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Como consecuencia de la bancarrota económica, sube la masa de trabajadores que no podrá jubilarse por no reunir los 30 años de aportes mínimos: 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 varones, a menos de 5 años de la edad jubilatoria, están en condiciones de hacerlo.
Mientras el Estado paga la deuda externa (ajustando sobre el gasto social), utiliza al Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSeS, que deberían destinarse a los jubilados, para rescatar al Tesoro Nacional, o para comprar bonos que descapitalizan al FGS. La privatización del sistema previsional es el objetivo de grandes fondos de inversión, que a su vez negocian la deuda externa pública y privada.
A la descapitalización creciente de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), se suma que , debido a la mala liquidación de los haberes, hay más de 300000 juicios activos e ingresan nuevos reclamos por reajustes de haberes(reforma de Macri de 2017, decretos de A.Fernandez, cuando asumió). La descapitalización se profundiza, ya que el Estado mira para otro lado frente a la evasión y el trabajo no registrado, y permite evadir aportes patronales y contribuciones sociales a las empresas de todo porte. El argumento de estas reducciones es que una menor “carga impositiva” (como si los aportes patronales no fueran parte del salario) permitiría crear más empleo. Sin embargo, la realidad de la crisis capitalista demostró que el empleo siguió cayendo, a la par de la informalidad. El mismo argumento se utiliza para los salarios mientras el 50% de los trabajadores cobra menos de 33.000 pesos.
De 8millones de personas entre 45 y 60 años, sólo 3,1 millones hacen aportes previsionales regulares. De los 2 millones de personas que les faltan 5 años para jubilarse, sólo 339.591 (16%) llegan a los 20 años de aportes (https://políticaobrera.com/políticas/2708-jubilación-del-presente-y-del-futuro). Como salida, el gobierno propone una nueva moratoria.
Jubilación, de salario diferido a miseria
La propuesta de la moratoria no es novedosa ya se habían dictado 2 leyes de moratoria: en el año 2014 por la Ley 26.970 que en el 2019 se prorroga por 3 años; y la ley 24.476 dictada en 1995, ambas con vigencia actual.
“En el 2008 se estatizó el sistema luego que las AFJP insumieran un costo directo en torno a los U$S8.000millones, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los 90 que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la ANSeS el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.”(Clarín, 14/9). El dinero del saqueo de las AFJP y de las empresas que no cumplen con sus cargas impositivas y laborales, es financiado con la reducción de haberes.
En el 2016 se aprobó la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) para los trabajadores que tienen la edad jubilatoria pero no los aportes suficientes, pero significa cobrar el 80% del haber mínimo ($14.503) –es decir bordear la indigencia. La prestación que más crece es ésta. El objetivo de los diferentes gobiernos es generar ingresos de mera subsistencia mientras la pobreza y la indigencia continúan creciendo.
La moratoria previsional está hilvanada con la futura reforma previsional, que implica la movilidad decreciente de las jubilaciones frente a la inflación y un aumento de la edad jubilatoria. La moratoria es el golpe letal a los recursos del Anses, que financia al Tesoro y a las Provincias.
Moratoria y jubilación anticipada
ANSeS podría lanzar una moratoria que comprenda a quienes cuenten con la edad para jubilarse (60 años para mujeres y 65 en varones) pero les falta aportes para llegar a los 30 de piso. Además comprendería a aquellos que tienen el tiempo mínimo de aportes pero se encuentran desocupados y tienen hasta 5 años menos de los requeridos: es decir entre 55 y 59 años las mujeres y entre 60 y 64 años para los varones (Clarín, 15/9).
Tras la moratoria sería aprobada una Prestación Anticipada de Desempleo (PAD), similar a la que rigió a través de la ley N° 25.994 (2005-2007). No es la primera vez que se utiliza la excusa de una crisis económica para condenar a los trabajadores precarizados a vivir con miserables ingresos luego de décadas de aportes. A la par el gobierno liquidaría otros beneficios: “En el Congreso hay distintos proyectos de ley que proponen restablecer la PAD con los requisitos de que los beneficiarios, además de estar desocupados, no pueden tener otro ingreso” (Clarín, 15/9).
La PAD incluiría a desocupados, siempre que tengan 30 años de aportes, para mujeres de 55 a 59 años y hombres, en el rango de los 60 a 64, algo muy difícil dado el grado de informalidad y desocupación. Si acceden a la jubilación anticipada, cobrarán el 50% del haber que les correspondería con un piso equivalente al haber mínimo, hasta la edad reglamentaria. Contarán con la cobertura médica del PAMI, y derecho de pensión del cónyuge. El PAMI se encuentra completamente colapsado. Eugenio Semino advirtió que “se financia reduciendo los haberes de los que se jubilaron y se jubilan con los años de aportes completos, como vino pasando con fuerza durante 2018 y 2019 y este año con los aumentos por decreto “(Clarín, 16/9).
El objetivo del gobierno es contener las consecuencias de la bancarrota de la acumulación capitalista en el país a partir de un vaciamiento de la ANSeS. Es un retiro anticipado financiado por el Estado, que implica una quita directa del 50% de las jubilaciones, sin restablecer los aportes patronales ni cargas previsionales, atacando ANSeS y profundizando la crisis del PAMI. El Estado descarga las consecuencias de la crisis capitalista sobre la clase obrera.
Es necesaria la unidad de activos y jubilados por salarios y jubilaciones igual a la canasta básica, el 82% móvil y la restauración de los aportes patronales.
