Escribe Marcelo Ramal
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Algunos bancos oficiales han difundido, en las últimas semanas, planes de refinanciación de deudores morosos, sea por préstamos personales o por tarjetas de crédito. Las ofertas para reciclar deudas tienen su explicación en el extraordinario nivel de morosidad alcanzado: en el mes de abril, los impagos del sistema bancario alcanzan al 12,6% de la cartera de préstamos, más del triple de hace un año atrás. En el caso de los préstamos no bancarios -billeteras virtuales, tarjetas emitidas por supermercados- la mora envuelve al 25% del crédito otorgado. Una insolvencia de esta magnitud configura una crisis, no ya de los deudores involucrados, sino también de la banca -formal o “en las sombras”- que ha otorgado los préstamos. El pasaje a “gestión judicial” de ese pasivo es un golpe a los balances de los bancos, aún cuando éstos compensan largamente los impagos con los intereses exorbitantes que reciben de quienes continúan pagando sus compromisos.
La escalada de morosidad saca a la luz el carácter ficticio y confiscatorio del boom de préstamos privados que la Asociación de Bancos celebró para los ejercicios de 2024 y 2025. El núcleo de ese ascenso residió en préstamos al consumo, contraídos principalmente por asalariados. Como los préstamos personales y las tarjetas se otorgan o emiten discrecionalmente a quienes reciben su sueldo en una cuenta bancaria, es claro que la “garantía” de estos créditos ha consistido en el salario o la jubilación que se deposita puntualmente. Pero la avalancha de préstamos y tarjetas no representó un salto en la demanda de mercancías de consumo, y la razón es clara: con los instrumentos de crédito, los trabajadores y pensionados sólo suplían la espantosa caída de sus salarios y jubilaciones. La tarjeta de crédito y el préstamo personal no se destinaron al financiamiento de mercancías durables, sino a los alimentos cotidianos. En los supermercados, las dos terceras partes de las ventas se hacen a crédito, con tarjeta. Las billeteras digitales ofrecen fuertes descuentos en la compra, como una manera de asegurarse una corriente de depósitos. Luego, le prestan ese dinero, a tasas super usurarias, a muchos de los que compran con “descuento” al usar esa misma billetera.
De este modo, se construyó un “brillante” negocio bancario a costa de la penuria salarial y jubilatoria. A plena conciencia de la confiscación que perpetraban, los bancos practicaron la usura para con sus deudores laboriosos. La tasa nominal anual de préstamos personales ha oscilado en torno del 70%, lo que representa una tasa efectiva mensual del orden del 6%. Pero las víctimas de la tarjeta de crédito han pagado mucho más -alrededor de un 90% de tasa nominal. La tasa “efectiva” anual -la que calcula la capitalización de la deuda mes a mes- llega en ese caso al 120%. Si se tienen en cuenta las “actualizaciones” salariales del 1% mensual permitidas por el liberticidio, es muy claro que asistíamos a un defolt anunciado. Los bancos han lucrado con la miseria salarial y previsional, y ahora reciben en devolución la insolvencia de esos mismos trabajadores endeudados.
A diferencia del crédito al capital, que devuelve los intereses con una parte de la plusvalía arrancada a los trabajadores, el crédito al consumo de los asalariados sólo puede ser devuelto con una detracción del salario futuro y, por lo tanto, también de los consumos futuros. Cuando, además, los salarios mismos se retraen, la perspectiva es la bancarrota del consumo final, que todas las estadísticas señalan que se ahonda.
Para no enfrentar las consecuencias ruinosas de esta quiebra, los bancos han inventado ahora un sistema de refinanciación de las deudas en mora. Los que han hecho punta son los bancos estatales, aunque algunos privados apelan a lo mismo pero con mayor reserva.
El banco Nación, por ejemplo, ofrece refinanciación de deudas hasta en sesenta meses, con una tasa nominal del 65%. Ello representa una carga financiera mensual del 5,4%, una vez más, frente a reajustes salariales o jubilatorios que representan la tercera o la cuarta parte de esos intereses. Otra alternativa, la del kicillofista Bapro, ofrece hasta diez años de refinanciación con una tasa anual del 10% …pero añadiendo a la traicionera tasa UVA, la cual, con una disparada devaluatoria o inflacionaria, deja en paños menores a sus supuestos beneficiarios. El banco de Formosa, en manos de otro “Nac y Pop”, Insfran, ofrece un plan –llamado “Borrón y Cuenta nueva”- a la redituable tasa anual nominal del 66% En la Legislatura de CABA, un proyecto del peronista Santoro, en acuerdo con Jorge “desalojo” Macri, ha dispuesto refinanciaciones a una tasa del 35% en dos años, sin hacerse cargo que a esos mismos deudores -y a los que siguen pagando sus créditos- se les aplica una tasa que duplica a la que ahora le ofrecen a un muy restringido universo de morosos. De todos modos, esa “nueva” tasa es también superior a la inflación y al crecimiento de los salarios. Los bancos privados que adhieran, además de encontrar una “salida” a sus carteras morosas, obtienen una reducción en el impuesto a los ingresos brutos por los intereses pagados.
Los “rescates” ofrecidos, en definitiva, permiten que la banca “limpie” sus balances y ponga “en regla” a una masa de deudores defaulteados. Los morosos deberán prolongar su hipotecamiento, que podrá llegar a los cinco y diez años, pagando intereses que superan la actualización de sus salarios o jubilaciones.
La persistencia de intereses usurarios en los préstamos privados es inseparable de otro régimen leonino -el de la deuda pública en pesos, que rinde intereses de “oro” a los especuladores de adentro y de afuera. La tasa de interés que cobran los bancos por sus préstamos se “emparda” a los rendimientos que consiguen cuando le prestan al Estado. De ese modo, los trabajadores que apelan a los préstamos de consumo son indirectamente expoliados por los acreedores de la deuda pública. El compromiso de los pejotakirchneristas con las refinanciaciones que rescatan a la banca pone de manifiesto la comunión estratégica de intereses con la confiscación social armada por los liberticidas, y que ellos no van a alterar si les toca gobernar.
En oposición a este rescate del capital financiero, planteamos el repudio o la quita sustancial de las deudas de consumo de los trabajadores con el sistema bancario formal o “informal”; si los bancos tomaron como garantía los salarios y jubilaciones (mal) pagos, la responsabilidad del impago corresponde a la propia banca que los otorgó, y al régimen social de los salarios a la baja y los despidos; luchamos por la apertura de las cuentas de la banca, para establecer las ganancias extraordinarias obtenidas en base a la usura contra los que viven de su trabajo.
