Escribe Aldana González
En medio de protestas y huelgas contra el aumento del costo de vida.
Tiempo de lectura: 4 minutos
En Bélgica se desató una crisis política y económica después de que el primer ministro, Bart De Wever, presentara su renuncia este lunes al rey Felipe. La renuncia ocurrió tras el colapso de las negociaciones entre los cinco partidos de la coalición de gobierno (conocida como Arizona) para aprobar el presupuesto de 2027. Los partidos de la alianza -que van desde la derecha conservadora hasta la centroizquierda- no se pusieron de acuerdo sobre cómo llevar a cabo recortes presupuestarios y subidas de impuestos para lograr un ajuste de 10.000 millones de euros previstos para 2029.
El rey Felipe de Bélgica dejó la renuncia en suspenso e inició una ronda de consultas con los líderes de los partidos de la coalición antes de decidir si la acepta, convoca elecciones anticipadas o fuerza un último intento de acuerdo. La burguesía necesita tiempo para preparar algún tipo de salida.
Bélgica tiene un déficit que supera el 5 % del PBI y una deuda de más del 110 % del PBI, y la intención del gobierno era “sanear” las cuentas públicas. Ambos registros sobrepasan ampliamente las reglas fiscales y los límites de referencia fijados por la Unión Europea, estipulados en un 3 % para el déficit y un 60 % para la deuda.
La Nueva Alianza Flamenca y el Partido MR -la derecha y los liberales- iban por la motosierra en el Estado, sobre todo en salud y educación, y el congelamiento salarial, mientras que la centroizquierda planteaba aumentos de impuestos a la renta y a las grandes fortunas para menguar el déficit fiscal.
Lo que ninguno de los dos bloques se planteó cuestionar es el aumento del presupuesto militar, el cual Bélgica está ajustando a los parámetros reclamados por la OTAN, luego de años de resistirse a acrecentarlo para llegar al 2 % del PBI requerido. La coalición en su conjunto votó en su momento la ley que compromete a Bélgica a cumplir con el 2 % hasta 2029. El presupuesto militar de Bélgica aumentó 4.000 millones de euros anuales, lo que implicó un salto masivo e histórico. El gasto militar promedio fue de 3.153 millones de dólares desde 1949 hasta 2025. En 2025 alcanzó un máximo histórico de 14.532 millones de dólares. En 2024 había sido de 8.500 millones (Trading Economics).
Semejante presupuesto se utilizó para la compra de una flota ampliada de aviones de combate de quinta generación F-35A, 10 sistemas avanzados de defensa aérea de mediano alcance NASAMS (para blindar el espacio aéreo contra misiles y drones), la creación de una segunda brigada militar terrestre completa y lista para el combate rápido bajo el mando de la OTAN y la renovación conjunta de fragatas navales y tecnologías de contra-drones. La cosa pinta peor porque, en la cumbre de la OTAN en La Haya, se acordó un 5 % del PBI para el presupuesto defensivo de cara a 2035. El mismo se divide en dos bloques: 3,5 % estrictamente para capacidades militares básicas y 1,5 % para inversiones de seguridad periférica, como ciberseguridad e infraestructura.
La crisis coincide con protestas y huelgas contra el aumento del costo de vida -otra consecuencia de la guerra-, además de un repunte en la rentabilidad de los bonos soberanos belgas en los mercados financieros. En septiembre y octubre hubo paros y protestas estudiantiles en contra del presupuesto planteado por los conservadores y liberales. El 9 de octubre hubo un paro nacional que afectó al transporte público y a la aviación, convocado por todas las centrales obreras. La movilización fue importante en Bruselas, con 50 mil personas. Tres días después se produjo la huelga general de Servicios Públicos contra el recorte en el Estado, en especial en salud, que afectó a varias dependencias.
A fines de octubre, las calles fueron tomadas por los estudiantes, contagiados por los estudiantes de Francia, secundarios y universitarios salieron a la lucha. Protestan contra el aumento de las tasas universitarias, el deterioro de la educación pública y los recortes en el presupuesto educativo.
Las huelgas y movilizaciones fueron constantes en Bélgica en los últimos dos años debido a la reforma laboral que llevó adelante el gobierno de Bart De Wever. Entre 2025 y 2026, este logró limitar el seguro de desempleo a dos años, flexibilizar y permitir el trabajo nocturno y la jornada de trabajo, y pulverizar los derechos jubilatorios de sectores especiales, como los ferroviarios.
La legislación fue impulsada y aprobada de manera unilateral por el gobierno, pasando por encima de las mesas de negociación con la burocracia sindical. Las tres principales centrales sindicales del país, que representan a millones de afiliados, se unieron en un frente común de aparente rechazo. La vocación de lucha de los belgas fue indiscutible. Sin embargo, la política de la burocracia fue la planificación de la derrota. La dirigencia de las tres centrales dio un curso intensivo sobre cómo dosificar las medidas de fuerza para disipar la energía en las calles. Los paros aislados conjuntos se alternaron con medidas continuadas sin coordinación entre los sindicatos de un mismo gremio. Por ejemplo, la huelga ferroviaria de nueve días no pudo derrotar la subida de la edad jubilatoria -que les roba 12 años de descanso- debido a que fue llevada adelante por los sindicatos minoritarios. Los más importantes solo se sumaron cuando el desgaste era evidente y nunca estuvo totalmente interrumpido el servicio. Aun así, las derrotas y las maniobras de la burocracia para contener no han podido disipar la inercia a la lucha de los trabajadores y los estudiantes belgas. La carestía y el gasto militar impulsados por la guerra alimentan el descontento social y la tendencia a la rebelión popular. La imposibilidad del gobierno de cumplir con el presupuesto de guerra de la OTAN y con la austeridad de la Unión Europea lo lleva a un callejón sin salida.

