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Así como las elecciones norteamericanas de noviembre tienen un alcance directamente internacional, en el que se juega buena parte del futuro político de Brasil, las elecciones municipales brasileñas del mismo mes trascienden sus marcos territoriales, para adquirir un alcance federal. El intento de transformarlas en elecciones plebiscitarias del gobierno fascistoide de Bolsonaro ha fracasado, ya que el capitán retirado y su clan de milicianos y ladrones carecen de un aparato político propio, e intervienen en ellas a través de un disparatado sistema (o antisistema) de alianzas con los más diversos colores y formaciones políticas. Para la clase obrera y los sectores populares combativos, el terreno electoral es una arena, que puede llegar a ser central, para favorecer el desarrollo de un programa y una organización política independiente, de clase, para separar a la clase obrera de la burguesía y sus sucedáneos pequeño-burgueses, como fase preparatoria para transformarse en una alternativa política para todas las masas oprimidas y para el país.
En este cuadro y con esta premisa, la gran mayoría de la izquierda brasileña se sitúa por fuera y contra este objetivo, ya que no presenta un programa de clase (propone, a lo sumo, un programa tributario) ni candidaturas independientes, ya que se presenta en colisión con políticos y formaciones burguesas, en ocasiones declaradamente reaccionarias, llegando al colmo de hacerlo con candidaturas directamente oriundas de los aparatos represivos del Estado, en un país donde poseen su propio foro judicial y donde la represión social, étnica y hasta de orientación sexual roza los límites del genocidio. El fortalecimiento del PSOL en detrimento del PT, en especial en las dos capitales más importantes del país, como canal “natural” del voto de “izquierda” (sería mejor decir “progresista”), se basa más en la clase media y el movimiento estudiantil que en la clase obrera. El minúsculo, pero activo PCB se encuentra, en general, a remolque de la política de PSOL.
De los partidos políticos con participación electoral, solo el PSTU escapa parcialmente a la regla expuesta. Parcialmente, porque se jacta más de los orígenes étnicos y de género de sus candidatos/as (propagandiza centralmente ser el partido con mayor porcentaje de candidaturas negras y feministas) que, de su origen y actuación de clase, y de un programa acorde con ellos. O sea, hace grandes concesiones a las políticas anticlasistas conocidas como "identitarias", ni qué hablar de un programa que, aunque definido como clasista, hace grandes concesiones de peso al populismo, defendiendo que "los ricos" [una categoría referida a la renta, no a la plusvalía obtenida mediante la explotación capitalista], no que el gran capital, “paguen la crisis”.
Aun así, el voto por el PSTU en la primera vuelta se justifica por su relación activa (principalmente vía CSP-Conlutas) con la vanguardia obrera combativa, a pesar de sus limitaciones programáticas y políticas, algunas simplemente enormes, como su apoyo de hecho al golpe militar parlamentario de 2016, y su abstención en conflictos que oponen al imperialismo con el decadente nacionalismo latinoamericano. Ello ocurre en especial con Venezuela, conflicto que repercute directa y geográficamente en Brasil, motivo por el cual no puede ser considerado como una cuestión de “política exterior” que solo afectaría al país de manera indirecta -el drama de los refugiados venezolanos en el norte-nordeste de nuestro país está ahí para demostrar lo contrario. Por relativos que sean, los méritos clasistas de las candidaturas del PSTU le están otorgando entre el 2% y el 3% de las intenciones de voto en São Paulo y Río de Janeiro, bastante por delante de todas las candidaturas de “siglas de alquiler”, o sea que estas candidaturas logran ser un canal parcial del interés e inquietud política de la vanguardia obrera y juvenil que lucha.
Aunque sea prácticamente innecesario, ya que es casi desconocido, cabe mencionar al PCO (que presenta algunos escasos candidatos). Una formación política minúscula –y de poca importancia- que es un satélite ridículo y reaccionario del PT, cuyas políticas pasadas y presentes apoya más allá de lo que el propio PT se atreve a enunciar, llegando al colmo de definir a los desafortunados y hambrientos refugiados venezolanos, atacados salvajemente por las bandas bolsonaristas en las regiones fronterizas, como “agentes del imperialismo” (porque huyen de la miseria del régimen de Maduro). Ello revela un carácter reaccionario medular, lamentablemente postulado en nombre de “la IV Internacional”, sin que se les mueva un músculo del rostro a los otros miembros de la cofradía que cobijan bajo esa denominación, diseminados en diferentes partidos y aparentemente dispuestos a aceptar estas infamias en su mini ágape, si paga la debida entrada. El combate en defensa de la herencia y del programa revolucionario legado por León Trotsky, el “programa de transición”, por tanto, no es ajeno a los debates políticos de las cuestiones electorales.
