Sesión extraordinaria: una dilación intencionada de oficialistas, opositores y el FITU

La sesión de Diputados del miércoles pasado tuvo un resultado inusitado: 249 votos a favor y 1 en contra. Con un temario referido al endeudamiento que afecta a millones de trabajadores y el recorte de fondos públicos para la atención a la discapacidad, esa masa de votos decidió dilatar una respuesta a la crisis para otra sesión plenaria que tendría lugar, en la mejor de las variantes, a fines de septiembre. Teniendo en cuenta la votación casi unánime, desde la Libertad Avanza hasta el FITU, es interesante conocer las razones del único diputado que votó en contra del “emplazamiento”: se trata del santacruceño José Garrido, quien criticó al cronograma resuelto por considerarlo “dilatorio”. “Los temas en discusión podrían haberse resuelto en una semana”, le señaló a Infobae (9/9). En medio del mes de septiembre, el Presupuesto 2027 ingresará al Congreso y dominará el debate en Diputados, condicionando el trámite de los proyectos “emplazados”. Con semejante unanimidad para “autointimarse”, el recinto podría haberse declarado en Comisión y deliberar hasta resolver una iniciativa -cuanto menos, en lo que refería a la emergencia en discapacidad, que sólo se trataba de una prórroga-. En cambio, la casi totalidad optó por la dilación.

“Costo fiscal cero”

Los medios opositores, del peronismo a la izquierda, juzgaron como una neta victoria el haber obtenido quórum propio, obligando a la LLA a bajar al recinto y a sesionar. Lo que no destacan esos medios es la concesión estratégica que los libertarios arrancaron en la votación unánime: en los “giros a comisión”, consiguieron evitar que los proyectos pasen por la Comisión de Presupuesto, donde se discuten las iniciativas que afectan a las finanzas públicas. Ello significa que sólo tendrán cabida aquellos proyectos sobre endeudamiento familiar que tengan “costo fiscal cero”. Milei, de este modo, se anotó una victoria estratégica: imponerle a los más impensados opositores el principio de que la crisis de endeudamiento es una "cuestión entre privados”. Los más ´combativos´ dirán que esta exigencia de los mileistas obliga a que el costo de cualquier proyecto en favor de los endeudados “lo paguen los bancos”. Se equivocan, porque cualquier tope a los intereses de tarjetas o de préstamos personales comporta una pérdida para el fisco: el 21% del IVA, sin contar los impuestos provinciales y municipales. Al aceptar que la cuestión “no impacte” fiscalmente, los “opositores” le han dado al gobierno un argumento precioso para voltear una buena parte de los proyectos que afecten en alguna medida al interés o capital de los créditos en cuestión. Han mandado al muere más de la mitad de sus propias iniciativas sobre la cuestión del endeudamiento, entre ellas, el proyecto del FITU, que proponía condonaciones de capital e intereses para todos los deudores hasta cierto ingreso mensual. Sólo serán “viables” aquellos proyectos que proponen “educar financieramente a los deudores” propiciar un “trato digno” (sic) a quienes sean conminados a pagar o propiciar mediaciones judiciales.

A quién se rescata

Los 50 proyectos presentados por la oposición oscilan, en efecto, entre diferentes iniciativas inocuas de “prevención financiera” hasta las quitas parciales de comisiones, tasas y refinanciaciones para los morosos. Nada de esto es demasiado diferente a los arreglos privados que los bancos están promoviendo en estas horas. Es del mayor interés del capital financiero pasar a la condición de “cobrable” a alguna porción de los seis millones de actuales “incobrables”, aun cuando las propias fuentes bancarias informan que la mitad de los refinanciados vuelven a caer en mora en menos de un año. Es que ningún plan de “reestructuración” rescata al trabajador endeudado del desempleo o la miseria salarial, que están en la base de las bancarrotas familiares. Por sobre todas las cosas, las refinanciaciones en puerta dejan inalterada la situación de los otros 14 millones de deudores “al día”, que pagan tasas usurarias por sus tarjetas o préstamos personales y que deben estrechar cada vez más sus condiciones de vida para poder cumplir con sus acreedores. Ese jugoso mercado, por el cual los bancos perciben intereses anuales que triplican o cuadruplican a la inflación, es el que preservan a muerte los partidos patronales, el gobierno y el capital financiero. Los recientes "préstamos UVA" para financiar propiedades o automotores siguen esa misma regla. La vara de este régimen usurario está dictada por los rendimientos de la deuda pública, otro principio sacrosanto que une a los Milei-Caputo con Kicillof, los Kirchner y otros. La salida a la crisis de endeudamiento plantea una intervención directa sobre la banca y su nacionalización, junto con el repudio de la deuda pública.

El “emplazamiento” dilatorio de la cámara de Diputados, en definitiva, ha sido un fraude dirigido a preservar la confiscación de 20 millones de deudores a manos del capital financiero. En vez de denunciar esta maniobra y los límites insuperables de los partidos capitalistas, los partidos del FITU no vacilaron en saludar como una “victoria” a esta impostura. El FITU en el Congreso no es un factor de lucha y clarificación contra los partidos capitalistas; se ha convertido, en cambio, en un tercer violín de aquellos.