Urge que el Estado intervenga bancos, fondos y billeteras virtuales

Escriben Marcelo Ramal y Jorge Altamira

Es necesario poner fin a un sistema confiscatorio.

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Las estadísticas sobre el endeudamiento familiar son concluyentes: el 17% de los préstamos personales o tarjetas de crédito bancarias se encuentran en mora, y lo mismo ocurre con el 30% de los préstamos otorgados por billeteras virtuales. La “mora” afecta a quienes registran más de noventa días de atraso. La mora no toma en cuenta las deudas por plazos menores, ni, desde luego, a aquellos que han dejado de pagar el alquiler o sus consumos más elementales para poder cumplir con sus compromisos financieros; han preferido el default comercial al financiero.

El gobierno intenta zafar de la discusión, con el argumento de que se trataría de un “diferendo entre privados”, como ocurre con toda clase de deudas, aparte de las “soberanas”, que tienen un estatuto especial. Al momento de la quiebra bancaria, el Estado interviene como rescatista de última instancia, a través de la banca central y el Tesoro. El “diferendo entre privados” va a terminar, como ha ocurrido con otras ‘definiciones’ de Milei, en el Salón de los Pasos Perdidos. Pero el default de los deudores puede desatar una ruptura de la cadena de pagos y una crisis de conjunto del régimen libertario. Exactamente en este momento, Estados Unidos y Brasil atraviesan una crisis similar, o sea una cadena de quiebras privadas por impago de las tarjetas de crédito. En el país vecino, las billeteras virtuales son estatales (sistema Pix), pero los bancos registran una fuerte “inadimplencia” – incumplimiento de pagos.

El sistema de crédito, “formal” e informal, ha colocado bajo su tutela al conjunto de la circulación económica y, a través de ella, a todas las clases sociales en presencia, A través de las cuentas sueldo y las previsionales, los ingresos del trabajo -actual o pasado- se encuentran bajo la égida de los bancos. De este modo, los bancos han montado un sistema de financiamiento con respaldo en esos activos. El trabajador o jubilado que no llega a fin de mes tiene “a su mano” la posibilidad de “tarjetear” sus consumos y, con un simple click en el celular, accede también a un préstamo “pre acordado”. El sistema bancario, por esta vía, ha desarrollado un régimen de crédito que le permite debitar automáticamente, apenas el dinero ingresa a la cuenta el sueldo o la jubilación del mes. Las billeteras virtuales, por su parte, han extendido este sometimiento financiero a los trabajadores informales y con menos garantías de ingresos. En este caso, la tasa de interés que cobra lleva la prima de un riesgo elevado. La billetera se cobra por adelantado un préstamo que todavía no ha sido usado por medio del sobrecargo de intereses. Para muchos usuarios de crédito no bancarizados esta sumisión le habilita una compra en cuotas.

Las tarjetas de crédito ocupan el lugar fundamental en este régimen usurario. ‘Ofrecen’ al usuario la alternativa del “pago mínimo”, y la financiación de los saldos a tasas que crecen exponencialmente con el aumento de la porción no pagada de la tarjeta. Por esa vía, imponen sobre el usuario un crédito compulsivo, con una suba espiralada de los intereses y una deuda que se torna vitalicia. En Estados Unidos, con una inflación del 4% anual, la tasa de interés promedio de las tarjetas en circulación es del 30% anual promedio, aproximadamente. La quiebra personal es un recurso habitual en la capital de las finanzas.

