Tiempo de lectura: 3 minutos
El lunes se realizó la llamada “Caravana 7S” en la cual sindicatos (CUT, CGT, CTC, CDP) y organizaciones sociales salieron a las calles a protestar contra la reforma previsional y laboral impulsada por el presidente Iván Duque. La marcha fue convocada por las centrales obreras y Fecode (Federación Colombiana de Educadores), quienes movilizaron en Bogotá y otras ciudades del país, como Barranquilla, Cali y Medellín. La Confederación General del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajo protestaron en rechazo al Decreto 1.174 de reforma laboral y provisional.
Los reclamos incluían el cese de la masacre (ya se contabilizan 46 asesinatos en lo que va de 2020) contra los líderes sociales y jóvenes en todo el territorio nacional. También por la renta básica de emergencia para 9 millones de hogares. Las organizaciones convocantes apoyaron a la huelga de 5.500 trabajadores del carbón, la mayoría afiliados a Sintracarbon, empleados por la multinacional CerrejonCol en La Guajira (noreste), que se encuentran en huelga por el reclamo de mejores salarios y otros beneficios. A la par se denuncia el regalo de 370 millones de dólares del gobierno a Avianca, mientras millones de colombianos no reciben ingreso alguno y se encuentran sumidos en la pobreza (20% de desempleo) y el hacinamiento en medio del peor momento de la pandemia.
Reforma laboral por decreto
El decreto 1.174 sobre “pisos de protección social”, disminuye hasta un 35% los ingresos de los trabajadores en las nuevas contrataciones laborales. Desde la CUT dijeron que “este hecho atenta contra el derecho de asociación, pues cuando el patrono vea que se están sindicalizando los trabajadores no los vuelve a llamar, logrando debilitar su organización” (Telesur, 3/9). El decreto acaba con la indemnización por terminación unilateral del contrato y con el pago de incapacidades y licencias. En caso de enfermarse o accidentarse, el trabajador no recibirá ingresos.
Desde las organizaciones de la Mesa del Paro dicen que el decreto “promete un supuesto piso de protección social. ¿Cuál piso? sin pensión ni vejez digna, sin derecho a licencias de paternidad o maternidad, sin protección ante accidentes o enfermedades laborales”. Las centrales obreras dicen que el decreto acaba con la jornada de trabajo de ocho horas, impone el trabajo por horas y días y acaba con el salario mínimo legal, representa “la entronización de la ilegalidad bajo la protección de la Ley” (ídem).
Apertura indiscriminada
El gobierno de Duque, que abrió aún más la economía mientras los casos siguen creciendo. Mientras Duque impulsa el “aislamiento selectivo”, advirtió que prohibiría las movilizaciones y los aglomeramientos de personas. En Bogotá, la alcaldesa progresista, anunció el decreto 193 cuyo artículo 13 prohíbe toda concentración y manifestación pública; pero no prohíbe las mismas concentraciones que se hacen todos los días en el transporte público, en las calles, empresas o fábricas. La represión durante los últimos paros generales no se hizo esperar y fue realizada con el siniestro escuadrón antidisturbios ESMAD, que se cobró la vida de varias personas, también en tomas de tierra en Bogotá. Previendo este escenario, los organizadores le han pedido a las personas que vayan en sus autos, motos o bicicletas para evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos y medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus (AS, 7/9).
Duque se vio obligado a declarar la cuarentena el 25 de marzo en medio de un cacerolazo y de la posibilidad de toques de queda en diferentes ciudades, y una nueva fecha de paro nacional. Sin embargo, los sectores clave de la acumulación capitalista nunca pararon. Alcaldes “progresistas” como la alcaldesa de Bogotá, aceptaron estas medidas de reapertura y beneficio a los grandes capitales en detrimento de la salud pública y la prevención, transformando la salud pública en un asunto de “responsabilidad individual” y al crecimiento de la mortalidad en un problema de “conductas ciudadanas”.
Los asesinatos de líderes políticos, indígenas, campesinos y ambientalistas crecieron como nunca, deshaciendo el ya derruido acuerdo de paz firma un par de años antes. El presupuesto de defensa cuadruplica a salud. El 21 de agosto estudiantes marcharon en Bogotá y otras ciudades contra las masacres realizadas por el ejército en distintos puntos del país, y fueron reprimidos.
El próximo año, el 25% del presupuesto irá a pagar deuda externa. Mientras tanto, se discute una “renta básica” que no sería universal ni básica, porque no responde a cubrir las necesidades de la canasta básica. Sectores de la oposición y de la izquierda se han subido a esta propuesta pero “como parte de un plan de emergencia ante la pandemia” (PST, 4/9). Sin embargo, no hay plan de emergencia que no arranque de garantizar un ingreso mínimo igual a la canasta básica y no sólo “garantías mínimas para los más golpeados por la pandemia” (ídem).
El Gobierno se encuentra en una crisis profunda. El ejército está en el banquillo de acusados por masacres, violaciones y narcotráfico. La mano derecha del gobierno, el expresidente Uribe, enfrenta un juicio que puede acabar con su carrera. Duque, su “delfín”, es acusado de haber comprado las últimas elecciones y de promover la llamada “ñeñepolítica” y puede correr la misma suerte que aquel. Los paros generales del año pasado fueron los primeros en 40 años y han significado un terremoto político que no merma. Sólo la tregua por parte de las centrales y la Mesa del Paro le han permitido sostenerse en el poder.
