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Un reciente documento expresa que más de 300 tribus indígenas podrían desaparecer debido a la expansión de Covid19 por el territorio brasileño.
Se apilan denuncias de genocidio realizadas por los pueblos indígenas y la población negra contra el Gobierno. Gilmar Mendes (Supremo Tribunal Federal, STF) dijo que se podía hablar de “genocidio” con relación a la actuación del gobierno de Bolsonaro ante el covid-19, lo que desató un debate nacional. El 11 de julio dijo: “Ya no podemos tolerar la situación del Ministerio de Sanidad. Este vacío es inaceptable (…) Hay que dejarlo muy claro: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Hay que poner fin a esto” (O Globo).
“Generales como el vicepresidente Hamilton Mourão y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, que no solo pertenecen y representan al Gobierno de Bolsonaro, sino que también lo apoyan y lo legitiman, se alborotaron porque sintieron el riesgo real de, en algún momento del futuro próximo, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad”, dice El País (25/7).
Deforestación y genocidio indígena
Entre enero y junio, en la Amazonía brasileña deforestaron 3.069,61 km2, un crecimiento del 54% según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). De los 690 territorios indígenas reconocidos, el 98,5% se ubica en la Amazonia. Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus, superando los dos millones de contagios y más de 80.000 muertos. Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) se han registrado 16.803 casos confirmados por COVID- 19 y 544 muertes entre 137 pueblos indígenas (contagioradio, 22/7). La tasa de mortalidad es casi el doble de la tasa nacional (12,6% versus 6,4%), como reveló APIB. La pandemia amenazaría con exterminar muchos de estos grupos por completo.
Según una especialista entrevistada por El País “El crimen de exterminio es la imposición intencional de condiciones de vida que pueden causar la destrucción de parte de una población” (25/7). Entre ellos la negación de alimentos y medicinas.
“Existen dos grandes vertientes para considerar si se trata de crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio. Una es la vertiente de la comunicación y la otra, el ataque contra los Gobiernos de los Estados”. La política ha sido el “negacionismo con relación a la enfermedad y, por otro, una acción objetiva contra los Gobiernos locales (…) los estudios nos muestran que las poblaciones más afectadas son las poblaciones negras, las más pobres, las más vulnerables, entre las que se encuentran los ancianos y las personas con comorbilidades. Y, desafortunadamente, ha sucedido lo que habíamos predicho” (ídem). “Lo que el presidente de la República llamó “guerra” y “jugar duro” contra los gobernadores constituye claramente un plan para obstruir la actuación eficiente de los Estados ante la pandemia”, agrega. Bolsonaro vetó la obligación de de mascarillas (incluso en cárceles, escuelas y templos) y el aforo. Otro ejemplo es la demora en sancionar la norma que transfería recursos financieros a los Estados.
“Gastos excesivos”
El 8 de Julio, Bolsonaro vetó leyes aprobadas anteriormente por el Congreso que obligarían al gobierno a proveer a la población indígena con acceso a fuentes de agua seguras, camas de cuidados intensivos reservadas para casos de Covid-19 y distribución gratuita de las necesidades básicas. Igualmente rechazó los fondos para los gobiernos estatales y locales que proveían ayuda de emergencia para los pueblos nativos. Bolsonaro justificó su decisión afirmando que las disposiciones eran “contra el interés público” e “inconstitucionales”, ya que creaban gastos excesivos para el gobierno federal (contagioradio, 22/7).
También “Se vetó la obligación de comprar o suministrar ventiladores para máquinas de oxigenación sanguínea, se vetó la inclusión de los pueblos indígenas en los planes de emergencia (…) se vetó la obligación de preparar materiales informativos sobre los síntomas de la covid-19 en varios formatos y difundirlos por las radios comunitarias y las redes sociales con traducción y lenguaje accesible” (El País, 25/7).
Al momento que se denuncia este genocidio, bandas ligadas a empresas mineras invaden los territorios de los indígenas que partieron a las ciudades o pueblos para atenderse. Las comunidades indican que ellos mantuvieron las medidas de seguridad y distanciamiento, pero que los enviados por el gobierno fueron los causantes de la propagación de los contagios (contagioradio, 22/7).
La especialista entrevistada por El País indica que “me sería difícil decir que establecer la muerte de más de 80.000 personas como un crimen de lesa humanidad es banalizar la palabra genocidio. Y no solo por la cantidad de personas, sino principalmente —es importante repetirlo— porque estas muertes se podían evitar”.
