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A partir de agosto, los trabajadores que se movilizan desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires para trabajar han perdido el descuento del 50 % que recibía por combinar con un segundo transporte. Esto se debe a la decisión del Gobierno de la Ciudad de retirar los subsidios a quienes utilizan los servicios de la Capital provenientes de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo sucede con las 27 líneas de colectivos pertenecientes a la Ciudad, que sólo otorgan el descuento del boleto integrado, conocido como Red SUBE, si el pasajero utiliza previamente el subte o una línea de colectivos de jurisdicción nacional.
Con la Red SUBE, el pasajero tenía la posibilidad de acceder a un descuento del 50 % en el segundo transporte utilizado y un 75 % en caso de un tercer transporte, mientras no supere los 120 minutos desde iniciado el primer trayecto. El sistema de la Red SUBE, destinado específicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue sostenido hasta la decisión del gobierno nacional en 2024 de trasladar esos costos a las provincias. La Provincia de Buenos Aires retiró inmediatamente el sistema de boleto integrado de las líneas provinciales y municipales, incluso sosteniendo un boleto que se encuentra por encima de las líneas nacionales. De esta manera, el boleto mínimo de un colectivo en PBA asciende a $1.119 mientras que una línea nacional cobra $752 por el mismo servicio. El gobierno de la Ciudad argumenta, por su parte, que las arcas porteñas no están en condiciones de cubrirlo.
El sistema de boleto integrado comenzó a aplicarse en febrero del 2018, cuando la política de tarifazos permanentes llevó a una crisis del transporte público de pasajeros. La creación de un subsidio destinado a los pasajeros del conurbano que deben recorrer largas distancias en más de un medio de transporte desde sus hogares hasta sus puestos de trabajo buscaba aliviar aquella situación en la previa al derrumbe político de la experiencia macrista. Cada día ingresan a CABA aproximadamente 3 millones de personas para trabajar, duplicando su población permanente.
El tarifazo del subte ha golpeado de lleno en la economía cotidiana de los trabajadores que ingresan en los trenes que unen la provincia con la Ciudad. La utilización del subte como medio de transporte ha ido decreciendo como resultado del aumento astronómico de la tarifa. En la actualidad, el boleto aumenta de manera mensual, con una base de 2 % más la inflación arrojada por el INDEC. El boleto de subte ha trepado a los $ 1.648 en agosto. Con la Red SUBE, un trabajador actualmente accedía al boleto de tren al 100 % ($420 el boleto mínimo) y luego abonaba el subte al 50 % de su valor vigente (unos $825). Por el contrario, ahora deberá abonar el 100 % del valor. El beneficio sólo sigue vigente para quien inicia su viaje dentro de la propia Ciudad o utilice líneas de colectivo bajo jurisdicción nacional.
Lo que el gobierno de la Ciudad menciona como un recorte por insuficiencia de fondos, responde a una lógica que viene sosteniendo desde la asunción de Jorge Macri al frente de la Jefatura de Gobierno - “CABA para sus habitantes”. Este pseudo ´chovinismo porteño´ es extensivo a la salud pública, buscando imponer aranceles a quiénes vivan en la Provincia y “utilicen” los recursos de la Ciudad.
El encarecimiento del boleto a quienes se trasladan con la SUBE, sin embargo, tiene por contrapartida el desarrollo del pago con otras tarjetas y billeteras virtuales, con las cuales el gobierno de la Ciudad ha entablado distintos convenios para ofrecer reintegros y descuentos en el boleto.
La situación del transporte se ha convertido en un suplicio cotidiano para el conjunto de los trabajadores. La calidad del viaje, así como el mantenimiento de las unidades es progresivamente peor, por una tarifa cada vez mayor. Las frecuencias del transporte han sido reducidas a mínimos históricos, la “hora pico” se ha convertido en permanente, puesto que no existe horario del día en el cual no se viaje con formaciones colmadas.
Estas denuncias no figuran en la lista de reclamos en ningún sindicato. La aceptación del transporte urbano como “bien público” ha llevado a ocultar decididamente que la movilización de la fuerza de trabajo a los lugares donde desempeña sus labores, es decir, donde es explotada y expropiada de su riqueza a mano de los capitalistas, es responsabilidad de las patronales. La exigencia de más ajustes sobre una clase obrera híperajustada es un juego peligroso que el gobierno nacional ha emprendido consciente de su propio quebranto.
