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Ecuador espera hacer efectiva la reestructuración de la deuda externa con los bonistas extranjeros. La propuesta presentada cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como un gran grupo de acreedores, entre ellos, Blackrock. Entre quienes se oponen se encuentran el grupo GMO y Contrarian Capital, que han iniciado frustradas acciones judiciales en Nueva York contra Ecuador.
Esta renegociación fue encarada por el gobierno de Lenin Moreno luego de encontrarse con un default virtual por la acumulación de pagos sobre capital e intereses, que en 2020 ascienden a más de 1.000 millones de dólares. El grupo de bonistas con el que se ha entablado las negociaciones representa un 33% del total de la deuda externa de Ecuador, equivalente 17.375 millones de dólares. La deuda total asciende a aproximadamente 60.000 millones.
Acuerdo
El presunto acuerdo debe pasar la aprobación de los bonistas, para ello precisa de la aceptación del 66% por lo menos en la enorme mayoría de los bonos (2020-2030) a excepción del bono 2024 que precisa de la aceptación del 75% de los bonistas. El rechazo sobre este bono podría dejar sin efecto la negociación completa, lo que deja a las claras la fragilidad de Ecuador.
GMO y Contrarian Capital, tenedores de un 3% del total en negociación, iniciaron una demanda en Nueva York que fue denegada por la justicia. Lo cual ha resultado en un “espaldarazo” para cerrar la reestructuración, que ya fue aceptada por más del 60%, muy cercana a su aprobación. Aunque debe esperarse al lunes 3 de agosto.
En sus cláusulas, el gobierno celebra que conquistó 5 años de “gracia” para comenzar a pagar y una quita de capital equivalente a 1.500 millones de dólares, 10% del total. Los intereses disminuyen de un promedio de 9,3% a 5,2% anuales. Estos no se suspenden durante la “gracia” sino que se acumulan, por lo cual al finalizar el hipotético pago habrán significado un aumento superior a la quita. Estas tasas, aun rebajadas, son altamente usurarias si tomamos la referencia mundial del 0%, tendiente a convertirse en negativa.
La cuestión de fondo sobre el nivel de aprobación de la deuda ecuatoriana, así como el apoyo del FMI, está incluido en los términos propios del acuerdo. En primer lugar, el plan económico del FMI para Ecuador, consiste en el recorte de gastos sociales equivalente a 16 mil millones de dólares durante los próximos 10 años (1.600 millones por año). A su vez, incluye los medios para su implementación, ´reformas´ jubilatorias, laborales y educativas. Lo que constituye un ataque en regla al conjunto de las conquistas obreras del último siglo.
Por otro lado, el gobierno ecuatoriano ha aceptado que no incorporar las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs), lo cual habilita demandas judiciales inmediatas en Nueva York en caso de incumplimiento del acuerdo por parte de Ecuador. Los negociadores han reconocido la incapacidad de pago del Estado para la tribuna.
Bancarrota
El Estado ecuatoriano se encuentra en bancarrota. Le debe a todas las categorías del Estado, desde gobiernos seccionales (municipios) hasta a los empleados públicos, los proveedores estatales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se trata de 3.513 millones de dólares; al IESS se le adeudan 1.068 millones (Primicias, 30/7).
Los gobiernos seccionales, a los que se adeuda a las 221 alcaldías, amenazan paralizar las obras públicas en marcha. El Ministerio de Finanzas ha buscado saldar esas deudas con bonos, sin conseguir la aceptación las alcaldías y los proveedores, así como el IESS, porque enseguida habrían cotizado por debajo del precio de emisión.
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