“Aporte solidario”: el gobierno abre la canilla a la burocracia sindical

El terremoto sindical que planteó el Gobierno al dar por terminada la llamada ultraactividad, lo que prometía rever todos los convenios laborales, acabó en un pantano. La intimación de la Secretaría de Trabajo a renegociar unos 800 convenios colectivos de trabajo para adecuarse a la Ley 27.802 no trajo ningún resultado concreto. No se produjo la revisión total de ningún convenio, de acuerdo al propio Julio Cordero, titular de la Secretaría de Trabajo.

¿La razón? Ni la burocracia ni las cámaras patronales forzaron que se realizara ninguna adecuación a la ley de “modernización laboral” hasta tanto no quedara establecido cuales serían las responsabilidades económicas de los empresarios con las cajas de los sindicatos.

Este lunes dos decretos publicados en el Boletín Oficial modifican dos aspectos de la nueva ley en ese sentido.

Por un lado, el decreto 407 cambió sorpresivamente la base de cálculo de las llamadas “cuotas solidarias” y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo. Mientras la ley decía que los mismos “no podrán superar el 2 % de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que ese 2 % se aplicaría sobre el “salario básico convencional”, una fórmula que reducía sustancialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes sindicales. La “batalla” silenciosa que dio la CGT -en la que jugó un papel importante Gerardo “Batallón 601” Martínez- logró modificar ese límite y que ese tope de 2 % se aplique, no sobre el básico de convenio, sino sobre las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional, permitiendo una vuelta parcial a lo que recibían los sindicatos. Hasta la sanción de la contrarreforma laboral, el “aporte solidario” abarcaba también los premios, bonos y horas extras.

Por otro lado, en las negociaciones ocultas que llevó adelante la CGT, los burócratas lograron establecer el decreto 612, donde ahora excluyen del tope del 2 % que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines “sociales, asistenciales, previsionales o culturales”. Esto permitirá un acuerdo clave de los próximos convenios a firmar: liberar de cualquier límite las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, una aspiración crucial para el conjunto de la burocracia sindical.

Esta “canilla libre” a la contribución de las patronales a las obras sociales tiene como condición que cada sindicato deberá llevar una contabilidad diferenciada de ese dinero, y no mezclarse indistintamente con los fondos sindicales ordinarios. En esta rendición de cuentas deberá consignarse cuánto se recaudó, quiénes aportaron, cuál fue el destino del dinero, qué gastos se realizaron y corroborar que esos gastos respondan a los fines autorizados de carácter social, asistencial, previsional o cultural. Pero esto sólo lo manejan las propias direcciones de los sindicatos.

Estas negociaciones explican el “plan de lucha” en “cuotas sin interés” de la CGT iniciado hoy con la concurrencia a la marcha de los jubilados en Congreso.

Los empresarios le han hecho ver al gobierno de Milei la importancia del papel que juega la burocracia sindical en el control de los trabajadores y no forzaron ningún cambio hasta no garantizarle a la burocracia sindical sus propias prebendas.

Ahora sí, empresarios y sindicalistas comenzarán a discutir realmente la adecuación de los convenios colectivos en los términos de la contrarreforma laboral: salarios “dinámicos”, banco de horas, liquidación de conquistas históricas, achatamiento de las escalas salariales y demolición de las indemnizaciones.

Estos acuerdos ratifican la abierta connivencia de la CGT con la nueva reforma laboral. La lucha contra este ataque dependerá de las organizaciones de base de los trabajadores, de la reacción que se promueva en las fábricas y del impulso de los activistas.

Está planteada una gran campaña de agitación y organización contra la reforma laboral antiobrera de Milei, que debemos desarrollar en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos.