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En el hospital materno neonatal Eloísa Torrent de Vidal de la capital correntina -adonde fue derivada desde Monte Caseros- van a hacer parir a una nena de 10 años. La nena “cursa la semana 38 de un embarazo «monitoreado» y en buen estado”, se contentan en el hospital. La nena está acompañada por su madre y una abuela. El violador, su padrastro, está preso desde principio de año.
El caso, dice Télam, “había sido judicializado desde que comenzó la gestación y “tomado por un equipo de embarazo adolescente del hospital” desde marzo. (Télam 2-9)
Pero sucede que no hay ninguna adolescente: es una nena de 10 años. Y esta vez no corre la excusa de que llegó con un estado avanzado de gestación: la Justicia y el hospital saben del embarazo desde marzo.
El juez que atiende en la causa, Eduardo Alegre, se ataja: dice que, según los psicólogos, “la víctima no evidenciaba un gran trauma” (sic). Y que la nena y la madre le “comunicaron su decisión de seguir adelante con la gestación” aunque desde la Justicia se les informó “la posibilidad de interrumpir el embarazo”.
Lo que el juez no dice es que, efectivamente, en el hospital le ofrecieron hacer un aborto. Y también le explicaron minuciosamente en qué consistía, que iban a pincharla y a ponerle suero. “La niña se asustó, se puso a llorar y dijo que no, que no quería que la pincharan” (Página/12, 3/9). La madre le contó a una activista feminista de la zona, Esther Dotro, que la médica le dijo que era sumamente riesgoso hacerle un aborto, más riesgoso que continuar con el embarazo.
Corrientes es una provincia provida. “El equipo de embarazo adolescente” dejó aviesamente que avanzara la preñez, a sabiendas de que los peligros se potencian en el embarazo infantil y que una nena de esa edad se juega la vida en el parto. Mientras, las funcionarias de género miran hacia otro lado.
No se aguanta más. No hay que aguantar más.
¡Aborto legal ya!
