Bolivia: la represión y la reglamentación del estado de excepción no detienen los cortes y bloqueos de rutas

El lunes pasado, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la ley que reglamenta el estado de excepción. La anunció en una conferencia de prensa junto a todo su gabinete, en un intento de desmentir rumores sobre la falta de homogeneidad de su gobierno con la medida. Los altos mandos del Ejército y la policía boliviana asistieron también, junto con senadores y diputados nacionales de diferentes Departamentos.

Discurso fascista

En un breve discurso, Paz Pereira aseguró, ante los reclamos de su renuncia, que gobernaría hasta el 2030. A renglón seguido acusó a las organizaciones obreras y campesinas de “narcoterroristas”, caracterización urdida por el Departamento de Estado norteamericano. Bajo esta línea tildó la presencia de chapareños -pobladores del municipio cochabambino cocalero de El Chapare-, como una prueba de la "infiltración" del “narcoterrorismo”. Habló de tiradores profesionales en los bloqueos y defendió la participación de la Unión Juvenil Cruceña (un ariete parapolicial) en la fallida represión contra el bloqueo de San Julián, el sábado pasado (El Deber, 08/06). Sin nombrarlo, volvió a denunciar a Evo Morales como instigador de las protestas y finalizó su discurso equiparándolo con el narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia hace tres meses e inmediatamente extraditado a EEUU (Ídem).

Dirigiéndose a la burguesía y pequeña burguesía urbana afectada por los bloqueos, afirmó que el Estado les garantizará su “seguridad” y anunció varios decretos en su favor: uno establece la reprogramación de deudas; otro un fondo de garantía para resarcir a los transportistas. Otro decreto estableció que la donación del 50% de los salarios de todo su gabinete será destinada a pacientes renales y con cáncer (La Razón, 08/06). Salvo la reprogramación de deudas, el refrito de medidas ya anunciadas ha fracasado en su propósito de quebrar la movilización popular.

En su arenga, el presidente boliviano, sin establecer en lo inmediato el estado de excepción, resaltó la unidad política de las clases dominantes y sus partidos, destacando que la norma fue aprobada por más de los dos tercios de ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional. Llamó a la policía a actuar con firmeza, en un claro apoyo a sus desmanes y apremios. El texto promulgado establece, en su artículo 26, la “presunción de legalidad” de los actos represivos de la policía y el ejército bajo el estado de excepción (ídem).

Mientras transcurría la conferencia presidencial la policía reprimía una movilización de los choferes en El Alto y una multitudinaria movilización campesina que bajaba de los valles de Cochabamba hacia el puente del río Khora II, municipio de Vinto (La Razón, 08/06).

Cacería de dirigentes

Durante todo el fin de semana se desató una verdadera cacería humana de dirigentes obreros y campesinos, por personal policial encapuchado o de civil, sin identificación ni órdenes de aprehensión. La COB ha denunciado el arresto de al menos cinco de sus dirigentes, atacados con gases lacrimógenos. En diferentes videos que se viralizaron por redes sociales se captaron los golpes y maltratos policiales a personas ya reducidas. El Comando departamental de La Paz, prefirió desligarse de uno de los hechos, con un comunicado de que ese operativo no había estado a su cargo (La Razón, 08/06). La COB denunciado estos secuestros, exigido la liberación de los dirigentes, y reclamado la intervención del Defensor del Pueblo y de organismos internacionales (CIDH, OIT); se ha declarado en “estado de emergencia nacional” sin tomar medidas de movilización. Los Ponchos Rojos, por su parte, han dado 24 horas al gobierno de Paz Pereira para que libere a su comandante, Bernabé Gutiérrez.

San Julián, un primer ensayo fracasado

El golpe represivo no se restringe al uso de la llamada “fuerza pública”. El sábado por la madrugada, un contingente de cientos de policías y de la Unión Juvenil cruceñista llegó al corte de la ruta que une Santa Cruz y Beni, en el municipio de San Julián, para intentar el despeje. El operativo fue encabezado y supervisado por los ministros de desarrollo Productivo y de Hidrocarburos (La Razón 06/06). Videos virales dejaron en evidencia cómo la policía dotaba de morteros a las bandas de la UJC, que ya portaban machetes y palos para atacar a los bloqueadores. Después de 4 horas de violenta represión, la policía y la UJC debieron replegarse derrotados por los bloqueadores y la población del lugar que se les sumó. Posteriormente, la bronca popular destruyó un puesto policial y de peaje; también la casa del alcalde de San Julián y otros funcionarios que impulsaron la represión.

La Fejuve de San Julián, que no participaba del bloqueo, repudió a la presencia de la UJC y exigió su repliegue y el de la policía. Fracasada la represión, un ampliado decidió exigir la liberación inmediata de los 5 detenidos por la policía y sumarse al reclamo de renuncia de Rodrigo Paz Pereira. El domingo protagonizó una marcha multitudinaria desde la plaza central de San Julián hasta el bloqueo. El alcalde local, que se refugió en la clandestinidad por miedo a la represalia de los pobladores, debió reconocer que “fue un error haber incluido civiles en el enfrentamiento". "Bastaba con las fuerzas del orden; entre la gente que llegó junto a la Policía estaban muchachos borrachos. Solo por eso, grupos que estaban en contra del bloqueo ahora están a favor". En otras palabras, "Vaca sostuvo que el bloqueo se radicalizó, se multiplicaron los puntos en el municipio y se extendió a las vías alternas que eran utilizadas para desviar” (El Deber, 08/06).

Si bien la asonada represiva fue derrotada, su saldo fue de 26 heridos, dos de ellos de gravedad. La policía acusa a cinco heridos, uno de ellos por arma de fuego. Los bloqueadores denuncian que las armas de fuego fueron introducidas por la banda fascista de la UJC y la propia policía. Sin embargo, el flamante ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha hablado de acciones terroristas contra el Estado (La Razón, 07/06), mientras que el Ministerio Público Fiscal ha acusado a los 5 detenidos durante la razia policial y parapolicial, de “terrorismo y tentativa de homicidio”, que son investigados por “asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves” (El Deber, 08/06).

Bajo la experiencia de San Julián y de sus intentos de desbloqueos anteriores, Paz Pereira tiene muy en claro que la declaración de un estado de excepción puede producir una ampliación de la rebelión en su contra. Paz Pereira ha intentado recurrir a la fascistización de las capas medias, contra los bloqueos y movilizaciones. Por el momento, esta tentativa ha naufragado debido a la inflación y la falta y encarecimiento de combustible. En un análisis de la situación boliviana, periódico británico The Economist (4/6) advierte que “existen precedentes desafortunados de ruptura de bloqueos con la fuerza militar. Cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada envió soldados para despejar los bloqueos en El Alto en 2003 y decenas de civiles murieron, se desencadenó una huelga general que llevó a su renuncia y exilio. Eso seguramente preocupa al señor Paz. "Deben tener dudas", dice Gonzalo Colque, economista, "porque la resistencia de la gente en los bloqueos probablemente sería férrea".