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El gobierno de Milei ha generado en el CONICET un tendal de más de un millar de renuncias, un centenar de despidos y equipos de trabajo paralizados por falta de financiamiento. Postergó por dos años la convocatoria para presentar proyectos y se suspendieron las altas, durante 2022 y 2023, de la Carrera del Investigador Científico (CIC). En el índice Scimago, un indicador mundial de desempeño, el CONICET retrocedió del puesto 181 al 331 durante estos apenas dos años y medio.
Ninguno de estos números estremece al Gobierno. Por el contrario, en la agenda se encuentra el desguace y la liquidación final de los equipos de trabajo que no sean minería del litio, agro e IA.
El próximo paso implica el desvinculamiento de 279 becarios posdoctorales, investigadores con más de ocho años de trabajo en el CONICET. Este vaciamiento de los grupos de trabajo y de las líneas de investigación abre paso a los pases a disponibilidad del personal de apoyo e investigadores -planta permanente del CONICET- y su consecuente despido, habilitado por la Ley Bases.
Los salarios vienen siendo un importante factor de deserción de los investigadores. Por ejemplo, de la camada de posdoctorales 2023 -unos 800 científicos-, sólo 279 se presentaron a la última convocatoria de CIC. Los grupos de investigación pierden becarios al mismo tiempo que les cuesta conseguir nuevos. El contrato del becario es un régimen de dedicación exclusiva; este estipendio ronda el millón de pesos.
La situación de la obra social Unión Personal (UP), de UPCN, es otro factor que estimula el "retiro voluntario" -o despido encubierto- de los trabajadores del CONICET.
UP se encuentra quebrada. Ha dejado de existir en un gran número de provincias (Catamarca, Mendoza, Río Negro, entre otras). Donde aún funciona, lo hace con enormes dificultades: han cerrado la mayoría de las sucursales y las han reemplazado por asistencia virtual. Las asociaciones médicas municipales denuncian atrasos de varios meses en la transferencia de los pagos desde esta obra social. Por ejemplo, en Luján se resolvió dejar de atender a los afiliados y muchos pacientes tuvieron que trasladarse a Zárate. En la ciudad de La Plata, ha pasado a tener un servicio intermitente; y en San Pedro, directamente dejó de ser atendida. A los bonos que cobran las clínicas y médicos -que rondan entre los 10.000 y los 40.000 pesos- hay que sumarle la medida que tomó UPCN de cobrar un coseguro a todos los usuarios que no estén afiliados al sindicato. Y esto es aún más grave para el caso de los becarios, ya que se les ha negado la posibilidad de afiliación. Este pago de coseguros selectivo fue una medida rechazada por la Justicia, pero que sigue en pie.
UPCN y ATE son responsables de la destrucción de la obra social. Los salarios a la baja y los despidos son las principales fuentes de desfinanciamiento de UP. Andrés Rodríguez (UPCN-CGT) y Rodolfo Aguiar (ATE-CTA) han dejado pasar decenas de miles de despidos en el Estado sin desarrollar una sola lucha, más allá de recorrer los ministerios y presentarse ante los diputados de sus bloques para promover algún comunicado, cuando esos mismos diputados han votado la Ley Bases y la Reforma Laboral.
En estas últimas semanas, el CONICET ha suspendido la obra social a un número considerable de becarios, los cuales representan el 40 % del personal (unos 11.000 trabajadores). También los está acosando con correos diarios para que se sometan a una encuesta que propone reemplazar la cobertura de la obra social por un bono de 91.000 pesos.
En la misma encuesta se deja ver que el CONICET asegura la cobertura hasta el 30 de junio; luego se ofrecerá la posibilidad de acceder a los 91.000 pesos mensuales extra a quienes hayan registrado el alta en una nueva obra social antes del 10 de julio. En Bahía Blanca y Mendoza han empezado a proponerse nuevas posibles obras sociales. En el caso de Bahía Blanca, fue la propia dirección del Centro Científico Tecnológico (CCT-Bahía Blanca) la que hizo correr un mensaje con varias recomendaciones para migrar de obra social.
