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El gobierno ha anunciado una “política social” con pocas novedades. Ha colocado a un ex ministro K, Daniel Arroyo, al frente de Desarrollo Social. El principal líder de “Barrios de Pie”, Daniel Menéndez, será su segundo. Los ex “Libres del Sur que los secundan ya habían formado parte del gobierno de Néstor Kirchner.
El principal anuncio de “política social” es la emisión de una tarjeta alimentaria de entre 4.000 a 6.000 pesos. El beneficio, sin embargo, sólo vale para las madres con niños menores de 6 años. En una canasta de pobreza hoy calculada en 40.000 pesos, la tarjeta cubre el 10% de las necesidades. Con la inflación actual, ese refuerzo podría evaporarse en dos meses. El gobierno anunció también un programa de “microcréditos” a tasa baja, para desendeudar a las familias. Los “microcréditos” rescatarán a los acreedores de las familias, pero no resolverán la cuestión que lleva al endeudamiento crónico, que son los ingresos de miseria.
Arroyo critica el “asistencialismo”, y promete el retorno al trabajo de los actuales desocupados. Por la vía de la llamada “economía social”, o sea, emprendimientos cooperativos, ha anunciado la formación de cuadrillas barriales “a pico y pala”. Se abocarían a tareas de obra pública, pero como emprendedores, no como trabajadores con salario y convenio. Los arreglos menores de la obra pública baja sus costos en base a una gigantesca plataforma de trabajo precario.
Otro filón de esta “economía social” es el rubro de cuidados – infantiles, discapacitados, ancianos. Es la base para una política de privatización y tercerización de la atención familiar, un filón de negocios que ya ha cobrado un gran desarrollo en otros países. En Argentina, ocupa a profesionales de enfermeria desempleados o changuistas, contratados por el equivalente a oficinas de empleo, que emerge a partir de las jornadas extenuantes de los trabajadores ocupados, que los obligan a desentenderse de sus familiares desvalidos. El microemprendedor sucumbe ante la ‘empresa de servicios’, como una rueda auxiliar precarizada.
Detrás de la economía social, lo que queda es el “salario social complementario", largamente extendido por el macrismo, y que Arroyo-Menéndez ya han anunciado como viga de su política social. Es un ingreso que opera de rasero único de pobreza. Los “nac & pop” son furiosos defensores de una política que fue creada por el Banco Mundial y el FMI, para tratar la “desocupación crónica y creciente”. La creación de un colchón de trabajadores eternamente precarizados, actúa como ariete involuntario contra las conquistas de la clase obrera organizada. A esto se refiere la “cultura del trabajo” de los propagandistas del capitalismo en decadencia.
Cómo actuamos
El esquema de la “economía popular” apunta a reforzar la cooptación de las llamadas organizaciones sociales al Estado. La CTEP y otros grupos han formado una central sindical de desocupados. El sindicato de la economía popular acentúa la fractura entre la clase obrera ocupada y desocupada que viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo la burocracia sindical. La “CGT de los sin trabajo” naturaliza y consolida las condiciones de precariedad. La tarjeta alimentaria, ganará “libertad e independencia” de los comedores, dice el gobierno, que mientras alienta a la burocracia ‘piquetera’, también busca que pierda gravitación en la organización. Ahora más que nunca, está organización dependerá del desarrollo de la conciencia de clase de las familias desocupadas y precarizadas.
Ya han transcurrido dos décadas desde la emergencia del movimiento piquetero. Sus objetivos iniciales estuvieron ligados a la lucha contra el Estado y al poder político. A lo largo de un prolongado período, ha tenido lugar un proceso de cooptación por parte del estado y de punterismo.
Es necesario llevar adelante un debate en todas las asambleas y organizaciones barriales para discutir la situación que pretende crear la nueva “política social”, y darnos un programa. En oposición al ‘cooperativismo’ del ‘trabajo social’ reclamemos la jornada de ocho horas con salario y condiciones de convenio; la extensión de la asistencia alimentaria a todas las familias de desocupados, sin restricciones; el pase a planta de los trabajadores que desempeñan tareas en el mantenimiento o la obra pública municipal.
Cuando el estado se apresta a convertir la jubilación en una ‘pensión a la vejez’, la lucha de desocupados y precarizados necesita más que nunca de un programa y de organizaciones democráticas e independientes.
