La masacre de José León Suárez: una sentencia que responsabiliza al Estado argentino por los fusilamientos

La Justicia Federal de San Martín, a cargo de Alicia Vence, responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de los fusilamientos de 1956. La sentencia, que reconoce los fusilamientos de José León Suárez como crímenes de lesa humanidad, constituye un hecho de enorme importancia política e histórica. Entre las medidas de reparación dispuestas por la jueza figuran la incorporación de estos acontecimientos a las currículas educativas nacionales y provinciales, la creación de un sitio de memoria en el predio donde funcionaba el basural y la instalación de placas conmemorativas en los lugares vinculados a los hechos.

Setenta años después, la Justicia debió admitir lo que Rodolfo Walsh demostró en “Operación Masacre”: los detenidos fueron secuestrados antes de la vigencia de la ley marcial y posteriormente ejecutados por agentes estatales en un crimen deliberado.

El fallo es también el resultado de décadas de lucha de familiares, sobrevivientes, investigadores y organismos de derechos humanos que enfrentaron el silencio, la impunidad y la tergiversación histórica. Al mismo tiempo, pone de manifiesto los límites de una reparación que llega demasiado tarde: los responsables ya no pueden ser juzgados y la mayoría de las víctimas y sus familias atravesaron toda una vida sin justicia.

Esta demora obliga además a formular un interrogante político ineludible. Desde 1973 hasta la actualidad, el peronismo encabezó nueve gobiernos nacionales durante más de treinta años. Sin embargo, recién siete décadas después de los hechos se obtuvo una sentencia que reconoce los fusilamientos de José León Suárez como crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo explicar que, pese a haber contado con semejante permanencia en el poder, ninguno de esos gobiernos impulsara o lograra el reconocimiento judicial que hoy se celebra? La pregunta no disminuye la importancia del fallo; por el contrario, ayuda a comprender las razones de una impunidad que se prolongó durante décadas.

La importancia de esta sentencia adquiere una dimensión aún mayor en el actual contexto de avance de tendencias autoritarias y fascistoides, tanto en América Latina como en la Argentina. El fortalecimiento de corrientes de extrema derecha, los intentos de relativizar los crímenes de las dictaduras y la rehabilitación de discursos represivos otorgan una actualidad particular a este fallo. Recordar José León Suárez implica afirmar que la violencia estatal no fue una excepción, sino un recurso recurrente utilizado para defender el orden social capitalista frente a la irrupción de trabajadores y sectores populares.

La sentencia también invita a revisar críticamente las interpretaciones oficiales construidas en torno a aquellos acontecimientos. Durante décadas, el peronismo presentó el levantamiento encabezado por Juan José Valle como el inicio de la llamada “resistencia peronista”, incorporando a los fusilados a una narrativa de lucha contra la dictadura surgida del golpe de 1955.

Sin embargo, la realidad es más compleja. Miles de trabajadores, militantes y simpatizantes peronistas resistieron la proscripción, la persecución, las cárceles y los despidos impuestos por la Revolución Libertadora. Esa resistencia se expresó en huelgas, sabotajes, movilizaciones, acciones clandestinas y en el apoyo que numerosos sectores populares brindaron al levantamiento encabezado por Valle. Pero esa disposición de lucha de las bases no tuvo un correlato en la conducta de la dirección política del movimiento sino todo lo contrario.

Ya durante la crisis que condujo al golpe de septiembre de 1955, Perón respondió al bombardeo de Plaza de Mayo y a las conspiraciones militares privilegiando una política de conciliación y negociación con sectores de las Fuerzas Armadas. Esa orientación terminó facilitando el triunfo de la asonada golpista y dejando políticamente desarmadas a las masas que estaban dispuestas a defender al gobierno.

Tras el exilio, la distancia entre la voluntad de lucha de amplios sectores populares y la orientación de la conducción peronista volvió a manifestarse con motivo del levantamiento de Valle, quien terminaría siendo fusilado junto a otros tres militares. La represión dejó un saldo total de dieciocho militares y trece civiles ejecutados. Aunque la rebelión se realizó en nombre del retorno de Perón y de la derrota de la dictadura, el propio líder exiliado tomó distancia de la iniciativa una vez consumada su derrota.

