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El pasado miércoles 24 la brutalidad policial se cobró la vida de Walter Nadal. En horas del mediodía, Walter era perseguido por la policía bajo sospecha de haber cometido un robo. Testigos que filmaron el momento de su detención muestran que fue derribado y asfixiado por dos agentes, pese a que les gritaba que le faltaba el aire. La autopsia realizada en el hospital Padilla, desmintiendo la versión policial de que Nadal había fallecido por un paro cardíaco, determinó que había muerto por asfixia. Las organizaciones políticas y de derechos humanos, y los propios medios de comunicación, advierten la similitud con el crimen policial de George Floyd en Estados Unidos. El ministro de Seguridad Claudio Maley lo confirmó, de algún modo, al decir que la intervención policial fue correcta y oportuna ya siguió “técnicas de reducción internacionales estándar” (La Gaceta, 27/06).
Esta nueva víctima de la policía provincial se produce a un poco más de un mes de la desaparición forzada y asesinato de Luis Espinoza y de las repercusiones de gravísimas denuncias sobre atropellos represivos y hechos de corrupción de esta fuerza represiva.
Como ocurre con el crimen de Espinoza, el gobierno y el ministerio de Seguridad han desplegado un cordón sanitario para salvaguardar el aparato de “seguridad” de la provincia. El argumento de Manzur es que siempre puede haber alguna “manzana podrida”. De ese modo, los operadores oficiales están procurando que la investigación por el caso Espinoza se remita a los policías que tuvieron participación en el crimen, cuando lo que se ha puesto al descubierto en este hecho es parte de un entramado de negocios con las carreras cuadreras en la que están involucrados los delegados comunales y otros políticos del oficialismo.
Ahora, desde el gobierno y la jefatura del Ministerio de Seguridad se ha desatado toda una campaña para ganar a la opinión pública a favor del accionar policial que se cobró la vida de Nadal, presentado como ladrón y adicto, cuando el “correcto accionar policial” es desmentido por las cámaras de seguridad de la zona.
El caso Nadal se suma a las decenas de casos de gatillo fácil y a los centenares de casos delictivos de todo tipo, donde la policía aparece asociada cuando no, directamente, en la organizadora de esos hechos.
Como lo ha demostrado la experiencia, para que este nuevo crimen no quede impune, es necesaria la movilización popular, como quedó demostrado en los casos de Paulina Lebbos, Marita Verón, Ismael Lucena, entre otros.
Pongamos en pie una coordinadora de familiares víctimas de gatillo fácil e impunidad, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas para la lucha por justicia y por el desmantelamiento del aparato represivo. Justicia por Walter y todos los casos de gatillo fácil. Exigimos la renuncia de Maley y toda la cúpula policial.
