La destrucción del hábitat de los trabajadores

Escribe Emiliano Monge

Tiempo de lectura: 3 minutos

Cuando comenzó la pandemia, Alberto Fernández estableció el DNU 320/20 para prorrogar los contratos de alquileres y evitar desalojos, postergando el pago de deudas acumuladas y la suba de precios, hasta el 30 de septiembre. Las deudas se siguieron acumulando, como es obvio, pero los desalojos no pararon. El gobierno demora una nueva prórroga del DNU, lo que impulsa choques entre propietarios e inquilinos. En diferentes encuestas, al menos el 25% de los inquilinos perdieron el trabajo y el 50% tienen problemas para pagar el alquiler “congelado”.

Desde marzo 2020, los alquileres temporales superan a los contratos tradicionales por primera vez en la historia - “desde la sanción de la nueva ley de los alquileres en junio de 2020, el precio promedio de un alquiler tradicional en la ciudad de Buenos Aires subió un 19,2% con 14 barrios que registraron incrementos superiores al 20% en los últimos tres meses” (La Nación, 22/9). El 70% de los propietarios prefiere firmar acuerdos a corto plazo. En el mismo lapso, los ingresos de las familias se redujeron y aumentaron las deudas.

“Zonaprop detalla que en agosto los alquileres aumentaron un 6,5% frente a julio y acumulan una suba promedio de 19,2% en los últimos tres meses” (ídem). En tanto, en lo que va de 2020 el precio de los alquileres acumula una suba del 37,6%, el doble que la inflación.

Pandemia y vivienda

La pandemia ha puesto en evidencia el carácter insoportable de la crisis de vivienda. Una vivienda propia y en condiciones es la diferencia entre el hacinamiento y la enfermedad, de un lado, y la sobrevivencia y la salud, del otro.
El problema de las tomas y de los trabajadores que alquilan se hilvana de manera conjunta. La especulación inmobiliaria y la valorización de la tierra es la responsable que se expulse a los habitantes de la ciudad hacia la provincia. A su vez, las personas que alquilan en provincia son expulsadas de sus viviendas porque no llegan a pagar los alquileres.

‘Inquilinización’

A este proceso de expulsión lo antecede un proceso de "inquilinización", o sea de pérdida de la propiedad. Según el BID, en 1991 el 22% de los que habitaban la capital eran inquilinos; en 2010 el 29,9% y ahora ese número trepó a 40% (en el país hay 9 millones de inquilinos).

La presión del mercado inmobiliario sobre este mercado creciente de inquilinos, forzó la expulsión hacia la informabilidad habitacional: miles de familias viviendo en inquilinatos, hoteles, pensiones, villas y asentamientos. Esta informabilidad habitacional fue de la mano de la creciente informabilidad laboral (44% de la población económicamente activa). En el país hay un déficit habitacional de más de 4 millones de viviendas, mientras los “booms” sojeros y la especulación inmobiliaria se volcaron a la construcción de edificios en torre, incluso si quedan desocupados – por la valorización del metro cuadrado de terreno. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la población no se modifica desde 1947, la cantidad de viviendas construidas se duplicó. Se estima que más de 1/3 de las viviendas de la ciudad están ociosas. El aumento de la densidad poblacional es un vector de epidemias, además de poner en crisis la obsoleta infraestructura urbana.

En el escenario de crisis habitacional, la Iglesia se lleva al menos 400 mil metros cuadrados por año de tierras y propiedades públicas (anred, 4/9). Mientras muchas personas pierden sus viviendas debido a las deudas, la Iglesia casi no paga los impuestos, muchas veces condonados por diversos municipios, lo que significa una subvención indirecta multimillonaria, mientras sus feligreses no poseen un techo donde dormir. La Iglesia posee 5.493 parroquias, cientos de edificios administrativos y escuelas católicas y propiedades comerciales. Casi nada fue comprado, proviene de la época colonial o donado por el estado (ídem).

También los countries fueron receptores de innumerables entregas de tierras públicas, como por ejemplo en Tigre, donde la construcción y elevación de los terrenos llevó a inundaciones y a la pérdida de su casa de muchas familias. En la Ciudad de Buenos Aires la venta de tierras se hace con acuerdo del gobierno nacional por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y se detectó la venta de 17 inmuebles a un precio menor a la Tasación del TTN, con la perdida de U$S 74.536.889. Con relación a 6 parcelas en Puerto Madero, la Sigen estipuló la pérdida de 52.375.994 de dólares en la venta de los mismos.

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