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El juez penal de La Plata Martín Rizzo finalmente postergó hasta el 1 de octubre el desalojo de las 2.500 familias que ocupan terrenos en Guernica. Aceptó el pedido de Kicillof de dilatar los tiempos para proceder de forma “pacífica” y terminar el censo que viene desarrollando el ministerio de Desarrollo. El desalojo de Guernica es considerado un “leading case” –“caso piloto”. En la provincia de Buenos Aires se registraron 351 tomas en los dos últimos meses.
La salida “indolora” de Kicillof-Larroque apunta a desgranar la ocupación en base a promesas. Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, declaró a los medios que “la provincia está pensando, a partir de todo lo que ha sucedido en los barrios populares, atravesados por la pandemia y con deudas estructurales, que esta situación de toma de tierras tiene que dar lugar a un plan integral de hábitat, y en eso estamos trabajando”. ‘Silencio, la provincia está pensando”.
El gobierno busca dividir a los trabajadores de la toma. Según los informes de los vecinos, el ministerio de Desarrollo ha “bajado” mercadería en determinados sectores de la toma (por ejemplo, en el barrio “20 de Julio”) y ofreció a algunos vecinos cubrirles el alquiler durante algunos meses, bajo un acta acuerdo, si se retiraban del lugar. Esto fue rechazado en una asamblea el día miércoles, en forma unánime. Allí se votó, además, seguir sosteniendo la ocupación.
Los intendentes, incluida la intendente de Presidente Perón, Blanca Cantero, vienen presionando públicamente desde hace semanas por el desalojo. El gobierno de Kicillof, debilitado por la marcha de la crisis política, vacila; firmó con intendentes convenios para la realización de obras de infraestructura en 44 municipios por 736 millones pesos, pero ni un peso irá dedicado a la urbanización de villas y asentamientos ni para la compra de terrenos y viviendas para los “sin techo”. La propuesta de comprar los lotes ocupados, mediante un fideicomiso, que arrimó el Movimiento Evita, fue descartada por los funcionarios provinciales como “un delirio”. La crisis de la vivienda ha acentuado los choques en el campo oficial. La “oposición” macrista, por su parte, ha sumado presión, impulsando proyectos de ley en el Congreso y la Legislatura, para suspender la asistencia social “a quienes usurpen terrenos o propiedades”.
El impasse en torno a la toma de Guernica refleja una crisis política. Por otra parte, un abismo separa las necesidades de los trabajadores de la política territorial y urbanística de los partidos de la burguesía, orientados a la especulación inmobiliaria. La firmeza de los trabajadores en la toma recorre cada uno de los lotes de los terrenos. Las asambleas y movilizaciones populares son el método para decidir cada una de las acciones a seguir. Por un comité de tomas de tierra de toda la provincia, electo en asambleas.
