Bolsonaro y el parlamento aprueban privatización del servicio de aguas y cloacas

El Senado de Brasil aprobó el miércoles pasado un proyecto del senador oficialista Tasso Jereissati (PSDB) que da rienda suelta a los municipios para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El proyecto había recibido la media sanción de la Cámara de Diputados en diciembre del 2019. En el senado se impuso con una votación de 65 a 13.

El proyecto le da la espalda a toda la experiencia mundial, ya que los Estados tuvieron que hacerse de la gestión de las empresas de saneamiento por el fracaso de las privatizaciones. Sin embargo, según Bolsonaro, su propósito es mejorar la infraestructura sanitaria a 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y a 100 millones que carecen de sistemas cloacales, casi la mitad de la población del país, según datos del 2018 de Sistema Nacional de Informaciones sobre Saneamiento (SNIS). En momentos que la fuga de capitales alcanza niveles históricos en Brasil, esta ley prevé atraer inversiones por 700 billones de reales.

El “marco legal” aprobado establece que los municipios deben elaborar planes de saneamiento básico estableciendo metas de indicadores de servicio (como ser porcentaje de cobertura del servicio sobre la población o disminución de pérdidas de agua, reutilización de aguas cloacales, etc); pone fin a las renovaciones por tiempo indeterminado de las empresas públicas con los municipios, privilegiando ahora el ingreso de consorcios público-privados para la operación de empresas de saneamiento. Con esta nueva ley, los estados y municipios no pueden contratar directamente a empresas públicas y ahora tendrán que pasar por licitaciones, favoreciendo a empresas como Nestlé y Coca-Cola, interesadas en el negocio.

Con la excusa de atraer fondos privados y el argumento de que generarían un millón de nuevos empleos en los próximos 5 años, Bolsonaro y el Parlamento colocan al servicio de agua y saneamiento como un botín para las futuras operadoras público-privadas y para todo el sector de las constructoras, que se harán cargo de las obras de infraestructura de saneamiento.

Si bien aún no se conocen los mecanismos de contratación, se prevé que las “inversiones” en infraestructura sean costeados por aumentos en las tarifas del servicio a los usuarios (tarifazos) o, en última instancia, mediante un subsidio de los gobiernos municipales, que será cargado en las boletas de agua y cloaca, para garantizarles las ganancias a las operadoras. El gobierno federal contaba con un fondo de 3 billones de reales, inicialmente destinados para obras de saneamiento básico, salud y educación, pero que luego fueron desviados para el “Fondo Electoral”.

En el momento de que Brasil tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos, Bolsonaro y el Parlamento se unen para privatizar un servicio esencial para combatir los contagios.

A principios de 2017 los trabajadores de la CEADE (Compañía Estadual de Aguas y Cloacas de Río de Janeiro) y otros sindicatos se movilizaron contra el paquete de ajuste y privatización de Temer y el gobernador de Río de Janeiro. La huelga evitó la privatización de los servicios de agua y cloacas.