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En los últimos días la patronal de FATE ha tomado varias medidas que indican que está en la búsqueda del cierre del conflicto.
En primer lugar, ordenó alambrar internamente el predio de la planta con la excusa de su subdivisión por la “venta” de una fracción a la empresa Aluar, del mismo grupo empresario de FATE. En ese avance hacia la reconversión de la planta, la empresa colocó nueva cartelería en los distintos accesos a la planta renombrándose como Aluar.
Por otro lado, la empresa logró encaminar la acusación por usurpación en la Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires, que citó a declaración indagatoria a los principales activistas de la ocupación de la torre de FATE y de miembros de la Directiva del SUTNA. Se los acusa de “haber participado como coautores del accionar constitutivo de los delitos prima facie calificados como turbación de la posesión y daño”.
Vencida la cautelar que frenó la orden de desalojo, nuevamente se plantea la posibilidad del desalojo de la ocupación sin más trámite.
El accionar de la empresa desmiente las versiones instaladas por sus voceros de que FATE “no reabre más”. Incluso se llegó a decir que aún si tuviera las intenciones de hacerlo, no podría por la falta de personal calificado, que acaba de ser despedido.
La escueta movilización convocada por el SUTNA a Plaza de Mayo ni siquiera tuvo como eje la reapertura de FATE y la reincorporación de los 920 trabajadores despedidos, sino la crisis industrial en abstracto. El aparato del Partido Obrero la convirtió en “una movilización contra los despidos y ante la recesión y la caída industrial”. El alambrado de la planta creando un apartheid contra los ocupantes y el cambio de nomenclatura de la misma no han sido ni denunciados por el SUTNA.
