Tiempo de lectura: 3 minutos
La crisis política del gobierno de los Fernández ha encontrado un nuevo condimento, la toma de tierras. No solo ha generado choques con la oposición de Juntos por el Cambio, y algunos gobernadores “independientes”, sino que ha generado un choque al interior de la propia coalición gobernante.
La toma en Villa Mascardi, en las cercanías de Bariloche, ha enfrentado a la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con la Gobernadora de dicha provincia, Arabela Carreras y el senador (ex Gobernador), Alberto Weretilneck. Ambos se movían en la órbita del “albertismo”.
Frederic habría efectuado el mismo sábado una denuncia contra la manifestación convocada por propietarios de la zona, quienes pretendían protagonizar un desfile armado contra las tomas. La denuncia fue desestimada por la propia Justica, pero no evitó agudizar los choques con el gobierno provincial. Como se trata de terrenos fiscales, dependen directamente de Nación y de las acciones que ejecute la ministra Frederic. Frederic ha dicho que la ocupación de tierras no corresponde al ámbito de la seguridad sino de que es un asunto de hábitat.
A esta cruzada se ha sumado Juntos por el Cambio y Sergio Massa, quien pidió “el respeto a la Ley y la Constitución”. Massa planteó la posibilidad de impulsar la quita de todos los beneficios sociales (AUH, IFE) a quienes sean identificados ocupando tierras, apuntando a las numerosas ocupaciones en territorio bonaerense.
Mientras Kicillof declaraba que no podía desalojarse a mansalva, Sergio Berni dijo que “en la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten” (Télam, 01/09).
“Déficit habitacional”
Aunque Frederic dijo que “la toma de tierras no es un tema de Seguridad”, sino de déficit habitacional, aseguró que, si la justicia lo ordena, procederá con los desalojos (Infobae, 31/08). Kicillof se anotó en este mismo campo. Atribuyó las causas de las ocupaciones a las obras de viviendas inconclusas de JxC (La Nación, 01/09). Berni, luego de hacer el saludo a la bandera al déficit habitacional, agregó que “quien ocupa comete delito e irá preso”. Los intendentes de la provincia exigen los desalojos.
Lejos de los cruces mediáticos, ningún funcionario ha respondido sobre el hecho fundamental, esto es, el derecho a la vivienda. Ninguno arrimó alguna propuesta para paliar el déficit habitacional que reconocen. En este punto, la orientación del gobierno y la oposición no encuentra grietas, el sostenimiento de los negociados capitalistas con las tierras y la especulación inmobiliaria. La pandemia ha dejado al desnudo, como nunca, que los sin techo son millones.
Las contradicciones del régimen son insuperables. En Villa Mascardi, se acusa a la comunidad mapuche de ocupar reservas naturales. Pero en varias provincias del país arden los humedales y las sierras. El Estado solo pone el grito al cielo cuando es la clase obrera la que ocupa tierras en defensa de su vida.
No debe sorprender que las ocupaciones se hayan propagado en medio de la pandemia. La imposibilidad de tener una vivienda, la incapacidad de hacer frente a un alquiler producto de los despidos, las suspensiones y los recortes de salario hace insoportable la vida para los trabajadores. La situación se agrava bajo la amenaza de un virus que progresa entre las viviendas precarias y el hacinamiento. Quienes son empujados a protagonizar ocupaciones, lo hacen reclamando su derecho elemental a la vivienda y a la vida. Esta es la problemática ausente en el cruce de funcionarios.
Los negociados con las tierras fiscales y las tierras ociosas solo podrán ser barridos por los trabajadores. Los choques al interior de la coalición gobernante demuestran su incapacidad para arbitrar en los sucesos propios de la crisis, que se verán agravados al calor de los acuerdos con los acreedores externos y el FMI.
La lucha por la vivienda impone la discusión de un plan de viviendas y urbanización, la creación de un banco de tierras públicas y ociosas bajo dirección de los trabajadores sin techo ni tierra, medidas que solo podrá afrontar un gobierno de trabajadores.
