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El arreglo de deuda (todavía verbal) entre el gobierno y los acreedores con legislación extranjera no ha servido para abatir al dólar paralelo – tampoco para generar una caída significativa del riesgo país, el cual termina la semana con una nueva subida. La clase capitalista celebra la capitulación ante los bonistas, pero otra cosa muy diferente es apostar a un relanzamiento económico. Las bases de la bancarrota económica y social permanecen inalteradas.
El gabinete de Guzmán-Fernández festeja haber despejado el horizonte inmediato de pagos de deuda externa. Ello no resuelve, sin embargo, la ausencia de financiamiento para un Estado quebrado, y que, pandemia y rescates capitalistas mediante, podría terminar 2020 con un déficit del orden del 10% del PBI. Concluido el período de mayores ingresos por exportaciones agrarias, Argentina volatilizaría al escaso superávit comercial reunido en estos meses. Cualquier reactivación económica implicará una suba de importaciones que no tienen con qué ser financiadas. Las posibilidades de un salto en las exportaciones, por otra parte, están condicionadas por el escenario catastrófico de la economía mundial. Una devaluación estiraría los escasos dólares disponibles, pero sólo para licuar el gasto del Estado, a costa, claro, de echar nafta al fuego de la inflación. Ese caldero, de todos modos, será avivado por el progresivo desmantelamiento de la “cuarentena económica” dictada con la pandemia. En los próximos días, el gobierno prevé un aumento de las naftas, mientras diseña un nuevo régimen de “incentivos” a las gasíferas, que conducirá a una redolarización de sus precios. Como con Macri, la nueva e incierta apuesta a Vaca Muerta viene montada en un tarifazo.
En este contexto explosivo, comienza a discutirse la próxima negociación con el FMI, por la deuda de 44.000 millones de dólares cuyos vencimientos se concentran entre 2021 y 2023. La postergación de estos pagos en un horizonte de tiempo mayor obligará al gobierno a un “programa de facilidades extendidas”, que coloca a la política económica del Estado como garantía de pago de los compromisos futuros. Como ocurriera al inicio de las negociaciones con los bonistas, Guzmán ya está rechazando eventuales “condicionamientos” a los presupuestos futuros. Pero lo que nunca ha estado afuera de la agenda del ministro -y tampoco de la del FMI- es una reforma previsional. En señal de ello, el gobierno debutó con la derogación de la movilidad jubilatoria, para reservarse la facultad de llevar adelante aumentos por decreto (y por debajo de la inflación). Hacia adelante, el acuerdo con el FMI contemplaría un reordenamiento reaccionario de las jubilaciones con un mayor alcance: según se informa, funcionarios argentinos y del Fondo coincidirían en “repensar el sistema previsional” y “hacerlo inclusivo” (LPO, 27/7). El FMI plantea, en primer lugar, una elevación definitiva de la edad jubilatoria, desenganchar los haberes del salario en actividad y, a la vez, elevar el “nivel de ahorro” de las personas en previsión de su pensión futura. Naturalmente, no se trata de restituir aportes patronales, sino de promover las jubilaciones privadas como complemento de los haberes de miseria de la jubilación estatal. En otro orden, hay que decir que BlackRock es el primer jugador mundial en el negocio de las pensiones privadas. El nuevo golpe sobre el régimen previsional estatal cumpliría dos funciones: de un lado, liberar recursos para el pago de la deuda; del otro, crear las condiciones para el filón capitalista de los fondos de pensión. Además, la entrega del régimen jubilatorio al FMI podría servirle a Guzmán-Fernández para guardarse algunas “monedas” en beneficio de la gran burguesía, que exige ser subsidiada y rescatada con los fondos del Estado.
A nadie escapa que el escenario de la normalización “postpandemia” -tarifazos, devaluación, FMI- plantea una conmoción social y política. Los trabajadores deben enfrentarla con un programa y una acción independiente.
