Catamarca: avanza la campaña por el sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Corzo

La causa federal contra el docente Bruno Corzo da un nuevo paso, luego de la indagatoria y de la confirmación de la imputación por los hechos vinculados con la protesta docente del 7 de marzo sobre la Ruta Nacional 38. La resolución del juez, lejos de limitarse a encuadrar jurídicamente los hechos, ya adelantó opinión sobre lo ocurrido, tergiversando el carácter de la manifestación y deja planteada la posibilidad de extender la imputación a otros trabajadores que participaron de la jornada de protesta. De este modo, la causa deja de ser solamente un ataque individual: se transforma en una amenaza contra el conjunto de la docencia que salió a las calles y rutas a reclamar por salario, estabilidad y presupuesto educativo.

En reacción a este atropello represivo se han desarrollado diversas acciones. Hubo iniciativas en Santa María, donde se han echado las bases para conformar un comité docente por el Sobreseimiento y el archivo de la causa. Otra iniciativa se dio en la Capital, donde a partir de una convocatoria a la que se hicieron presentes compañeros docentes autoconvocados, compañeros del movimiento contra el gatillo fácil, del movimiento de jubilados autoconvocados, de un comité por Bregman, y delegaciones de Política Obrera, dieron los primeros pasos para formar una comisión coordina para desenvolver diversas iniciativas: petitorios en las escuelas y centros de salud y reparticiones estatales, colectas para sostener la acción judicial, preparar de conjunto nuevas convocatoria y articular las acciones en las redes.

En las redes la campaña ha cobrado mayor difusión, con declaraciones solidarias de referentes y trabajadores de distintos sectores, particularmente de la salud y de los trabajadores estatales. Pero, sobre todo, la solidaridad comienza a extenderse entre la propia docencia a lo largo del territorio provincial. También han comenzado a llegar pronunciamientos solidarios desde otras provincias, como ocurrió con el de ADIUNT (el sindicato de la docencia universitaria de Tucumán).

En contraste con esta acciones y pronunciamientos contra el accionar de la justicia y a favor de los derechos democráticos más elementales, la burocracia de ATECa ha guardado silencio cómplice. Es más, hace dos semanas se produjo la visita de Baradel, secretario adjunto de CTERA, que hasta hace poco dirigía el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, y no tuvo empacho en rescatar y ensalzar a la dirigencia burocrática de ATECa y al propio gobierno de Jalil, destacando que se han dado pasos adelante a favor de la educación provincial. Como si esto fuera poco, para llevar adelante el rescate de esta dirigencia que fue y sigue siendo cuestionada por la docencia catamarqueña, Baradel anunció que la secretaria general de ATECa, Alejandra Reales, será incluida en la nueva comisión ejecutiva de CTERA.

En este escenario, la respuesta de la docencia en defensa de Bruno Corzo es una cuestión prioritaria y debe encabezar integrada al conjunto de reclamos que aún siguen vigentes y que dieron origen a la lucha docente. El Gobierno provincial incumple el monitoreo sobre el salario y mantiene demorada la aplicación efectiva de las titularizaciones, reivindicaciones que fueron incorporadas por el propio gobierno y la burocracia sindical al acta paritaria que acordaron a espaldas de la docencia movilizada. El contraste es evidente: mientras los compromisos asumidos con los trabajadores permanecen incumplidos, el aparato estatal avanza con una causa penal contra quienes participaron de la lucha.

Por eso, el reclamo por el sobreseimiento de Bruno Corzo y el archivo de la causa se incorpora al pliego de reivindicaciones de la docencia, junto con la defensa irrestricta del derecho de huelga y de protesta. No se trata de dos cuestiones separadas. El derecho a reclamar por el salario, a organizarse, movilizarse y hacer visible un conflicto laboral es inseparable de la defensa de las condiciones de trabajo. Aceptar la judicialización de una protesta significaría abrir la puerta para que cualquier movilización futura pueda terminar en una causa penal contra sus participantes.

Se están dando los primeros pasos de una campaña que debe extenderse por toda la provincia y trascender el ámbito estrictamente docente: petitorios, pronunciamientos sindicales, adhesiones de delegados y trabajadores, acciones de solidaridad y jornadas de lucha conjunta. La respuesta a la persecución no puede ser el aislamiento ni el silencio. Si el objetivo de la causa es disciplinar a quienes luchan, la respuesta debe ser exactamente la contraria: ampliar la solidaridad y avanzar en la defensa del derecho a huelga.

El conflicto docente sigue abierto. Los reclamos siguen vigentes. Y ahora se suma una nueva reivindicación: sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Corzo. Defenderlo es defender el derecho de toda la docencia a luchar.