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El Senado retomó el tratamiento del proyecto que busca reemplazar la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, vigente desde 1972. La iniciativa, redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuenta con media sanción en Diputados y avanza en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por la libertaria neuquina Nadia Márquez. En palabras de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, se trata de "una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas" (Ámbito, 24/6).
Qué cambia
El proyecto deroga íntegramente la ley reglamentada por la dictadura militar de Lanusse y habilita, entre otras cosas, a “la constitución de sociedades por firma digital, asambleas virtuales y domicilios electrónicos” (Ámbito, 24/6). Pero la novedad pasa por dos figuras relacionadas. El artículo 14 crea la "Sociedad Automatizada", que sería aquella que desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. El artículo 258, por su parte, crea la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), que puede funcionar total o parcialmente sin intervención humana, con tokens y registro de operaciones en blockchain (Actualidad Digital, 23/07).
Pasado en limpio, la ley habilita a empresas que puedan operar, en el límite, sin ningún responsable humano identificable. Cuando el "algoritmo" tome una decisión que perjudique a un tercero, habrá que ir a reclamar ‘a magoya’. El Código Civil y Comercial va a tener que lidiar con una empresa demandada por daños que argumente que la decisión no la tomó una persona sino un algoritmo, sin que el proyecto resuelva ese vacío de responsabilidad. Se trata de una construcción ficcional de los libertarios para un futuro indefinido, que sería inviable, por otra parte, sin una legislación internacional. En ausencia de esta reglamentación, la empresa futurista sería un paria en el comercio mundial.
El macaneo ‘distópico’ del proyecto oculta cuestiones medulares, pues da forma legal a la constitución del capital accionario mediante criptoactivos y activos digitales blockchain, que por su propia naturaleza ocultan a los titulares de esas transacciones. El sistema legal de controles que hoy ejerce la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la constitución y el funcionamiento de las sociedades, volaría por los aires. Aunque el resultado hipotético de este engendro legislativo sería la centralización del capital por parte de las compañías de Inteligencia Artificial, el tecnofascista Peter Thiel, de visita en Argentina, volvió a instalar la pregunta de a quién termina beneficiando este tipo de arquitectura societaria. El objetivo de Thiel es instalar centros de datos en la Patagonia y desarrollar la IA en Vaca Muerta, y hacerse cargo de la administración del Estado.
El debate en comisión
El tratamiento en la comisión del Senado se da a una semana de la derrota del gobierno en cuanto a la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que llevó a cuestionamientos a la figura de Sturzenegger desde propio núcleo de LLA. La primera reunión informativa, el 24 de junio, tuvo a Sturzenegger defendiendo la incorporación de la inteligencia artificial con el argumento de que "no hay ningún motivo" para pensar que sea insegura (Ámbito Financiero, 24/06). En lugar de atacar el status de excepción que el proyecto otorga al capital, los legisladores plantean frenar a la IA. La discusión se reanudó esta semana, luego de más de cuarenta días.
En la reunión de esta semana, el bloque oficialista en el Senado de LLA, no consiguió el quórum inicial en la propia comisión y debió recurrir al tercio reglamentario para sesionar (Infobae, 24/06). Bullrich, por su parte, acusó al dos veces titular de la IGJ durante los gobiernos kirchneristas, Ricardo Nissen, de haber "destruido" con una resolución administrativa la posibilidad de que jóvenes emprendedores constituyeran Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Invitado por la Comisión, Nissen sostuvo que el régimen societario debe modificarse pero que el proyecto libertario “solo sirve para limitar la responsabilidad del empresario”, y que con este texto las sociedades tendrán “la posibilidad de fijar en el contrato social qué jurisdicción va a dirimir los conflictos, en qué idioma se va a desarrollar el pleito y en qué país” (parlamentario.com, 11/8). Un asunto que no ha contemplado son los contratos que suscribe el propio Estado con empresas privadas de naturaleza desconocida.
Por su parte el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, se pronunció a favor del proyecto, mientras que otros senadores plantearon objeciones constitucionales y advirtieron sobre posibles incompatibilidades con las normas internacionales contra el lavado de activos del GAFI. En su momento, para destrabar los votos en Diputados, el oficialismo debió incorporar una cláusula de "Compre Nacional" que obliga a destinar al menos el 20% de la inversión de los proyectos alcanzados a proveedores locales (BAE Negocios, 08/08), una concesión que debió hacer el oficialismo al kirchnerismo para que no se toque el núcleo de la ley.
Ganadores y perdedores
Entre los que salen ganando con el proyecto de Sturzenegger se encuentran el capital financiero internacional y las corporaciones tecnológicas que buscan jurisdicciones con "menos controles para organizar empresas" (BAE Negocios, 08/08). El propio Sturzenegger lo planteó sin rodeos al señalar que hay que crear un "ambiente atractivo" para atraer inversiones extranjeras y citó explícitamente el objetivo de traer empresas de la envergadura de Apple (Actualidad Digital, 23/07). También favorece al capital especulativo ligado a las criptomonedas y a las finanzas descentralizadas, que obtiene por primera vez un marco legal explícito para operar bajo figuras como la DAO, con contratos inteligentes y activos digitales como aporte de capital (Infobae, 24/06). Los que también se frotan las manos son los estudios jurídicos y consultoras que ya se disputan el asesoramiento a las empresas para "refundarse" bajo el nuevo régimen.
La reglamentación del proyecto representa un ataque a la clase obrera, ya que habilita explícitamente sociedades que operan "sin requerir trabajadores en relación de dependencia" (MDZ, 01/06); o sea con monotributistas. La ingeniería legal diseñada es un instrumento jurídico para esquivar toda la legislación laboral, previsional y sindical. Que el propio texto no resuelva quién responde cuando una "decisión algorítmica" causa un daño no es un descuido, sino que es la lógica de una ley pensada para diluir responsabilidades patronales, no para asumirlas. A la vez, el debilitamiento de las facultades de control de la IGJ y las dudas planteadas sobre su compatibilidad con las normas anti-lavado golpean cualquier posibilidad de fiscalización pública sobre el origen de los capitales que se organicen bajo estas nuevas figuras, en momentos en que la propia gestión libertaria ya carga con denuncias de vínculos con el mundo cripto (BAE Negocios, 08/08).
El relato oficial presenta a la ley como una simple puesta al día por la tecnología, Pero toda la arquitectura del proyecto -desde la eliminación de controles estatales hasta la creación de sociedades sin trabajadores oficialmente registrados- confirma que se trata de un nuevo capítulo del programa de desvalorización de la fuerza de trabajo, en la misma línea que el DNU 70/23 y la Ley Bases.
La revolución de la Inteligencia Artificial viene acompañada de la descalificación laboral y de la más completa alienación del individuo como ser humano.
