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La ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que el Senado tratará este jueves representa un salto significativo en el establecimiento de una régimen de sujeción de los trabajadores. Es un amplio estatuto para blindar al capital y un arma contra los trabajadores. No es “una” ley, sino la modificación simultánea de seis leyes: Expropiaciones, Tierras Rurales, Barrios Populares, Manejo del Fuego y hasta los Códigos Civil y Penal.
Desalojos sumarios
La ley establece el “juicio sumarísimo” para los desalojos urbanos y rurales. En la versión original del proyecto, provista por LLA, el plazo para el lanzamiento de inquilinos era de cinco días, con “habilitación de días y horas inhábiles”, o sea, incluyendo a los fines de semana en la cuenta regresiva. Pero los “samaritanos” cómplices de Milei lograron que ese plazo se extienda... a diez días. La ley habilita a los funcionarios judiciales a cargo del desalojo a solicitar “el auxilio de la fuerza pública”, sin posibilidad de recurso judicial. Quien quiera evitar el desalojo sólo contará con 3 días para pagar el alquiler adeudado. El régimen de desalojos exprés llega después de que los alquileres, en los últimos dos años y medio, aumentaran un 420% frente a una inflación del 200%; la mora en el pago de mensualidades y expensas no ha cesado de aumentar. El régimen liberticida ha organizado un colapso de las locaciones que ahora acompaña con el desalojo sumario. El locador queda en una posición de primacía absoluta en una negociación privada con el inquilino. Como el mercado de viviendas es deficitario, la oferta de viviendas y en consecuencia el precio del alquiler es cautiva del propietario.
Expropiaciones, negociados y ocupaciones
Según algunos análisis, la ley “limita” las expropiaciones por utilidad pública. Entienden como una ´limitación´ que las indemnizaciones del caso se realizarán a “precios de mercado” y tomando en cuenta el “lucro cesante” de los supuestos afectados. Es un piso a la desvalorización de la propiedad inmobiliaria, importante cuando se devalúa el peso. En contrapartida, la ley prohíbe la “ocupación temporánea anormal” de un predio o establecimiento, incluso en caso de un cierre por vaciamiento patronal. En ese caso, la “continuidad operativa” recaerá en el juez interviniente. Es lo que ocurre hoy en Sancor, donde sus trabajadores denuncian la complicidad de la Justicia con los vaciadores de la empresa. Esta ley de Sturzenegger busca que los continuos cierres de fábrica redunden en una reconversión inmobiliaria de la industria, o fuercen a acuerdos laborales en perjuicio de los trabajadores. El proyecto condena las ocupaciones de fábrica, como las que tuvieron lugar en la bancarrota de 2001.
En relación a los Barrios Populares, se encuentra en debate, por un lado, la posibilidad de extender los desalojos sumarios a quienes no paguen sus cuotas. Y, por el otro, la habilitación a que las viviendas sociales puedan venderse a “cualquier persona jurídica o humana, sin límite en relación a sus destinos”. Es la venia para la entrega progresiva de estos barrios a intereses inmobiliarios - en este caso, no por la vía del desalojo, sino del "mercado", es decir, a través de la reventa de las casas construidas en estas urbanizaciones. A cambio de hacerse de un dinero, las familias originales terminarán buscando un techo en barrios más alejados. En este caso, la extensión de “derechos de propiedad” a los propietarios de viviendas precarias es sólo el paso previo de su expulsión posterior del caso urbano.
Tierras
La ley en gateras habilita un amplio proceso de acaparamiento y concentración de tierras. En primer lugar, modifica la ley de manejo del Fuego, permitiendo la compra y venta inmediata de tierras que hubieran sido objeto de incendios. Hasta ahora, contaban con restricciones de hasta 60 años, lo que operaba como una sanción implícita por la devastación incurrida y obligaba a recomponer las reservas forestales destruidas. Ahora, y con la venta liberada, los depredadores o sus instigadores han sido premiados por Milei-Sturzenegger. Al mismo tiempo, se levantan las restricciones existentes para la adquisición de campos por parte de extranjeros, pero con una excepción significativa: la de empresas que contaran con participación mayoritaria “de un Estado extranjero”. Como ocurriera en la licitación de la Hidrovía, esa restricción tiene nombre y apellido - el Estado chino. La ley prevé, de todos modos, que un eventual comprador “estatal” demuestre previamente que su adquisición no comprometen “la seguridad y la defensa nacional”. En la modificación de la ley de Tierras, se ha colocado la disputa por los recursos de Argentina en el marco de la guerra internacional. Sturzenegger redactó un guante a la medida del copamiento que reclaman los capitalistas del fascismo digital, con Peter Thiel a la cabeza. Al SuperRIGI, un régimen de beneficios excepcionales, se suma ahora esta operación de acaparamiento del suelo. Como la Patagonia es la que está en la mira, la nueva ley prohíbe también la “interposición de personas físicas o jurídicas a los fines de configurar una identidad figurada”, en referencia indirecta a los pueblos originarios que reivindican el derecho a la tierra en el sur del país.
Expropiados y expropiadores
La ley de inviolabilidad, que invoca el derecho “universal a la propiedad privada”, es tan mentirosa y delictiva como sus autores. El gobierno sólo protege la propiedad privada del capital, y para asegurar del modo más férreo la confiscación de la única propiedad productiva que disponen los explotados, que es su capacidad de trabajar. Desde que asumieron los liberticidas, la sustracción a los salarios y jubilaciones, a través de la devaluación, la hiper y los cepos posteriores a las paritarias, es del orden de los 80.000 millones de dólares. Se suma a ello la liquidación del derecho laboral, el vaciamiento del PAMI, la eliminación de las indemnizaciones - todos derechos adquiridos y supuestamente “inviolables”, a los que los trabajadores aportaron durante décadas por medio de sus descuentos salariales e impuestos al consumo. Sturzenegger, el autor de la “inviolabilidad”, fue procesado y escandalosamente absuelto por el megacanje de 2001, un negociado en favor de los acreedores de la deuda pública que engrosó la hipoteca nacional en unos 20.000 millones de dólares al cabo de sólo dos años. Los “nacionales y populares” que gobernaron después se encargaron de pasarle la factura a los trabajadores y jubilados, otra expropiación al trabajo.
La ley de “Inviolabilidad”, en definitiva, consagra la violación permanente de la riqueza creada por el trabajo en favor del gran capital. A través de Milei y Sturzenegger, el régimen capitalista se protege de sus propias crisis y tropelías, que conducen a bancarrotas sistemáticas y a la miseria social agravada.
