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El colapso del sistema sanitario del departamento de Orán, ante la propagación sin freno del covid-19, está provocando una creciente reacción obrera y popular. Por segunda noche consecutiva, miles de vecinos y trabajadores se manifestaron con cacerolazos y bocinazos en todas las localidades y barrios del departamento. Denuncian el vaciamiento del sistema de salud y la desidia del gobierno provincial y municipal ante su colapso.
El departamento de Orán suma más de 800 casos de covid 19 y más de 60 muertos en el departamento – 47 solamente en la ciudad de Orán.
Tal como lo denunciaron los trabajadores de la salud, el hospital San Vicente de Paul está muy lejos de cubrir la creciente demanda de asistencia sanitaria. El mentado reforzamiento del sistema de salud fue insignificante y no pudo revertir una situación de colapso y vaciamiento previo a la pandemia de covid. Este hospital recibe los pacientes de todo el departamento porque en las demás localidades el vaciamiento es peor y ni siquiera existen condiciones adecuadas de aislamiento.
Aun así, el gobierno provincial aún no habilitó el colegio Osvaldo Pos como hospital de campaña, a pesar de haber sido “inaugurado” dos veces. A cuatro meses del inicio de la pandemia, solo existen 30 camas con respiradores, de las 120 prometidas, según el propio gerente del hospital de Orán.
Los trabajadores toman la iniciativa
Mientras el gobierno niega el colapso y no hace nada para revertirlo, los docentes autoconvocados se han puesto a la cabeza de campañas solidarias y colectas para comprar oxígeno, siendo un claro ejemplo de la pulsión de vida surca a los trabajadores. En una jornada de colecta conquistaron 50 mil pesos para la compra de tubos de oxígeno, un esfuerzo colectivo inmenso. De manera simultánea montaron todo un esquema de asistencia solidaria a los docentes contagiados.
En este cuadro, los municipales en Orán resolvieron un quite de colaboración frente al contagio de uno de sus principales delegados autoconvocados, Ruben Tolay. Los municipales de Colonia Santa Rosa, tras la muerte de un obrero municipal impusieron un régimen de turnos, la reducción de la jornada de trabajo y la distribución de los elementos de bioseguridad que el municipio no garantizaba. Los obreros del ingenio ex Tabacal (Seaboard E.R) pararon por 24 horas tras la muerte de un obrero por covid-19. La patronal yanqui se niega a informar cuántos obreros están aislados y no cumple ningún protocolo de seguridad bajo el encubrimiento de los ministerios de Salud y de Trabajo.
Satisfacción de los reclamos
Bajo este cuadro de desastre, la docencia autoconvocada ha comenzado a discutir si es necesario exigir la renuncia del intendente González quien se encuentra literalmente borrado en esta crisis y que defiende por lo bajo planteos de tipo bolsonaristas, dando vía libre a los contagios. Lo que se expresa formalmente como un problema de gestión, remite a la crisis y el impasse de todo un régimen político y social que no se soluciona con un mero cambio de figuras, ya sea bajo una intervención provincial o bajo la sucesión del mandato previsto por la carta orgánica municipal.
Es necesario antes que nada impulsar a fondo la organización de comités de trabajadores en cada uno de los lugares de trabajo y las barriadas que comienzan a deliberar y reclamar contra el colapso sanitario en curso y que tenderá a agravarse. El reclamo de los recursos necesarios para el correcto aislamiento social para todas las familias que lo necesiten, la paralización de toda actividad productiva que no respete los protocolos, la habilitación de hospitales de campaña que sean necesarios para atender desde el primer síntoma a los enfermos y sospechosos de covid, la reducción de la jornada laboral y la contratación bajo convenio y planta permanente del personal de salud necesario solo puede ser impuesto por medio de la lucha.
Los esfuerzos solidarios por obtener los recursos y determinar su correcto uso plantea la necesidad de gravar a los grandes capitalistas y terratenientes de la zona, comenzando con la Seaboard, el Banco Macro y las grandes fincas, sobre todo sojeras y cañeras y establecer un control obrero y popular sobre el conjunto de los recursos que el estado destina para salud y la defensa de la vida de la gran masa de la población: los trabajadores. La conversión de la enorme bronca y deliberación que recorre a la clase obrera oranense en una fuerza social organizada capaz de imponer todas sus reivindicaciones, plantea la necesidad de coordinar las diferentes luchas y reclamos parciales y la preparación de un congreso de trabajadores que resuelva su propio programa de salida a la catástrofe social a la que nos arrastra el gobierno de Sáenz y todo el régimen político.