Sobre el PSOL, cabe aquí citar las palabras de Renata Souza, candidata a la intendencia de Río de Janeiro, donde el partido consumó su alianza electoral más escandalosa y reaccionaria: “Marcelo Freixo, con quien trabajé durante casi 10 años y de cuyo trabajo di continuidad como diputada estadual en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Río, siempre recuerda que el campo de izquierda rehuyó hacer debates centrales, como la cuestión de la seguridad pública, hoy ampliamente dominada por sectores conservadores ... Es hora de luchar por las instituciones y no abandonarlas…. La democracia está en riesgo y no vamos a renunciar a ella. En este sentido, apostar por la renovación de los cuadros políticos, como mencioné, ayuda a Río a ganar pluralidad. Pluralidad es también la apuesta a un amplio proceso de participación de los movimientos de base, fortalecer los consejos y garantizar voz para los sectores históricamente marginados” (en el Correio da Cidadania). Ni es preciso aclarar que entre las “instituciones” que hay que preservar, se encuentra nada menos que la Policía Militar (¡de RJ!). Legalmente dotada de “licencia para matar”, uno de los comandantes de la PM es postulado como candidato a vice intendente de Río por el partido, o sea, que, aunque presentando (algunas) candidaturas provenientes de sectores bárbaramente oprimidos, el programa y la política del PSOL ni siquiera pueden considerarse consecuentemente democráticos.
En momentos en que, frente a todas las dificultades creadas por la pandemia Covid-19, varios sectores de trabajadores (Correios, Casa de la Moneda, Embraer, trabajadores de la salud, universidades, trabajadores de telemarketing, repartidores de aplicaciones) reaccionan frente a los despidos y las políticas reaccionarias, super-explotadoras y privatizadoras, y contra la generalización del flagelo del desempleo, con métodos de clase (huelgas, manifestaciones callejeras, ocupación de reparticiones públicas, bloqueos), una campaña electoral clasista debe ser el terreno político de proyección de estas luchas, y otras en vías de preparación. No es lo que sucede con las campañas de las mayores formaciones de “izquierda” (PT y PSOL). Y, también, hay que poner en cuestión las políticas de conciliación de clases puestas en práctica por las direcciones mayoritarias del movimiento de los trabajadores, defendiendo propuestas políticas alternativas, como ejes de la lucha política general.
Los consejeros de las centrales sindicales en el Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo a los Trabajadores (Codefat) tuvieron la iniciativa de presentar una propuesta de extensión del seguro de desempleo en dos cuotas, con carácter excepcional, para los trabajadores asegurados despedidos en el período comprendido entre marzo de este año y 31 de diciembre de 2020. Las estimaciones hechas por el Dieese indican que esta medida atendería a unos seis millones de trabajadores y costaría 16 mil millones de reales, considerando un promedio de 1,27 salarios mínimos por cuota. El desempleo ya venía atormentando la vida de los trabajadores desde 2015, cuando volvió a aumentar, alcanzando a alrededor de 13 millones de personas en 2017.
La crisis sanitaria por el Covid-19 hizo aún más dramático el problema del desempleo, ya que, en marzo, inmediatamente alrededor de 12 millones de personas fueron lanzadas a la inactividad, 20 millones fueron retiradas del trabajo debido al aislamiento social y la interrupción de las actividades productivas, y más de 8 millones pasaron a trabajar desde casa. La “protección social” promovida por la ayuda (estatal) de emergencia de 600 reales alcanzó a 70 millones de trabajadores que no tenían protección contra el desempleo. La política de “protección salarial”, suspensión del trabajo o reducción de jornada, alcanzó a otros 15 millones de trabajadores. Pero estas políticas terminan en diciembre (después de las elecciones).
Debemos defender un impuesto progresivo permanente sobre el gran capital, gravando, en primer lugar, y de forma expropiatoria, las escandalosas ganancias récord del gran capital financiero, desconociendo la deuda pública con los tiburones del dinero, para garantizar la supervivencia y, a través de una vasto plan de obras públicas, imprescindible para reactivar la economía nacional, trabajo digno y socialmente útil para todos los brasileños, preservado a través del control popular las medidas encaminadas a contener la pandemia a la espera de la vacuna.
La enfermedad, que ha retomado sus niveles de contagio y muerte (más de mil muertes diarias, en un total que ya se acerca a las 150 mil), es el otro flagelo a combatir con métodos de clase, porque la desigualdad social ante ella es cada vez más patente. Solo un ejemplo: en Goiás, desde el inicio de la pandemia hasta agosto, 136 personas murieron esperando una cama de Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en julio. Entre los motivos están la demora para la primera atención, la falta de cama con la especialidad necesaria, el agravamiento del estado de salud, que imposibilita el traslado del paciente, y la cancelación de la transferencia por parte de los familiares cuando la primera opción de vacante es para un hospital considerado demasiado distante. Basta de muertes por ausencia de médicos, lugares de atención o equipamiento básico. Estatización y centralización democrática de todos los recursos sanitarios en el país, bajo control popular para evitar la corrupción desenfrenada, castigo severo de esta corrupción (Witzel y sus compinches deberían estar presos bajo la máxima seguridad, no procrastinando en los tribunales las consecuencias de su repugnante corrupción), contratación inmediata y permanente de profesionales de la salud, formación gratuita y pública de los mismos (en escuelas y universidades públicas).
Este es un programa mínimo y básico de clase, que debería ser defendido en los sindicatos y movimientos sociales y, también, en el terreno de las elecciones municipales, por candidaturas clasistas y organizaciones de clase, con o sin candidatos.
