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El Gobierno ha confirmado para el 20 de enero la convocatoria a la paritaria nacional docente. A diferencia de lo que ocurre con otros gremios, su finalidad se limita a establecer un piso al aumento salarial, que luego cada provincia discute por separado. De un lado no tiene un efecto práctico inmediato, es apenas un testimonio, del otro, deja librado a cada distrito la lucha por su convenio. Al devolver estas funciones a CTERA, que Macrí había eliminado, el propósito del gobierno es reforzar los instrumentos para aplicar su proclamada política de desindexación de los salarios, mucho antes de haber quebrado la inflación. La panza del trabajador es convertida en un “ancla anti-inflacionaria”.
Apenas conocida la convocatoria, el ministro de educación Nicolás Trotta, fue claro: estamos “en una situación fiscal muy compleja que atraviesan el gobierno nacional y muchas provincias" (Página/12, 7/1). De acuerdo a Infobae (9/1), el gobierno ya adelantó a los gremios que no aceptará incluir en la paritaria una “cláusula gatillo”, que ni siquiera indexa necesariamente el salario a los precios, sino que muchas veces se limita habilitar la re-convocatoria de la paritaria.
La llamada “desindexación” no se ha aplicado a los impuestos, de los más variados. Los gobernadores de Tucumán y Santa Fe ya han iniciado esta poda de salarios, provocando las primeras movilizaciones de docentes y estatales. Una auto convocatoria de unos 500 docentes tucumanos votó en asamblea el no inicio de clases y la exigencia a los gremios de una asamblea general.
Patear las paritarias provinciales
El jefe de Gabinete en una reunión con diferentes sindicalistas, entre los que estuvieron presentes Yasky y Baradel, planteó la posibilidad de extender el aumento en suma fija decretado para privados a la paritaria de los maestros - una adecuación de $4.000, que aportaría, en dos cuotas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). De modo que la discusión porcentual de los salarios docentes quedaría para marzo (Ambito Financiero 8/1). Esto mismo fue reconocido por Axel Kicillof, que “ha planteado la imposibilidad hasta marzo-abril de determinar bien en qué capítulo estamos, porque el tema de la deuda tiene que encaminarse”. Primero, la deuda usuraria. Kicillof recibirá de Alberto Fernández los dólares para pagar la deuda en default de la provincia.
En Santa Cruz, un congreso de ADOSAC ha resuelto condicionar el comienzo de las clases a un ofrecimiento salarial antes del 10 de febrero. En Chubut, ATECH advirtió que, “si el gobierno quiere garantizar el inicio del ciclo lectivo, debe cumplir con los acuerdos firmados”. En Jujuy, la docencia ha volteado el intento de Morales de modificar una grilla de calificación que avanzaba contra las condiciones laborales. En Salta, se perfila la convocatoria a una asamblea provincial, para defender la adecuación mensual de los salarios y un aumento de alrededor del 40%, y un proceso de titularizaciones.
CTERA ha puesto el gancho (no sabemos con qué mandato) junto a las patronales y el Estado en un “Compromiso Argentino de Solidaridad”, en vez de apoyar activamente estas luchas.
La tentativa de someter los sindicatos a la tutela del Estado y a la política capitalista de los gobiernos ‘nac & pop’, ya atravesó la primera crisis y ha dejado una enseñanza. La dirección de CTERA tuvo que reaccionar contra la tentativa del kirchnerismo de coalición, de suspender la movilidad jubilatoria docente.
La docencia necesita deliberar en asambleas y elegir delegados a las paritarias con un mandato concreto. CTERA y las direcciones provinciales deben someterse a las decisiones que se voten. La unidad de los trabajadores, primero.