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La asonada policial puso de manifiesto una cuestión central dentro del convulsionado escenario político, económico y social que vive la Argentina: el salario. De repente, el país se desayunaba -o mejor dicho los más “distraídos” en la cuestión salarial se enteraban- de que un salario de $35.000 está muy por debajo de la canasta básica familiar.
En pocas horas la pandemia pasó a un segundo plano y uno de los reclamos obreros más elementales, del que depende la vida misma, se empezaba a abrir paso. Por esas ironías de la historia, no era la clase obrera o los desocupados, es decir los que luchan y defienden todos los días el salario y luchan por trabajo digno, sino el brazo represivo del Estado, los que ponían el tema en la agenda. A esta altura la contradicción no podía ser más fenomenal: los que resguardan a rajatablas los intereses de los hambreadores de toda calaña salían ahora a reclamar que su sueldo de $35.000 no alcanza para vivir. La realidad de miles.
Sin embargo, acá hay que hacer un punto de quiebre. La policía reclama mejores salarios para llevar adelante su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ser el brazo armado del Estado. ¿Se pueden compatibilizar este reclamo con los que levanta la clase obrera? No hay compatibilidad. Si la policía plantea recibir mejores salarios, seguirá teniendo dentro de sus tareas reprimir al trabajador, al desocupado, desalojar una toma de tierras, es decir para seguir siendo los garantes de la ley y el orden. Es obvio que lo necesita también porque tiene cuentas que pagar, comer, vestirse, pero no podemos poner un signo igual entre el trabajo que ellos realizan y el que hace un obrero de fábrica, docente, trabajador de la salud, o el que sale todos los días a ganarse el mango y ni siquiera recibe salario.
Porque incluso, lo que no se ve, a esta altura, y que podría ser un punto al menos de apoyo, es que haya un movimiento, aunque sea de tintes moderados o reformistas al interior de la fuerza que ponga en tela de juicio el accionar mismo de una institución del Estado podrida hasta la medula. En este sentido Trotsky aborda el punto: “La posibilidad eventual de un compromiso efectivo de una parte de la policía para no reprimir a los trabajadores e incluso rebelarse ante esa orden, sólo es posible en una situación de lucha de clases aguda (es decir revolucionaria) que produzca el quiebre y descomposición del Estado y de sus instituciones coercitivas y la radicalización política y social de las grandes masas”. El punto es clarificador. Asistimos a un quiebre fenomenal del Estado capitalista en descomposición, queda pendiente que avance una lucha revolucionaria contra ese mismo Estado. Los trabajadores debemos tomar como ejemplo el reclamo salarial, entender que el dinero está y abrirnos pasos con nuestros propios métodos para conquistar las mejoras que, con armas en la mano, consiguen los efectivos policiales, esos esenciales del orden de una clase parasitaria que vive expropiando a las grandes mayorías del país, pero en la comprensión que a medida que salgamos a luchar nos encontraremos con un reforzamiento del aparato represivo que empieza a mostrar sus fisuras. Sobre los movimientos desestabilizadores Las fuerzas de seguridad pusieron sus patrulleros en la quinta de Olivos y otros puntos, manifestándose con las armas que el mismo Estado les brinda. Este hecho por sí mismo representa una intentona desestabilizadora/sediciosa que, sin embargo, lejos estuvo por poner en jaque el sistema democrático. Y los efectivos lo saben bien por eso uno de los puntos centrales del reclamo es que no se avancen con sanciones a los que participaron del reclamo. Borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada. El gobierno, tanto provincial como nacional (que tuvo que salir en auxilio del primero) tuvo que recular en cada uno de los puntos, especialmente en el tema del salario y parece que no avanzará en sanciones. En la cuestión salarial, lejos de desactivar la bomba la patea para delante. La gran masa de trabajadores que cobra miserias no se tragara el sapo y sabe bien que si los policías pudieron conseguir el aumento también tiene que haber para todos, por eso más temprano que tarde la cuestión se pondrá nuevamente sobre la mesa. Además de la cuestión salarial, la conclusión fundamental que debemos sacar es que el giro derechista es más que claro, no por parte de la sociedad (salvo aquellos sectores que piden más mano dura), sino del gobierno y las variantes de oposición que se presentan en la disputa. Si no fuera poco que días atrás se anunciaba un mega plan de seguridad ahora vienen los aumentos salariales. Además, lejos de repudiar los intentos desestabilizadores han salido a negociar con los “golpistas”. No se nos puede pasar por alto que este amotinamiento se produce cuando la bonaerense es denunciada por su brutalidad en las barriadas que tuvo su máxima expresión en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro y los más de 90 casos de gatillo fácil, y cuando se abren paso los discursos de mano dura incluso desde el mismo seno del gobierno. Para agregar un dato, otras provincias han avanzado con aumentos a las fuerzas represivas, una verdadera política de Estado donde no cabe la grieta. Sin duda hay un quiebre al interior del Estado y de la coalición de gobierno. Una crisis que raja las paredes. El amotinamiento policial es la muestra más palpable de esa quiebra y no deja de ser un episodio en la línea de la bolsonarizacion de la política que predomina a nivel más general. Es importante empezar a advertir estos giros para prepararnos para los desafíos que tenemos por delante. El escenario está más abierto que nunca y con una pandemia en el medio que amenaza con llevarse todo puesto. Los trabajadores debemos discutir una salida propia que arranque por la cuestión salarial y siga con todas las demandas incluidas las de los desocupados. Con nuestros propios métodos debemos darnos un curso propio a la creciente desintegración de un sistema que ya no tiene más nada que ofrecer.