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La disputa entre Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses por el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) deja expuesta una crisis fiscal que atraviesa a toda la estructura del Estado provincial. Lo que aparece presentado como una discusión sobre porcentajes, libre disponibilidad o mecanismos de control es, en realidad, una pelea por administrar recursos que no alcanzan en un escenario marcado por la caída de la recaudación, el derrumbe de las transferencias y una dependencia cada vez mayor del endeudamiento.
El enfrentamiento tiene su origen en la autorización para que la provincia tome deuda por 3.685 millones de dólares. Endeudamiento que se aprobó mediante la creación de un fondo para los municipios equivalente al 8% de esos recursos por 250.000 millones de pesos. Desde entonces, la discusión gira alrededor de quién maneja esa caja y bajo qué condiciones.
En ese sentido, el acuerdo original establecía que el 70% sería distribuido entre los municipios a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedaría bajo programas ejecutados por distintos ministerios provinciales. Hoy los intendentes reclaman la libre disponibilidad del total de los fondos y cuestionan cualquier mecanismo de control político por parte de la provincia. La paradoja es que, hasta el propio ministro de Gobierno, Carlos Bianco, terminó reconociendo que el reparto del 100% de libre disponibilidad sería "la forma más razonable" de distribuir los recursos.
Como consecuencia de esta tensión, surge la discusión por la comisión bicameral. Lo que provocó aún más fricción ya que los intendentes exigen manejar los recursos sin intermediaciones y el Ejecutivo provincial rechaza que la Legislatura tenga capacidad de supervisión sobre esos fondos. Lo cierto, es que ninguno de los sectores discute las necesidades ni el destino social de esos recursos hacia una población azotada por una crisis insostenible. La conclusión, es que la pelea es por el control político de una caja surgida del endeudamiento.
Al mismo tiempo, los problemas para alcanzar un acuerdo también exponen las tensiones que atraviesan al propio oficialismo. El senador Sergio Berni, presidente de la comisión de seguridad alineado con Cristina Kirchner, cuestionó el funcionamiento de la Cámara Alta provincial al afirmar que "esta Cámara hace casi seis meses que no funciona y es una falta de respeto hacia los bonaerenses". Es decir, una marcada de cancha que estaría vaticinando que el Senado, encabezado por Magario también es un territorio de disputa y que los fondos municipales apenas uno de sus escenarios.
Mientras tanto, los tiempos de la política van por un lado y los de la crisis fiscal por otro. Ya que, si la sesión prevista para resolver el conflicto vuelve a quedar atrapada en las disputas internas, muchos municipios ingresarán al segundo semestre con recursos condicionados y sin margen para afrontar compromisos elementales como el pago del aguinaldo.
Así las cosas, todos reconocen que los municipios atraviesan una situación crítica. Hablan de la caída de la coparticipación, del desplome de la actividad económica y de las dificultades para afrontar salarios, aguinaldos y gastos corrientes. Pero, frente a esta situación, ninguno de los 135 jefes distritales cuestiona las causas estructurales del problema. Como, por ejemplo, el peso que tienen los pagos de deuda, las dediciones presupuestarias o la decisión de financiar gastos mediante endeudamiento. En contraposición, la salida que aparece sobre la mesa es reclamar una mayor porción de recursos obtenidos a través de un nuevo endeudamiento.
En este sentido, la salida cortoplacista del fondo municipal es la forma concreta que toma la descentralización del ajuste. Dado que el gobierno nacional recorta transferencias y profundiza el ajuste, la provincia responde endeudándose y los municipios reclaman más recursos para cubrir gastos corrientes. De esta manera, cada nivel del estado traslada la escasez al siguiente. Así, aunque aparezcan enfrentados por los recursos, forman parte de la misma dinámica de ajuste administrando la crisis mientras continúan las políticas de vaciamiento en salud, educación, infraestructura y salarios.
En este escenario, el problema de fondo no pasa por quién controla el 30% o el 100% del fondo sino en el acuerdo silencioso en donde Kicillof y los intendentes terminan administrando un esquema subordinado al capital financiero que garantiza los compromisos con los únicos beneficiarios: los acreedores. Descargando el ajuste sobre los trabajadores mediante el deterioro general de sus condiciones de vida.
