Brasil. El gobierno de Narendra Modi está alineado con Trump y Netanyahu, lo que, ante una eventual escalada de la guerra comercial, le otorgaría un salvoconducto para seguir comerciando con América Latina.

Por lo tanto, las elecciones de junio exacerbarán la crisis política en Perú.