En una carta dirigida a John William Cooke calificó la acción como un “golpe militar frustrado”, atribuyó su fracaso a “la falta de prudencia que caracteriza a los militares” y llegó a sostener que varios de sus protagonistas lo habían traicionado. Entre otros señalamientos escribió: “Si yo no me hubiera dado cuenta de la traición y hubiera permanecido en Buenos Aires, ellos mismos me habrían asesinado, aunque solo fuera para hacer méritos con los vencedores” (1). Lejos de reivindicar el sacrificio de quienes enfrentaron a la Libertadora, buscó deslindarse de una acción que consideraba inconveniente para su estrategia política. La llamada “resistencia peronista” fue así, fundamentalmente, la resistencia de miles de trabajadores, activistas y militantes de base que enfrentaron la represión y la proscripción, mientras la conducción procuraba preservar sus márgenes de negociación con distintas fracciones del régimen.

Esta contradicción resulta particularmente relevante porque la historiografía oficial del peronismo ha tendido a presentar el levantamiento de Valle como el punto de partida de una resistencia conducida y orientada por Perón. Sin embargo, los documentos de la época muestran una realidad diferente. La iniciativa partió de sectores militares y civiles dispuestos a enfrentar a la dictadura, mientras la conducción peronista mantuvo una posición oscilante y posteriormente crítica frente a la insurrección. Los fusilados de José León Suárez pagaron con su vida una tentativa de lucha contra la dictadura que ni siquiera fue plenamente reivindicada por la dirección política en cuyo nombre muchos de ellos actuaban.

La trayectoria de Julio Troxler sintetiza estas contradicciones. Sobreviviente de los fusilamientos, colaborador de Walsh en Operación Masacre y militante peronista, fue posteriormente secuestrado y asesinado por la Triple A en 1974, bajo la órbita de José López Rega. Su caso muestra que la represión contra los luchadores populares no puede explicarse únicamente por la oposición entre peronismo y antiperonismo, sino por la acción de fuerzas sociales empeñadas en preservar el orden existente mediante el terrorismo de Estado.

La sentencia sobre José León Suárez posee, por lo tanto, un alcance que excede la reparación histórica. Recupera la verdad sobre hombres y mujeres que enfrentaron una dictadura y pagaron con sus vidas una tentativa de rebelión contra un régimen represivo. Su memoria no debe quedar subordinada ni a la reivindicación de la represión promovida por la derecha ni a las apropiaciones partidarias que buscan convertirla en un recurso electoral.

Setenta años después, el mejor homenaje consiste en defender la verdad histórica frente a quienes justifican los crímenes del pasado y frente a quienes intentan utilizar esa memoria para encubrir responsabilidades políticas presentes. La sentencia constituye una victoria contra la impunidad, pero también un recordatorio de que la justicia tardía no reemplaza la lucha contra las condiciones sociales que hicieron posibles aquellos crímenes.

La masacre de José León Suárez demuestra que la defensa consecuente de las libertades democráticas y de los derechos populares no puede descansar en las mismas direcciones políticas que, una y otra vez, se adaptan a los límites del régimen social existente. La experiencia histórica muestra que fueron las masas trabajadoras quienes resistieron la proscripción, la persecución y la represión, mientras sus direcciones buscaban acuerdos, negociaciones o compromisos con distintas fracciones del poder.

Por eso, la recuperación de la verdad histórica sobre los fusilamientos no constituye solamente un ejercicio de memoria. Debe ser también una reflexión sobre las lecciones políticas de aquella experiencia. Setenta años después, la reivindicación de los fusilados exige reconocer el valor de quienes enfrentaron a la dictadura, pero también comprender los límites de las direcciones que terminaron abandonando o desautorizando esas luchas.

La sentencia constituye una victoria contra la impunidad y una derrota para quienes pretendieron borrar aquellos crímenes de la memoria colectiva. Pero la mejor forma de honrar a las víctimas de José León Suárez sigue siendo la defensa independiente de los intereses de los trabajadores frente a todas las variantes políticas del régimen que, ayer como hoy, buscan preservar un orden social basado en la explotación y la desigualdad

(1) Perón Vence al Tiempo https://www.peronvencealtiempo.com.ar. Carta a John W.

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