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Efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad encabezaron un brutal operativo represivo de desalojo contra manteros instalados en avenida Avellaneda y Helguera, barrio porteño de Flores, golpeándolos y confiscándoles la mercadería.
El brutal ataque terminó con heridos y cuatro detenidos, entre ellos un testigo que intentó defender a los manteros y resultó golpeado salvajemente por diez efectivos. Entre los detenidos hubo dos senegaleses que, según testigos, además fueron víctimas de insultos xenófobos de parte de los efectivos policiales.
Luego de la represión, manteros y vecinos del lugar se concentraron para hasta lograr la libertad de los detenidos, que habían sido trasladados a la comisaría N°50.
Esta misma Policía de la Ciudad es la que actúa como cobertura de las mafias que despliegan su actividad en el barrio, liberando las zonas y asociándose al crimen organizado de las redes de trata y el narcotráfico y a la enorme red de talleres clandestinos que funcionan en Flores. Pocos días después de este operativo, el fiscal general Abel Córdoba solicitó la condena a tres años y seis meses de prisión a dos policías de la ex comisaria 38a del mismo barrio por encubrir el funcionamiento de un prostíbulo – que reportaron como "una casa de familia".
Omar Guaraz, secretario del sindicato de vendedores ambulantes, durante una entrevista radial al día siguiente del violento desalojo dijo: «extendemos la responsabilidad de lo sucedido a la Cámara de Comercio de la calle Avellaneda que desde hace años estimula, premia y financia la violencia contra los vendedores, lo que ellos llaman la cruzada contra la venta ilegal. La sangre de los vendedores, la golpiza y la represión brutal es responsabilidad de la policía, de Horacio Rodríguez Larreta y de la Cámara de Comercio».
Este hecho no es rayo en cielo sereno sino que es parte de una política sistemática de ataque a los vendedores ambulantes de parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Larreta ataca a los trabajadores desocupados que buscan ganarse el sustento en el medio de una crisis económica y social general agudizada por la pandemia que se expresa en millones de trabajadores desocupados, miles de despidos y suspensiones, salarios reventados por la inflación y paritarias a la baja más una crisis habitacional sin parangón en la CABA. Estos trabajadores -que no disponen de ningún otro ingreso- serán además las principales víctimas de la interrupción del IFE.
Este operativo represivo se inscribe dentro de una profundización de la política represiva del Estado, luego del violento desalojo de Guernica y otros desalojos, frente a quienes reclaman frente a la crisis habitacional y laboral.
Se impone más que nunca una lucha de conjunto entre trabajadores ocupados y desocupados por trabajo genuino y por el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, vivienda y todas nuestras reivindicaciones.
