La Asamblea Plurinacional de Bolivia sale al salvataje de Rodrigo Paz y allana el camino para el estado de excepción contra la rebelión obrera y campesina

Este miércoles a primera hora, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira promulgó la ley que deroga las regulaciones para decretar el estado de excepción en su país. En una alianza con los bloques derechistas de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionaron el domingo y el martes, Paz Pereira consiguió por abrumadora mayoría la derogación de la norma que lo obligaba a tener el aval del Parlamento para su declaración, establecía un plazo máximo de 60 días de duración, restringía el uso de las fuerzas armadas y de armamento letal, y establecía responsabilidades penales individuales para policías y militares ante cualquier “exceso”. Horas antes de su aprobación, un tribunal constitucional ordenó al gobierno el despeje de todos los bloqueos y el restablecimiento del “orden público” (La Razón, 26-05-26).

La ley derogada, conocida como Eva Copa, fue aprobada en julio del 2020 por la mayoría masista de la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo el gobierno de facto de Jeanine Añez, surgido del golpe que derrocó a Evo Morales en 2019, después de que el ejército y la policía perpetraran las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), a finales de 2019. Los responsables policiales y militares fueron juzgados hasta que, en agosto y setiembre de 2025, jueces de El Alto y Sacaba determinaron la nulidad de los procesos por supuestos “vicios de incompetencia” en el trámite judicial. Las organizaciones de familiares de las víctimas de estas masacres denunciaron el carácter inconstitucional de la derogación de la ley Eva Copa, así como que varios de los perpetradores de aquellas masacres siguen en actividad y hasta fueron nombrados en cargos públicos bajo el gobierno de Paz Pereira (ANF, 26-05-26).

El operativo parlamentario para allanar el camino al llamado de un estado de excepción por Paz Pereira se puso en marcha justo después del monumental fracaso de la represión militar y policial, llevada a cabo el sábado pasado, pérfidamente llamada “corredor humanitario banderas blancas”, con la que se intentó despejar los bloqueos que se concentran entre La Paz y Oruro. Los bloqueadores enfrentaron la represión y armaron nuevos bloqueos, obligando al repliegue de las fuerzas represivas, con el saldo de cientos de detenidos y heridos y un manifestante asesinado. Por otro lado, las represiones diarias sobre las multitudes que marchan sobre la plaza Murillo no han logrado quebrar la tenacidad de los manifestantes.

Las medidas de “lastre” anunciadas por el presidente Paz tampoco han quebrado la rebelión en curso. El nuevo intento de poner en pie su consejo económico social para repartir prebendas con los 8.000 millones de dólares otorgados por el BID, Fonplata y la CAF (El Mundo de Bolivia, 14-01-26), busca más bien presentar algunos acuerdos para aislar a la COB y así poder avanzar en una represión mayor al movimiento. Con este mismo objetivo ha llamado nuevamente al diálogo a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Túpac Katari y a sus “bases” (La Razón, 27-05-26).

La oligarquía fascista cruceña ha suspendido su amenaza de desbloquear ellos mismos el bloqueo de San Julián y ha convocado a Paz Pereira a una reunión nacional de los cívicos de los nueve departamentos de Bolivia. Insistirá en esa instancia con su exigencia de un estado de excepción, aunque sea regional, como vía para evitar el accionar fascista contra los manifestantes en Santa Cruz. En esta reunión, además, disputarán los recursos y obras con las que el presidente boliviano intenta cooptar a los sectores que participen en su consejo económico y social (El Deber, 26-05-26). Los comités cívicos ofician como una mesa donde los gremios empresariales, profesionales y del comercio negocian sus reivindicaciones con los gobiernos de turno. Particularmente, el comité cívico pro Santa Cruz ha sido históricamente un cuartel de la reacción política y hoy capitanea a los dirigentes de los demás comités cívicos, para que cierren filas contra los obreros y campesinos rebelados.

Ante el allanamiento del camino legal para que Paz Pereira declare el estado de excepción, las organizaciones campesinas e indígenas ya han advertido que están dispuestas a enfrentarlo y proseguir su lucha. Los dirigentes de la COB se han limitado a denunciar la posibilidad de su establecimiento. Por lo pronto, las mujeres bolivianas nucleadas en la organización Bartolina Sisa han hecho de su marcha por el día de la madre, el 27 de mayo en Bolivia, una multitudinaria manifestación exigiendo la renuncia de Paz Pereira y rechazando un eventual estado de sitio.

Mientras crecen las manifestaciones y bloqueos, las reivindicaciones fundamentales de las masas, concentradas en el desabastecimiento de combustible y su calidad, la necesidad de un aumento general de salarios y jubilaciones contra la carestía generalizada, y la defensa de la pequeña propiedad agraria, que agrupa a casi un millón de campesinos, han sido postergadas hasta un eventual nuevo gobierno que suceda al actual presidente ante su probable renuncia. Rodrigo Paz, junto a la burguesía y los terratenientes bolivianos, en cambio, no abandonaron su agenda de apertura al capital extranjero internacional de la explotación de los recursos estratégicos del país, particularmente el litio y el gas. Para ello necesitan derrotar a las masas obreras y campesinas en lucha y evitar el default del país, que debe afrontar vencimientos por 2800 millones de dólares durante el 2027, en el marco de una quiebra del comercio exterior por la caída fenomenal de la producción nacional de hidrocarburos. Para hacerse de los recursos para pagar la deuda pública boliviana, es que Rodrigo Paz tramita un préstamo del FMI, contrariando sus promesas electorales y profundizando la brecha con los sectores movilizados. El recurso del estado de excepción ha quedado a la mano del presidente boliviano, para cumplir sus propósitos estratégicos.

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