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El Juez Federal Villafuerte Ruzo, que viene siguiendo el delito ambiental en Pergamino como consecuencia de las fumigaciones con agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas, en las últimas dos semanas, se ha expedido sobre diferentes aspectos relacionados con la causa judicial.
En principio, dictó el embargo por 5 millones de pesos a cuatro productores del partido de Pergamino por infringir la disposición judicial de agosto de 2019, que prohíbe la aplicación terrestre de agroquímicos a 1.095 metros del ejido urbano y 3.000 metros de forma aérea.
Desde las entidades y corporaciones agrarias salieron a pedir, por medio de un documento, “reglas y procedimientos claros”. Son las mismas entidades que se han visto beneficiadas y amparadas por el poder político y las justica. El intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio) es un reconocido lobista de estos sectores, pero el entramado recorre a todo el arco político pergaminense.
La Dirección de Ambiente Rural municipal, encargada del control de que se cumpla con los metros estipulados por la resolución de Villafuerte Ruzo, se encuentra totalmente desfinanciada por el gobierno de Martínez. Las penalizaciones de fumigaciones en áreas restringidas son la excepción y no la regla. Las denuncias efectuadas por vecinos son desatendidas, en su gran mayoría. Ante la inacción de la Dirección de Ambiente Rural, Villafuerte Ruzo firmó el procesamiento y el embargo por 3.000.000 de pesos del ex titular y ex auditor por incumplimiento de funcionario público, ya que, ante la pasividad de estos, se llevaron adelante fumigaciones en áreas de exclusión, desde el año 2015, cuando el límite para fumigar era de tan solo 100 metros.
El entramado empresarial, político, judicial es el que permite este tipo de acciones por parte de los productores y empresas.
Estudios realizados por miembros del CONICET dan cuenta que el agua de red de Pergamino contiene, por lo menos, 19 agroquímicos. Esto se suma a que el nivel de arsénico en agua en la región es nueve veces superior a los valores aceptables. Derivado de esto último se desprende otra medida tomada, en los últimos días, por Villafuerte Ruzo, en el marco de delito de Contaminación Ambiental, por la que obliga a realizar análisis de sangre y orina a vecinos de cuatro barrios afectados por las aplicaciones de agroquímicos. Los vecinos de estos barrios han desarrollado diferentes patologías respiratorias, epidérmicas, alergias y se han contabilizados un número superior a la media de casos de cáncer. La realización de los análisis había sido votado en el HCD en el 2018 y debían ser ejecutados y financiados por el gobierno municipal. La efectivización de esta medida es una demanda que vienen levantando las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino.
Lo motivos detrás de esta medida judicial, son “la posibilidad que los vecinos puedan portar un riesgo biológico establecidos por las sustancias y significar el desencadenamiento de una enfermedad, daño genético o incluso diversos trastornos de salud” (primeraplana.com.ar)
Es imprescindible defender el cumplimiento de las restricciones a las fumigaciones en zonas urbanas y la inmediata realización de los análisis de sangre y orina a los vecinos afectados por los agroquímicos. Esto debe ser acompañado por una activa movilización y deliberación, teniendo en cuenta los limites insalvables de la judicialización de las luchas. En la agenda inmediata de los trabajadores debe estar presente poner en pie asambleas en todos los barrios afectados, que desentrañe las responsabilidades materiales y políticas, llevando una clarificación al conjunto de la población. Estas asambleas deben actuar como agentes de control, ante la pasividad y la connivencia del gobierno municipal.
La aplicación de fitosanitarios en zonas periurbanas responde a los intereses capitalistas que hoy dominan la producción agropecuaria, que mantienen estrechos lazos con el capital financiero e imperialista. Son estos sectores que han desplazado a la “oligarquía con olor a bosta”, los que buscan reducir los costos de producción a expensas de la salud. Los importantes avances tecnológicos desarrollados en materia agrícola, en manos del capital implican una regresión para la salud de aquellos que viven en zonas aledañas a las cultivables y de los trabajadores. Se impone como salida, la expropiación sin pago, de toda tecnología aplicada, la nacionalización de la producción agrícola y la centralización de la misma bajo control de los trabajadores.
