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Otra muerte más por aborto clandestino, esta vez, en La Matanza. Así lo informaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La mujer “B” ingresó con severas complicaciones al hospital Materno Infantil Teresa Germani, en Laferrere. Luego sería derivada a terapia intensiva del Hospital “Simplemente Evita”, en González Catán, dónde falleció el 19 de junio.
En abril de este año, la provincia de Buenos Aires resolvió garantizar el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a interrumpir el Embarazo y el Acceso a Métodos Anticonceptivos. Esta práctica, que debería cumplirse sin demoras y con urgencia, enfrenta, sin embargo, un sinfín de trabas y dilaciones por falta de información para la población, falta de atención médica y medicamentos, persecución a médicos que implementan esta práctica, etc. Esta situación se profundizó con la pandemia, expulsando del precario sistema sanitario a las mujeres que acuden a ejercer su derecho a interrumpir el embarazo.
Aborto legal ya
Hace apenas dos semanas atrás nos convocábamos en la plaza de San Justo para participar de la Jornada por el 3J #NiUnaMenos. Allí denunciábamos los diferentes atropellos y violencia que sufrimos las mujeres por parte del Estado, ya sea por su incapacidad para dar respuestas a los reclamos sociales y sanitarios, como también por ser su responsable directo. Entendemos que dicha violencia es estructural al sistema capitalista, antecede a cualquier pandemia. Sin embargo, este contexto la ha potenciado.
Con la excusa de la pandemia, el gobierno ha dilatado el tratamiento del aborto legal en el Congreso. Ni siquiera ha enviado su “propio” proyecto, cuyo contenido aún se desconoce.
La profundización de la crisis sanitaria plantea un escenario cada vez más crítico para la atención integral de las mujeres en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. La falta de acceso a la anticoncepción y la atención ginecológica aumenta los riesgos de abortos inseguros. El colapso sanitario deja aún más vulnerables a las mujeres. La muerte de B se suma, en los últimos días, a la de Ivana Micaela, en Formosa, ambas causadas por complicaciones de abortos clandestinos.
Responsabilizamos a los gobiernos nacional, provincial y municipal por no garantizar el acceso a la ILE. Esta debe ser cumplida en todo el sistema de salud. Se debe cumplir el fallo FAL de la Corte, sin restricciones. Distribución gratuita de anticonceptivos. Se debe garantizar el acceso a la salud sexual reproductiva, que se habiliten centros de salud exclusivos para ILE, atención de embarazos y partos para que no se expongan al contagio de covid19. Que el Congreso vote de inmediato el proyecto de la Campaña.
En defensa de nuestra salud y nuestras vidas ¡Aborto legal ya!
