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El paro nacional docente del 3 de agosto dejó al desnudo una nueva disputa entre el gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof. Mientras la Secretaría de Trabajo nacional pretendió realizar inspecciones en las escuelas para verificar el cumplimiento del 75% de prestación mínima impuesto por la Ley de Modernización Laboral, la Dirección General de Escuelas bonaerense ordenó impedir que los funcionarios nacionales recabaran información en los establecimientos.
El gobierno de la Provincia rechazó las inspecciones alegando que la Nación "carece de jurisdicción directa sobre las escuelas de gestión provincial" y que el control de los establecimientos corresponde exclusivamente a la provincia. En el comunicado enviado a las autoridades educativas instruyó que, "ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional" y ordenó a inspectores y directivos abstenerse de "realizar cualquier tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción respecto de instituciones educativas provinciales".
La argumentación de Kicillof no cuestiona la ley de servicios esenciales ni el ataque al derecho de huelga. Selimita a que "la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias" y denuncia apenas "un avance ilegítimo sobre la autonomía local". Lo quiere hace un organismo nacional es atributo de uno provincial.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que impedir el acceso de los inspectores constituye "obstrucción de la autoridad" y advirtió que "si no se cumple, se inicia un proceso concreto y específico para aplicar todas las sanciones que correspondan". Las sanciones sobre las organizaciones sindicales, podrían derivar, en casos reiterados, en el retiro de la personería gremial.
El historial del gobierno de Kicillof está plagado de descuentos salariales, amenazas amedrentamiento contra los docentes que han ejercido el derecho de huelga en la provincia.
Los hechos más recientes vuelven a demostrarlo. Mientras cuestionaba que la Nación fiscalizara el paro docente, las autoridades bonaerenses dispusieron que los equipos directivos de las escuelas relevaran qué docentes habían adherido al paro del 4 de agosto convocado por los sindicatos opositores. Es decir, al mismo tiempo que rechazaba las inspecciones nacionales en nombre de la autonomía provincial, el propio gobierno desplegaba un protocolo de control sobre quienes ejercían el derecho de huelga contra su administración.