En 2024, con intereses en baja y salarios congelados, la banca y el gobierno promovieron intensamente el endeudamiento familiar. Un año después, la suba de la tasa de interés revalorizó la hipoteca que pesaba sobre los endeudados, y la mora se multiplicó. En todo ese período, la tasa de los préstamos personales osciló entre el 65 y el 80% anual, duplicando a la inflación y triplicando a la evolución del salario. Los intereses por los saldos de tarjeta superan el 100% del crédito inicial, y se multiplican por seis o por siete en el caso de las billeteras. El ciclo se espiraliza. Los intereses del sistema financiero tienen como referencia al rendimiento de los títulos del Estado, más la prima de riesgo de una devaluación de la moneda. La deuda pública deja de ser solamente “soberana” para condicionar a todo el sistema económico. El premio al ingreso de dólares, conocido como “carry trade”, impone elevadas tasas de interés locales, infectando a todo el sistema económico. El sistema de crédito no crea valor, porque no desarrolla ningûn proceso de transformación, pero sí lo extrae al sistema productivo; por eso, la literatura corriente lo denomina “un costo” para la producción nacional. En cuanto a la tarjeta misma, es un producto tóxico, porque refinancia en forma unilateral y compulsiva el impago de un resumen de cuenta, a través del pago mínimo. Las billeteras tienen sobre los bancos la ventaja de que no deben constituir reservas mínimas y pueden prestar contrayendo deudas sin la supervisión que existe sobre los bancos.

Rescates

En el Congreso Nacional, se han presentado una treintena de proyectos en relación a la crisis de endeudamiento. Una de ellos, el del radical Pablo Juliano, plantea someter las situaciones de mora “al arbitrio judicial”. Es una renuncia a una salida legislativa y la admisión de un choque "entre privados" – uno el banco, y otro, con un ingreso inferior a la canasta de pobreza. La demanda la debería hacer el banco, perjudicado por los impagos; el usuario alegaría contra las tasas desproporcionadas. Esto nos lleva al kirchnerismo, que ha presentado diferentes proyectos de refinanciamiento, o sea, un alargamiento de plazos al precio de una mayor tasa de interés. Los propios bancos coquetean con esas salidas, pues permiten que una parte de la cartera de morosos salga de esa condición y les asegura un flujo de intereses nominales, condicionados a los movimientos de la inflación. No resuelve nada, ni llegará, probablemente, al tratamiento en comisión. Todo esto le cae al gobierno como peludo de regalo, cuando se apresta a presentar un proyecto de Banco Central, que otorga un papel activo a los bancos en el financiamiento del Tesoro.

La crisis de los endeudados plantea una cuestión sistémica, que excede quitas, refinanciaciones y mayores tasas de interés. Plantea una urgente intervención del Estado en bancos, fondos y billeteras, para investigar el régimen de asignación de créditos: el nivel alcanzado por los pagos mínimos de saldos bancarios; las operaciones en los mercados de cambios y el estado de compromiso con el financiamiento del Tesoro, o sea de la deuda pública. Es una apertura pública de cuentas, mientras se congelan por un plazo determinado el pago de los deudores insolventes y de aquellos en situación comprometida. Es un paso hacia la nacionalización del sistema financiero en su conjunto. Lo singular de esta crisis, en Argentina, es que la monetización y el sistema de crédito es uno de los más bajos del mundo – el 13% del PBI, contra el 130%, por ejemplo, en Chile y aún más en Brasil. La velocidad de confiscación económica de este sistema en Argentina es inversamente proporcional a su tamaño. Luego está la cuestión de la fuerza de trabajo, cuyo valor está muy por debajo del valor de su reproducción. Es insostenible para los trabajadores, en términos de calidad de vida, y también para el conjunto de la economía capitalista, que sufre una crisis de proporcionalidad, no ya entre consumo e inversión, sino entre inversión y capital retenido en la esfera de la especulación financiera. Una huelga general por un salario y jubilación mínimos de $ 3 millones de pesos es simplemente urgente.

En resumen, planteamos la inmediata suspensión de todas las deudas de trabajadores y jubilados, con la banca y billeteras virtuales; la intervención estatal en bancos, fondos y billeteras; apertura de las cuentas e investigación de sus movimientos; aumento general inmediato de sueldos y jubilaciones. El capitalismo ha puesto en estado de insolvencia a todas las clases trabajadoras del mundo, para hacer frente a su propia bancarrota y al financiamiento de una guerra imperialista mundial.

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