Colombia: La ultraderecha explota el fracaso de la “paz total” y de “las reformas” de Petro

Sólo dos días después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente norteamericano Donald Trump hizo público su apoyo político al candidato de la ultraderecha fascista, Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria). Espriella se impuso con el 43,7% de los votos frente al candidato oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico) que arañó el 41%. El respaldo de Trump fue acompañado por los operadores de bolsa. “Los inversores en bonos han acogido con satisfacción el buen resultado obtenido por un populista de derecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, con la esperanza de que logre un cambio de rumbo en la laxa política fiscal del gobierno saliente”, señala el Financial Times (5/6). La expectativa de una victoria de De La Espriella ha elevado la cotización de deuda de Colombia. “Los operadores han apostado fuertemente por los bonos colombianos, lo que los encamina a su mejor semana en tres años” (ídem).

El diario El País (9/6) destaca que “Cepeda tocó las puertas de dos grandes de la banca privada, el Grupo Aval y Bancolombia. Ambos grupos económicos entregaron préstamos a otros candidatos para estos comicios, pero a Cepeda se los negaron, según tres personas de su equipo. Su equipo pidió 25.000 millones de pesos (unos 6 millones de dólares). A De la Espriella, por su parte, la banca le ha entregado más de 35.000 millones de pesos (8,3 millones de dólares)” (El País. 9/6).

El senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, originario de Colombia, quien además viajó al país sudamericano para “supervisar” las elecciones, afirmó que funcionarios estadounidenses habían investigado a De La Espriella y lo habían considerado "impecable". Cabe recordar que De La Espriella también se naturalizó ciudadano estadounidense en 2023, tras pasar más de una década en Florida, donde trabajó como abogado penalista representando a clientes colombianos de alto perfil, en general narcotraficantes. La campaña del ultraderechista se comprometió a emular las medidas criminales del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ya encarceló al 2% de la población en nombre de la lucha contra las bandas armadas de su país.

Desde los “acuerdos de paz” de 2016, fomentados por el ex presidente de la derecha colombiana, Miguel Santos, encargados de desarmar a las guerrillas y a las formaciones paramilitares y reintegrarlas al proceso político, fueron asesinados cientos de líderes sociales y sindicales, al igual que excombatientes de las FARC, sin contar las decenas de miles de desplazados. Los asesinatos paramilitares tuvieron rienda suelta bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022), sucesor político de Santos, bajo cuyo gobierno hubo casi 800 asesinatos y 210.000 personas desplazadas en el conjunto del país. De otro lado, los sectores de las guerrillas que rechazaron los acuerdos, se convirtieron al bandolerismo. La militarización de Colombia, ligada a la cuestión agraria, se ha profundizado desde 1948, el “bogotazo” que desató el asesinato de Eliecer Gaitán, un líder liberal de masas.

Para The Guardian, “la promesa de paz de Petro se ha convertido en un tema clave” en estas elecciones. Iván Cepeda, el candidato de Petro, es considerado por muchos como el artífice de la “paz total” (desarme y reintegración), sin revolución agraria. Cuando Gustavo Petro se convirtió en presidente en 2022, firmó acuerdos con todos los grupos armados del país, incluidas las facciones del crimen organizado, bajo la premisa de ofrecer beneficios como la reducción de penas, la posibilidad de conservar parte de su patrimonio y la suspensión de las operaciones militares en su contra, a cambio de su desmantelamiento, desarme y la transición a economías agrarias legales. Poco después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora el grupo rebelde más grande del país, negó haber acordado tregua alguna. Hubo nuevos e infructuosos intentos de alcanzar acuerdos con el ELN y otros grupos, pero la mayoría de las negociaciones se estancaron. A principios de 2025, los enfrentamientos entre el ELN y el grupo disidente de las FARC, Frente 33, dejaron más de 80 muertos y 60.000 desplazados, el mayor desplazamiento forzado en la historia de Colombia en un único episodio. El desmadre de la situación llevó a Petro a autorizar la reanudación de los ataques de artillería y los ataques aéreos a grupos armados.

La directora de un centro de estudios de la violencia en Colombia aseguró que “es evidente que la paz total ha fracasado. Cuando este gobierno asumió el poder, había seis departamentos del país en disputa. Hoy hay entre 13 y 14”. Ya los acuerdos firmados en 2016 habían derivado en rupturas y disidencias dentro de los grupos guerrilleros que rechazaron los acuerdos de paz y retornaron a las armas desde 2019. Desde entonces, mucho más que antes, ya no se trataba de guerrillas escondidas y replegadas en zonas inhóspitas del país, sino que se trata de verdaderas estructuras de regulación de economías ilegales que mantienen control sobre rutas y corredores económicos nacionales e internacionales claves, a la vez que prestan “seguridad” para distintos actores vinculados al contrabando, la coca y la minería. Uno de los más extendidos de esos grupos nació hace sólo dos años, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que desde entonces no ha dejado de expandirse.

