Tiempo de lectura: 2 minutos
Se trata del sexto caso de gatillo fácil en la provincia en lo que va del año. Ocurrió en Paso Viejo, un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Cruz del Eje.
Joaquín tenía 15 años, cursaba su tercer año en el Instituto Provincial Agrotécnico N° 306 y trabajaba de cosechero en el establecimiento “La Parcela”. Como cualquier joven de su edad, el sábado a la noche se juntó con varios amigos. El domingo a la madrugada yacía muerto producto de una bala policial que ingresó por la espalda y se alojó en su pecho. Otros dos chicos, de 15 y 18 años, resultaron heridos de bala y tuvieron que ser internados.
Evadiendo todo tipo de responsabilidad, algunas autoridades policiales quisieron instalar la versión de que se trató de un enfrentamiento, puesto que supuestamente los policías respondieron a agresiones que provendrían del grupo de jóvenes que bebían y escuchaban música en la plaza cuando se les pidió que vuelvan a sus hogares debido al ASPO.
Sin embargo, varios testigos desmienten tal versión y alegan que los policías “dispararon a mansalva” para dispersarlos, previo a haberlos hostigado. Además, la fiscal Fabiana Pochettino luego de analizar las pruebas iniciales en el lugar de los hechos, dispuso la inmediata detención de cinco policías Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) Iván Alexis Luna (25) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), acusándolos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. Hasta el momento se sabe que las balas solo provinieron de las fuerzas de seguridad, quienes ejecutaron al menos 20 disparos con itacas y con la 9mm y además abandonaron a las víctimas.
Mosquera, Schiaretti y el Estado son responsables
La violencia institucional no es ninguna sorpresa en la provincia, ni Joaquín no es la primera víctima por gatillo fácil en lo que va del 2020. Recordemos el caso de Blas Correa, otro adolescente asesinado por la espalda en Córdoba Capital; Luis Morenigo, asesinado de un tiro en el cuello por la policía de Alta Gracia; José Ávila, asesinado y abandonado en Villa El Libertador y otras tantas muertes en manos del aparato represivo pero que fueron catalogadas por la Justicia como “legitimo accionar”. Este último tiempo, Schiaretti y Mosquera, ministro de seguridad de la provincia, se han encargado de detener trabajadores y reprimir la gran cantidad de luchas obreras que se desarrollaron en el curso de la pandemia en Córdoba, como sucedió con los repartidores de las aplicaciones, los choferes de la UTA, y los municipales de Jesús María, movilizaciones que han tenido un saldo altísimo de detenidos tras la represión. Sin dejar de mencionar los intentos de desalojo de tierras ocupadas, que fracasan ante la resistencia de las familias que necesitan un lugar para vivir ante la grave situación habitacional que se profundiza a lo largo del país.
A mediados de año, el gobernador desembolsó millones de pesos para el aparato policial: más de 40 millones en patrulleros, publicidad y el bono de 5mil pesos para los uniformados. Mientras tanto, la crisis es descargada de manera directa sobre los trabajadores de salud, los docentes y la clase obrera en general, en medio de una pandemia que azota, con la mayoría de los salarios por debajo de la línea de la pobreza y una reforma laboral y previsional que quiere ser impuesta por el gobierno cordobés a como de lugar. Se trata entonces, ni más ni menos, que de una política antiobrera declarada: la respuesta ante la crisis económica, sanitaria y habitacional es el reforzamiento del aparato represivo.
