Chile: una Huelga General contra la estafa constitucional y la militarización

Escribe Jorge Altamira

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Las decenas de organizaciones de trabajadores que integran la Unión Social, entre la Central obrera (CUT) y la combativa Unión Portuaria han respondido con una huelga general activa de 48 horas al acuerdo del gobierno, la Concertación (DC, PPD, PS) y el Frente Amplio, de convocar a una asamblea constituyente para dentro de un año, precedida por un plebiscito que debe definir las características de esa asamblea y otro para ratificar lo que haya aprobado. El partido comunista ha repetido más de una vez en los medios de comunicación que rechazaba firmar el engendro no por razones de principios sino porque entendía que era inservible para “pacificar” el país.

División por arriba

Este intento burdo de oficialistas y opositores de poner fin a las movilizaciones revolucionarias del pueblo de Chile no viene acompañado de ninguna medida que contemple reivindicaciones inmediatas o mínimas de las masas. La salida mediante “políticas públicas”, que no afectan la dominación ni los intereses de la gran burguesía, apenas plantean un aumento de la jubilación mínima por parte del Estado, o sea los contribuyentes, en tres cuotas anuales. La Constituyente Soberana que reclaman las enormes movilizaciones populares tenía el propósito contrario: poner fin al sistema privado de jubilación y llevar la mínima al costo de la canasta familiar; y establecer la gratuidad de la salud y de la educación, mediante la estatización de los centros de una y otra. Las farmacéuticas de Chile han rechazado en estos días cualquier posibilidad de reducir los precios de los medicamentos a los elevados niveles internacionales. Una Constituyente con ese mínimo poder es incompatible con la permanencia de Piñera y en última instancia con el Congreso nacional.

Bien mirado, el acuerdo oficialismo-oposición tiene límites político-operativos insalvables y solamente fue suscripto para evitar la exposición de la fragmentación del poder político. El punto central del pacto es que la Constituyente no puede invadir la jurisdicción del Ejecutivo ni del Congreso, de modo que debe limitarse a una función redactora. Como dice la jerga del contubernio – debe ser “institucional”. El plebiscito de abril debe decidir si la asamblea es enteramente electa por el pueblo, o es compartida con representantes de la Asamblea Nacional en vigencia. Esta cláusula fue introducida por la derecha para crear un terreno de agitación política contra salidas ‘extremistas’ o ‘anti-institucionales’. Otro punto litigioso es la propuesta de reservar escaños para el pueblo mapuche y para candidatos independientes, con la intención de que no repita la representación parlamentaria corriente, aunque en diferentes proporciones. La nueva Constitución deberá recibir la aprobación de los dos tercios, de lo contrario continúa vigente la actual, que es lo que acabaría ocurriendo. Cada cláusula del acuerdo funciona como un obstáculo para que no se alcance el objetivo constitucional ni en la variante más restrictiva. Históricamente hablando, es más restrictiva que las constituciones concedidas por las monarquías europeas que trataron de combatir la revolución democrática en el siglo XIX.

No es por accidente, entonces, que este pacto haya provocado crisis y escisiones en el Frente Amplio y al interior de sus partidos. La base política del acuerdo se ha estrechado. La derecha enfrenta sus propias divisiones, debido a que su ala extrema caracteriza a la convocatoria como una concesión que podría arrastrar a otras que afecten seriamente la estabilidad política y la acumulación capitalista en Chile, cuyo eje es el sistema privado de pensiones. Con una economía en declinación y un continente convulsionado, advierte acerca de una fuga de capitales y las bancarrotas consiguientes. Lejos de alejar la perspectiva de una profundización de un proceso revolucionario, el pacto puede acercarla en una cadena de repliegues menores y saltos cualitativos. Este es el método con que se han desarrollado todas las revoluciones en la historia.

Estado de excepción y huelga de masas

Lo que mejor desnuda la inviabilidad del pacto entre oficialismos (todos han gobernado en las tres últimas décadas) es una medida tomada por Piñera y el mando militar al margen de cualquier ‘concertación’: autorizar el despliegue de tropas para proteger infraestructuras y servicios esenciales, sin la necesidad de que lo apruebe el Congreso. El “estado de emergencia” que la Constitución prevé como excepción, quedaría convertido en regla; macaneos constitucionales mediante, Chile se convertiría en “un estado de excepción” - fuera de la Constitución. Es una nueva declaración de “guerra” del pinochetista, como lo hizo al comienzo de la crisis. Las muertes, torturas, vejaciones, impunidad, operaciones de asalto, como han protagonizado Carabineros y ejército muestran que esa ‘excepción’ ya se encuentra vigente.

La huelga de dos días en respuesta al conjunto de esta situación introduce en forma más general este método histórico de lucha, luego de otros paros recientes. Es una respuesta a la presión de los trabajadores, pero no constituye todavía la expresión de la irrupción elemental de la clase obrera. En este caso reuniría todas las características de la huelga política de masas. Hacia allí se marcha inevitablemente, como consecuencia del empuje histórico que ha ganado la rebelión popular en general y del agravamiento igualmente inevitable en las condiciones económicas de las masas. Las burocracias sindicales procuran con la huelga limitada ganar autoridad como fuerza de contención – en especial la de la CUT, donde talla el partido comunista. Ha rechazado una reunión con el gobierno para antes del paro, pero lo ha aceptado para después de él.

Las masas de Chile no están volviendo sencillamente a la experiencia de los 70, que tienen presente todos los días - una experiencia de lucha revolucionaria entregada por sus direcciones. En el medio pasaron Pinochet y los gobiernos democráticos del régimen que dejó Pinochet. La acción directa de numerosos grupos de la juventud es la superficie de esta nueva conciencia. La consigna Constituyente Soberana no tiene, ni debe tener, un propósito constitucional sino un propósito de poder. Significa expulsar al gobierno de Piñera y disolver el Congreso de las dietas insultantes, y establecer un gobierno que establezca un nuevo régimen político y reorganice la sociedad con la participación activa de los explotados. Esta lucha política se alimenta con luchas reivindicativas inmediatas coordinadas y con nuevas organizaciones deliberativas y ejecutivas (Cabildos, Asambleas, Consejos) que faciliten el ingreso de masas amplias a la lucha.

La cuestión del poder en términos prácticos quedará planteada en el curso de la crisis política y de la lucha misma.

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