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El gobierno de Trump está llevando una cruzada contra miles de migrantes amenazados de expulsión, presos en EE:UU. o en espera de su resolución en la frontera de México. La conducta del gobierno yanqui ha sido reforzada con la decisión de la Corte Suprema que por 7 a 2 votos autorizó al Ejecutivo a “deportar a algunas personas que solicitan asilo sin permitirles presentar su caso ante un juez federal” (The Guardian, 25/6). El fallo fue denunciado inmediatamente como inconstitucional por organizaciones de derechos humanos. Refuerza “una ley de 1996, que establece que las personas que no pasan sus exámenes iniciales de asilo, una entrevista de miedo creíble, se colocan en un sistema de expulsión acelerada.
La expulsión acelerada se usó con poca frecuencia hasta que hubo un aumento dramático en los inmigrantes centroamericanos durante la administración de Obama. La administración Trump utilizó el proceso a un ritmo aún mayor y ha tratado de expandir su poder” (ídem). El fallo de la Corte está en línea con esta tendencia.
El objetivo de Trump no distingue a ninguna nacionalidad. Uno de los sectores más afectados es el exilio cubano. Según acaba de denunciar Yandy Bacallao, un solicitante de asilo de 34 años, que lo intenta por tercera vez, preso “en el Centro de Detención del condado de Torrance, un complejo en expansión ubicado a una hora al sureste de Albuquerque, protegido por rollos de alambre de púas en medio del desierto y dirigido por CoreCivic, una compañía penitenciaria privada y en su mayoría alberga inmigrantes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.”, el 14 de mayo, tuvo lugar un asalto a “migrantes que estaban en huelga de hambre hacía un día cuando guardias entraron en su dormitorio de la prisión con máscaras de gas, escudos y rociadores de gas pimienta” con los cuales fueron reducidos (Ike Swetlitz, ídem, 2/7).
El negocio de las prisiones privadas es lo único que prospera en EE.UU., en medio del recrudecimiento de la pandemia de Covid-19 que según el propio gobierno de Trump podría escalar en los próximos dos meses hasta los 200 mil muertos. “El condado de Torrance se beneficia directamente de la presencia del centro de detención. Durante el último año fiscal, que terminó el 30 de junio, el condado registró pagos por poco más de u$s 90,000 de CoreCivic, con más dinero en camino se espera que los ingresos anuales futuros sean de aproximadamente u$s 130,000” (ídem). Según dice The Guardian, la política penitenciaria para este tipo de prisiones “permite el uso de spray de pimienta para ´ganar el control´ de un detenido”. El incidente narrado “es solo uno de una serie de muchos de estos casos. En enero de 2019, un juez federal autorizó a Ice a alimentar a la fuerza a migrantes encerrados en El Paso que se negaban a comer. El personal empujó tubos de plástico por sus narices y condujo alimentos directamente a sus estómagos. Desde que llegó la pandemia de Covid-19, los inmigrantes detenidos en todo el condado, desde Massachusetts y California hasta Texas, han sido rociados con pimienta después de haber expresado su preocupación por las condiciones de su confinamiento” (ídem).
“Los irritantes como el spray de pimienta son especialmente peligrosos durante una pandemia respiratoria, según los expertos médicos. Los productos químicos inducen la tos, aumentan las posibilidades de una persona de contraer Covid-19 y empeoran los síntomas entre las personas ya infectadas” (ídem).
“Un brote en el Centro Penitenciario del Condado de Otero, administrado por una compañía privada de prisiones diferente en la esquina sureste de Nuevo México, hasta ahora ha infectado a más de 700 reclusos y mató a cuatro. En las instalaciones del condado de Torrance, al menos 32 detenidos ya han contratado Covid-19, según el departamento de salud de Nuevo México. Ice informa 42 casos confirmados en total; el estado no respondió a una pregunta sobre la disparidad” (ídem).
Esto es el ‘libertario’ Trump.
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