Escribe Marcelo Ramal
Con qué programa y perspectiva vamos a la movilización del 15 de octubre.
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En las últimas horas, se han producido varios episodios tan resonantes como ficticios, desde el punto de vista de sus resultados políticos.
Por un lado, la gira de Milei y Caputo por París abundó en fotos con empresarios y con el propio Macron, y también con los gobernadores que acompañaron la gira. Mucha menos prensa, en cambio, tuvo la reunión reservada que sostuvieron el secretario de Finanzas José Daza y el presidente del Central, Santiago Bausili, con fondos financieros. Según relata el enviado de Clarín a la gira, el tema de ese encuentro fue “la sostenibilidad del pago de la deuda y las reservas disponibles para hacer frente a las obligaciones” (2/10). Los especuladores no compraron la versión que Milei había volcado horas antes, acerca de una “bazuka” de dólares para enfrentar la “desestabilización”. En Buenos Aires, y después de los fastos de París, el nivel de ventas de divisas de las reservas internacionales aumentaba, mientras el riesgo país subía a los 650 puntos.
Bajo este escenario, la Corte decidió rechazar la medida cautelar que suspendía la suspensión del artículo del DNU 70 que derogaba la ley de Tierras, habilitando así a compras irrestrictas de terrenos por parte de extranjeros. Pero la Corte, en su fallo, trasladó la cuestión a la Cámara de Diputados, que es la que ha dejado en pie al DNU70 al no tratarlo después de más de dos años. La Corte le tiró una soga al gobierno y al régimen liberticida. Pero desafió a los Diputados a hacer lo mismo, es decir, a un pronunciamiento definitivo sobre el decretazo que inauguró la contrarrevolución social y laboral en la Argentina.
Después del fallo de la Corte, una parte de la oposición -la Unión por la Patria, el FITU, la Coalición Cívica y varios monobloques sueltos, como la ex mileista Pagano- se han puesto de acuerdo en solicitar una sesión extraordinaria para el 15 de octubre, con la agenda de la emergencia por Discapacidad, la cuestión de los endeudados y, finalmente, el extenso DNU 70. La fecha elegida para la sesión coincide con la Marcha Federal Universitaria, cuyos organizadores, a partir de la convocatoria de diputados, han trasladado el escenario de la marcha, de Plaza de Mayo al Congreso. Pero los fondos universitarios para cumplir con la ley de Financiamiento los debe poner el gobierno, no el Congreso.
Así, la oposición parlamentaria aspira a “deglutirse” la próxima jornada del 15, aunque lo hace con pocos papeles en mano. Hasta ahora, le falta una porción de los 129 diputados necesarios solamente para el quorum. La cifra de eventuales votantes contra el DNU sería, naturalmente, menor. La derogación del DNU 70 envuelve varias cuestiones neurálgicas más allá del tema de las tierras. El decretazo, por ejemplo, dio por fenecida a la vieja Ley de Alquileres, liberando el mercado de acuerdo a las apetencias del capital inmobiliario. Lo mismo vale para la desregulación del sistema de salud. El espectro de gobernadores filo-oficialistas no tiene ninguna razón para concurrir al recinto, aunque elevará el precio de su ausencia ante Santilli y Caputo a la hora de discutir el Presupuesto 2027. En cuanto a los “firmantes de la sesión”, Pichetto acaba de pedirle a la justicia una medida cautelar para suspender el artículo 154 de la Ley de Tierras. Si prosperara, tendría la excusa perfecta para vaciar la sesión extraordinaria. Si el recurso judicial no funciona, Pichetto le ha propuesto a LLA incluir en la “Ley de Soberanía Nacional” alguna cláusula “plausible” sobre la extranjerización del suelo -por caso, elevar el límite al 25%, como se había considerado en el Senado. Otra forma de bajarle la cortina al 15 de octubre.
Según algunos periodistas, los opositores no desconocen los límites de la sesión del 15. Pero si la sesión fracasa, afirman, “desenmascararían” a los ausentes o renuentes a votar la derogación del DNU y se desenmascaran a sí mismos cono una cohorte de impotentes. Lo que no dicen es que significaría una victoria del gobierno y una legitimación final del decretazo 70. La situación es igualmente oscura en relación a los otros temas colocados en la agenda de la sesión -discapacidad y endeudamiento familiar. El gobierno discute con los “opositores dialoguistas” sustituir a la emergencia en discapacidad por una norma que afecte al presupuesto 2027, y que consolide el ajuste contra este sector. En relación al endeudamiento, la oposición no ha terminado de “cerrar” un proyecto, pero sí el oficialismo y sus aliados, que sólo quieren votar un “programa de educación financiera” (sic) para que los morosos aprendan a endeudarse “bien”.
La oposición -peronista, izquierdista, cívica- se dispone a transitar por el enésimo fracaso parlamentario bajo la gestión liberticida, después de una historia de dos años y medio de alternar todo tipo de complicidades con el gobierno. Los que se han tirado a la pileta de la sesión del 15 dicen que apuestan a “la calle”, la cual estaba movilizada de antemano por otra cuestión -los fondos universitarios y educativos. Los socios sindicales de esta oposición movediza se han preocupado de sustraer a los trabajadores de esta crisis, porque van a transitarla sin colocar en la agenda a las reivindicaciones obreras y sin convocar a la huelga bajo ningún punto de vista. Jerónimo, de la CGT, acaba de concurrir a IDEA para mostrar su disposición a “los tiempos que corren” (de precarización laboral, despidos y miseria salarial). La CTA se ha subido a la ley de tierras y a movilizar ante la Corte el próximo martes 6, mientras se acentúa su inmovilismo ante el derrumbe salarial y los desguaces en INTI, INTA y otros organismos.
En cuanto a la marcha universitaria, ella también viene cruzada por la frontera entre la verborragia y la necesidad de una lucha decisiva. A dos semanas del 15, y en medio de una nueva ronda de paros, un bloque de sindicatos y activistas de las dos CONADU (s) se ha pronunciado en común contra “los paros aislados” y por un congreso de delegados que resuelva la huelga general “hasta cobrar” (lo adeudado por la ley de financiamiento). No es lo que quiere la burocracia sindical y los rectores, de filiación peronista-radical. El FITU se ha sumado con todo a la política de la “unidad opositora” parlamentaria, dirigida a producir un golpe de efecto electoral, no a arrancar las reivindicaciones.
La gran movilización del 15 debe ser preparada, no como masa de maniobra de las operaciones fraudulentas del Congreso, sino para imponer el financiamiento, los recursos de discapacidad y todos los reclamos en base a la acción directa, la ocupación de lugares de estudio y de trabajo y la huelga general.

