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El 70% de los más de 2.100 casos de covid19 en Jujuy afecta a la clase obrera. Tres de los últimos fallecimientos corresponden a un enfermero, un obrero citrícola de Ledesma y a un chofer de transporte urbano. Bajo una verdadera conmoción, los trabajadores han comenzado a transformar sus denuncias en medidas de acción directa.
El primer paso fue dado por los mineros de Exar, donde se contagió más de un tercio del personal. Si bien la mina paró casi toda su actividad apenas comenzó el brote, se retuvo a los obreros en un campamento sin las más mínimas condiciones para sobrellevar una cuarentena adecuada, con la expectativa de retomar la producción. Cansados de la impotencia de las “gestiones” de la burocracia de la UOCRA -casi la totalidad del personal de Exar trabaja en tercerizadas truchas-, con una suerte de pueblada obrera en el campamento lograron que la empresa se comprometa a bajar a los obreros, asegurándole hoteles para terminar la cuarentena.
A ellos le siguieron los obreros municipales de recolección de Alto Comedero, que ante un caso positivo en su sector tomaron el canchón municipal hasta que el gobierno municipal capitalino accedió al testeo de los compañeros del obrero contagiado y la entrega de insumos de bioseguridad. El Seom denuncia que en toda la provincia ya hay más de 40 casos de trabajadores municipales contagiados y que en muchos casos no se cumplen los protocolos de bioseguridad.
Ante los casos en diversos supermercados de Libertador General San Martín, una asamblea en el súper Comodín, que amenazaba con extenderse a otros establecimientos, logró el testeo de todo el personal y el cierre de los lugares de trabajo hasta que no se garanticen los protocolos adecuados.
La UTA debió declarar un paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno y las patronales aseguren las adecuadas condiciones de bioseguridad y tratamiento de los casos positivos; el gobierno frenó la medida decretando la conciliación obligatoria. El chofer fallecido denunció previamente por redes sociales que lo mantuvieron aislado en su casa sin atención alguna y sólo fue internado una vez que el virus ya había hecho estragos. Algo similar sucedió con el obrero citrícola, quien falleció antes de recibir el resultado de su testeo.
Todas estas acciones obreras se suman a las movilizaciones, “aplausazos” y quites de colaboración del personal de la salud, que sólo así viene obteniendo los aún escasos insumos de trabajo y la contratación de más personal. Estas luchas obreras han obligado al gobierno a tomar medidas cosméticas como multas irrisorias a Exar y una posterior denuncia penal contra esta multinacional, o una reducción insignificante del ritmo de trabajo en el Ingenio Ledesma.
La situación en los lugares de trabajo empeorará bajo el pronóstico gubernamental sobre un mayor crecimiento de la curva de contagios. Un importante sector del movimiento obrero constituye una “población de riesgo”, pero las patronales los obligan de todos modos a trabajar a través de sus médicos laborales.
Uno de los lugares donde la situación es explosiva es en el complejo Ledesma, que detenta más de 50 contagios, 2 obreros fallecidos y casi un centenar de obreros en cuarentena. Los contagios siguen porque el gobierno metió una conciliación obligatoria ante el paro decretado por el sindicato azucarero, SOEAIL, quien ahora realizó una denuncia penal contra su patronal. Por la cantidad de obreros enfermos, en cuarentena y auto licenciados por miedo a contagiarse, hay sectores que están sobrecargados y llegan a realizar “triple turno”. El responsable de la obra social del sindicato ha reconocido que no dan abasto y se ha pronunciado por el cese de la producción, mientras la directiva plantea sólo la reducción de los ritmos de producción.
Los obreros de La Esperanza, después de 16 contagios, comienzan a reclamar test masivos y lo mismo exigen los obreros de la finca El Chalicán, donde ya hubo un caso positivo. Ante el surgimiento de 56 casos en mina Pirquitas y Chichillas y 4 en mina EL Aguilar, la población y varias organizaciones y comunidades originarias reclaman el cese de la actividad, por exponer a toda la población circundante a más contagios.
Donde se tomaron medidas colectivas y de acción directa, se ha podido limitar la desidia patronal y estatal. Es necesario reforzar esta línea de acción y extenderla a cada lugar de trabajo para garantizar el establecimiento y cumplimiento de protocolos obreros, la paralización de la actividad ante los brotes, la adecuada e inmediata atención médica de los casos positivos, el freno a la sobre la sobre carga laboral, etc. Así como se tiende a superar la parálisis que imponen la mayoría de las direcciones sindicales a sus bases, es necesario superar la atomización del movimiento obrero, coordinando desde abajo todas estas luchas en defensa de la salud y la vida obrera.