Algunos analistas destacan el hecho de que la tasa actual de asesinatos (aproximadamente 26 homicidios por cada 100.000 habitantes) está muy por debajo del pico de unos 80 por cada 100.000 a principios de la década de 1990. Pero otros estudios advierten que esto no necesariamente es un dato de mejora, sino más bien refleja el cambio de “rubro” que experimentaron los grupos armados. “Mientras los asesinatos han disminuido en comparación con los años de confrontación abierta entre grupos armados, las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica cada vez más frecuente para controlar a la población y resolver conflictos”, asegura un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La desaparición de personas se ha convertido en un flagelo difícil de medir estadísticamente. “A diferencia del homicidio, la desaparición forzada deja menos rastros estadísticos y enfrenta enormes barreras para su denuncia. Muchas familias simplemente no reportan los hechos por miedo a represalias. Otras saben o sospechan quiénes son los responsables, pero entienden que acudir a las autoridades puede aumentar el riesgo para ellas o para otros miembros de la comunidad. En consecuencia, buena parte de estos casos permanecen en el silencio, en conversaciones privadas o en relatos que circulan dentro de las comunidades, pero que nunca llegan a convertirse en denuncias formales” (ídem).

El viejo fenómeno de la guerrilla clásica ha mutado a nuevas formas de grupos armados con fuertes lazos con poderosos intereses económicos y de poderes políticos regionales. “Comerciantes, intermediarios del oro, la coca o el contrabando, autoridades locales, organizaciones comunitarias, actores políticos, empresas legales e ilegales, funcionarios estatales y redes transnacionales participan, en distintos niveles y con diferentes grados de responsabilidad, en sistemas que permiten la reproducción de economías y formas de regulación que van mucho más allá del grupo armado” (ídem). El informe concluye que “mientras que en otros momentos de la historia del conflicto las economías ilegales podían entenderse como instrumentos al servicio de una estrategia político-militar” hoy lo que sucede en Colombia es que “la economía de guerra parece haber adquirido una autonomía creciente frente al proyecto político armado”.

La bandera de la lucha contra los grupos armados que ha levantado De La Espirella es la señal para la firma de acuerdos con Estados Unidos para desplegar tropas norteamericanas en territorio colombiano. Trump tiene especial interés en el control de Colombia y en su colaboración política y militar para sostener su política de saqueo sobre su vecina Venezuela y la región El ex embajador estadounidense para Venezuela, James B. Story, había declarado a fines del año pasado que “necesitamos una buena relación con Colombia o la zona fronteriza será extraordinariamente difícil de controlar, especialmente si no podemos contar con ellos" (Deutsche Welle en español, 4/12/25). La advertencia cobra especial interés en medio de los resquebrajamientos que crujen en el gobierno de Venezuela.

Frente al escenario, el candidato oficialista parece estar pegando un viraje en su campaña. Según El País, la estrategia actual sería “hacer autocrítica sobre la fallida política de paz total y descartar la denuncia de fraude”. Luego de secundar a Petro en la denuncia de sospecha de fraude electoral inmediatamente después de conocerse los resultados provisorios de la segunda vuelta, Cepeda ha salido a reconocer públicamente los números arrojados por la empresa que contabiliza el escrutinio (Petro aún no lo ha hecho). Otro punto, la Constituyente (reformas tributaria, previsional, laboral, agraria, de salud) ha sido abandonada; la propia coalición política que lo llevó al gobierno ha boicoteado las limitadas reformas que propuso Petro. Esto lo llevó a declarar que era un “presidente revolucionario en un gobierno que no lo es”.

Cepeda le ha cerrado la puerta a la Constituyente y ha declarado que llegó “el momento de la unión y la concertación. El momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas”.

Petro asumió el gobierno luego del proceso de rebelión que sacudió al país en 2019, pero que apenas llevó adelante unas pocas medidas de reforma, como las relacionadas con el salario mínimo y el subsidio al transporte. La reforma agraria, una de las promesas más sentidas por los sectores campesinos, quedó sólo en palabras, mientras los asesinatos de líderes comunales no se han detenido nunca bajo su mandato. Petro rechazó la posibilidad de nacionalizar Ecopetrol, que habría otorgado los recursos de la renta petrolera y permitido cubrir el bache del déficit fiscal que se acerca al 6% del PBI.