El paro de prácticos y pilotos hizo morder el polvo a los liberticidas

Desde el domingo a la madrugada hasta el martes por la tarde, los puertos argentinos se encontraban operativos, pero no recibían barcos. El comercio exterior quedó paralizado. Los prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios en rechazo al DNU 690/2026, publicado el viernes 30 julio en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional desregulaba el régimen del servicio de practicaje y pilotaje en puertos y vías fluviales, con el objetivo declarado de "reducir los costos" del comercio exterior. Sin los prácticos y pilotos los buques mercantes no pueden levar anclas, amarrar ni navegar por los ríos, ya que son quienes asesoran y supervisan desde los propios buques las maniobras que permiten la llegada y la salida de los puertos, dando las indicaciones necesarias para sortear bancos de arena, rocas y otros escollos. Los prácticos y baqueanos certifican su conocimiento de la zona y se inscriben en un registro.

Los prácticos y pilotos son profesionales independientes, no se encuentran sindicalizados, pero lograron lo que ningún sindicato del transporte pudo: paralizar el 80 % del comercio exterior durante 72 horas, dejando un tendal de más de 140 buques varados desde Ushuaia a Timbúes y cargas desviadas a Montevideo y Brasil. El gobierno liberticida intentó levantar la medida con la Prefectura Naval y fracasó estrepitosamente. El martes por la noche, finalmente, tuvo que recular y anunciar la suspensión de su propio decreto, aviniéndose a negociar una reducción de tarifas.

Como se trata de una actividad declarada "esencial", la Prefectura Nacional Argentina (PNA) intimó a 500 profesionales y, con el Código Penal en la mano, amenazó con encarcelar a los profesionales que no retomaran a sus actividades. A pesar del intento de amedrentamiento del gobierno liberticida, los prácticos y pilotos se declararon en paro por tiempo indeterminado. Es la segunda huelga, en una semana, que derrota el dispositivo antihuelgas de la contrarreforma laboral. Ya había ocurrido el lunes, con el parazo docente en todo el país.

El decreto

A pedido del “desregulador” Federico Sturzenegger, el DNU había sido ideado y redactado por abogados ligados a los intereses agroexportadores. Allí se introducían modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje, con el objetivo de “abrir el sector a la competencia”, eufemismo de la rebaja de los honorarios de los baqueanos. En abril pasado, cuando el gobierno adelantó el contenido del DNU, desde la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA) señalaron que se degradaría la seguridad del movimiento de buques, aumentando la probabilidad de colisiones, abordajes, encallamientos e interrupciones en el comercio. Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos también rechazaron la desregulación del servicio y presentaron un pedido formal para frenar los plazos administrativos.

Sturzenegger, de un plumazo, se propuso eliminar “requisitos considerados obsoletos”, dando facilidades a la entrada de nuevos prestadores al servicio de practicaje y estableciendo que podrían ser contratados libremente por los usuarios, por fuera del registro de las asociaciones. El DNU también establecía que la Prefectura sería la encargada de mantener un registro "abierto" de profesionales. Incluso se autorizaba a la Prefectura por decreto a proveer los servicios de practicaje cuando “a su juicio se presenten situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema” y que incluso “podrá requerir a la Armada Argentina la prestación de dichos servicios”. También se establece que “en situaciones excepcionales de crisis del sistema o fuerza mayor, podrá autorizar a capitanes de ultramar o fluviales que cuenten con certificado de conocimiento de zona a que presten el servicio de practicaje y pilotaje en forma temporaria”.

Sturzenegger justificó las desregulaciones afirmando que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.

Sturzenegger mordió el polvo

Finalmente, el Gobierno abrió una instancia de negociación, en las que se acordó una reducción del 20 % de las tarifas. Se vio obligado a suspender el decreto de marras, que estuvo vigente sólo cuatro días.

Por su parte, las navieras, principales impulsoras de la "desregulación", no pudieron mover los buques, en buena medida, por temor a que ocurriera algún siniestro y las compañías de seguros deslindaran responsabilidades contractuales. El paro total de la actividad en todos los puertos del país puso al descubierto que la Prefectura no tiene capacidad operativa para reemplazar a prácticos y baqueanos.