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La Dirección General de Educación Superior de la provincia (DGES) ha presentado un proyecto de Redes de Revinculación y Acompañamiento Pedagógico (RRAP). El proyecto convoca a estudiantes de 3, 4 y 5to año del nivel superior a anotarse para dictar clases en el verano, yendo a la casa de alumnos de primaria y secundaria que quedaron expulsados del sistema educativo con la modalidad virtual. A la crisis profundizada por la pandemia el Estado le quiere agregar el contagio masivo de practicantes y de familias cuyo contexto social se ha visto agravado por las condiciones del aislamiento que hasta aquí vino aplicando el gobierno.
La medida es parte de la política del Consejo Federal de Educación ante las presiones de la clase capitalista para el levantamiento definitivo de la cuarentena. Las cámaras empresariales exigen la apertura de escuelas “para que los padres puedan volver al trabajo”. Para ello diseñaron un “Semáforo Epidemiológico” donde cada provincia o ciudad tiene un color indicativo de la posibilidad de establecer clases presenciales según las cifras de contagios que se detecten y el nivel de saturación del sistema sanitario. En el caso del color amarillo estarían habilitados los programas de “re-vinculación pedagógica”, donde practicantes “voluntarios” deberán cumplir tareas de contención, y detección de problemáticas afectivas y familiares. En este marco ensayaron con el Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) en Buenos Aires, no sin el rechazo de practicantes, docentes y padres. Resultó en un fiasco. El ATR no resuelve el acceso a la educación ni termina de complacer a la clase capitalista.
El RRAP también cosechó un repudio generalizado porque implica un desprecio hacia el trabajo y la formación docente, pone en riesgo la vida del alumnado y sus familias al no establecer siquiera cobertura médica ni el testeo previo de los actores que se pretende involucrar. Plantea una “beca para gastos mínimos” y un kit de alcohol en gel más un barbijo de regalo. El gancho “atractivo” sería la posibilidad de obtener un reconocimiento para la promoción de las prácticas, que muchos estudiantes del terciario han abandonado este año. Pero va al choque con los estudiantes y docentes que vienen de realizar un enorme esfuerzo durante estos meses de cuarentena para sostener el cursado virtual.
Teniendo miles de docentes abarrotados en las planillas de la Junta de Calificaciones, el gobernador Sáenz y sus pares apelan al “servicio comunitario” que puedan brindar practicantes sin derechos laborales, y así esquivarle a la responsabilidad estatal que le cabe de invertir en capacitación para el uso de TICs y de garantizar todos los recursos y condiciones para acceder a la virtualidad, comenzando por la incorporación de docentes en todos los niveles. Pero la prioridad que el Estado da al sostenimiento de la asistencia y subsidios millonarios para las grandes cámaras empresariales, por sobre las demandas de acceso a educación y salud, plantea desde ya un fracaso del RRAP precarizador y de cualquier medida que apunte a la vuelta a clases presenciales. Lo anticipa la rebelión que ya se hizo sentir en Casa de Gobierno con los estudiantes practicantes de primaria a la cabeza.
El rechazo al RRAP debe extenderse en todos los institutos de la capital y el interior a través de la deliberación en asambleas, que convoquen a su vez a la acción coordinada con la docencia que también rechaza este proyecto avalado por las burocracias de los sindicatos. Los trayectos virtuales de las prácticas deben ser reconocidos y reforzados garantizando la satisfacción de las demandas de estudiantes y docentes.
Sólo el pueblo trabajador puede dar una salida al quiebre del sistema educativo más grande de la historia.