Chubut: acerca de la Iniciativa Popular contra la megaminería

Escribe Iván Marín

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El 22 de junio último, la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCH) lanzó la campaña por una segunda iniciativa popular contra la megaminería, que se encuentra prohibida en la provincia luego de la fenomenal lucha del pueblo de Esquel en el año 2003, donde derrotó en las calles los intentos de avanzar con la actividad en la zona. Tras el triunfo abrumador en el plebiscito, se arrancó la ley 5001 para todo el ámbito provincial. La actual iniciativa pretende completar algunas lagunas que quedaron en la ley vigente.

La constitución provincial prevé que “mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral puede presentar proyectos de ley para su tratamiento en la Legislatura”, la cual “debe considerarlo en el término de seis meses contados a partir de su presentación”.

La actual iniciativa tiene un antecedente. En 2013, la misma UACCH impulsó la recolección de 13.007 firmas en apoyo a un proyecto para asegurar la prohibición de la megaminería en la provincia, similar al que se impulsa hoy. La Legislatura lo trató pero modificando su contenido y aprobando un proyecto por el cual se zonificaron los lugares en que se podrían llevar adelante los emprendimientos. Finalmente, el exgobernador Mario Das Neves derogó esta ley, como resultado del repudio popular, por lo que aun rige la ley 5001.

Desde entonces el lobby minero no se quedó de brazos cruzados, sino que intentó avanzar, aunque nunca pudo traspasar la etapa exploratoria. El llamado proyecto “Navidad”, en el centro norte de la meseta provincial, impulsado por la canadiense Pan American Silver, es el primero en la mira, y sería uno de los yacimientos de plata más importante del mundo. Sobre el particular debe remarcarse que en realidad el mineral se encuentra esparcido en proporciones reducidísimas en las rocas, de ahí la necesidad de recurrir a los métodos agresivos y ultra contaminantes de la megaminería: utilización de cianuro, mercurio, xantatos, distintas variedades de detergentes químicos, entre otros. Se demuelen cerros enteros, se generan cráteres gigantescos y piletas químicas que quedarán a la intemperie por siglos, mientras los años de vida útil de la mina con suerte rondan las dos o tres décadas, sin generar grandes cantidades de puestos de trabajo y dejándole apenas 3% de regalías a la provincia.

La legislatura y la lucha de clases

Esta segunda iniciativa popular (IP) es lanzada como respuesta a una nueva intentona del lobby minero, con el gobernador Mariano Arcioni a la cabeza, que busca avanzar con la megaminería en la provincia en plena cuarentena. El Ejecutivo puso nuevamente sobre el tapete el tema mientras se encuentra en Legislatura un proyecto para reestructurar la enorme deuda en dólares que mantiene el Estado con acreedores internacionales. Al igual de lo que sucede con la renegociación a nivel nacional, se pretende utilizar las regalías mineras como garantías de pago. Es lo que ya sucede con las regalías petroleras, que se devengan automáticamente todos los meses para el pago de deuda. Un régimen colonial que tiene sumida a la provincia en una bancarrota estructural, por la cual hace más de dos años no se les paga en tiempo y forma a los trabajadores estatales y se desfinancia a la educación y salud pública, y las obras públicas se encuentran paralizadas.

La nueva iniciativa popular ha surgido del propio movimiento de lucha contra la megaminería, y debe ser apoyada como puntapié o peldaño para desarrollar un proceso de movilización. La condición para ello es no caer en la distracción legalista ni parlamentarista, que es la orientación bajo la cual la Mesa de Unidad Sindical y las centrales sindicales han intentado desviar el proceso de coordinación y movilización de estos últimos dos años, bautizado como “Chubutazo”.

Solo la lucha en las calles abre la posibilidad de enfrentar con seriedad el ajuste y, con ello, a la megaminería. El texto de la iniciativa popular se respalda en las dos décadas de movilización contra esta actividad, aunque levantando posiciones que exigen una delimitación política. Por ejemplo, en un pasaje afirma que: “Dicha oposición (a los emprendimientos mineros) se sustenta en el acabado conocimiento de estas poblaciones respecto a los efectos de este tipo de actividad predatoria y el estrés generado a partir de la pérdida de la paz social”. Pero en las tierras donde se produjo el genocidio contra los pueblos originarios de la mal llamada “Campaña del desierto”, en poblaciones con grandes tradiciones de lucha, la invocación a la “paz social” es una completa ficción. Por otra parte, como socialistas, no idealizamos el atraso y la miseria social de las poblaciones abandonadas a su suerte en el interior provincial. Luchamos por superar esa condición a través de una actividad agraria e industrial compatible con el medio natural, algo que tendremos que conseguir en unidad con toda la clase trabajadora de la provincia y del país.

Las limitaciones de la iniciativa, por otra parte, tienen que ver con su destinatario - el parlamento, que es una institución que cubre con un barniz democrático la dictadura del capital, en este caso, de las petroleras y mineras. Los legisladores son en su inmensa mayoría representantes de estos sectores. Por eso, cuando en 2014 modificaron unilateralmente la Iniciativa popular, sólo cumplían órdenes de sus jefes, como se vio en la foto del diputado Gustavo Muñiz chateando con Gastón Berardi, gerente de la minera Yamana Gold. Es decir, no fue una traición, hicieron su trabajo.

Coordinar las luchas contra la megaminería y el ajuste

La pandemia del coronavirus demostró que el cuidado de la salud de la población entra en colisión con el régimen social que pretende maximizar sus ganancias a cualquier costo, incluso el de la vida de quienes lo sostienen: las masas obreras y campesinas. Lo mismo sucede con el resguardo del medio ambiente. Ninguna ley aprobada por las instituciones burguesas es garantía de nada. Por el contrario, ese es el ámbito en que mejor se mueve el personal político del régimen para embaucar al pueblo.

En tiempos en donde el proletariado industrial chubutense -textiles, pesqueras- da sus primeros pasos para incorporarse al proceso de resistencia que protagonizan los estatales desde hace más de dos años, la orientación para vencer en la lucha está dada por fortalecer la coordinación de las bases en todo el territorio, y unir la lucha contra la megaminería contaminante a esa perspectiva. Esa movilización pondrá nuevamente en jaque al gobierno de Arcioni, bancado a nivel nacional por Alberto Fernández. Los trabajadores no comen vidrio y son conscientes de que el ajuste viene acompañado de megaminería; por eso, en las ocupaciones fabriles de los textiles de Sedamil y los obreros de la pesquera FYR S.A. se manifestaron rotundamente contra estos emprendimientos. ¡Por un Chubutazo contra el ajuste y la megaminería!

Crédito del dibujo : Gastón Spurs

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