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La policía, comandada por el ministro de seguridad provincial Alfonso Mosquera y respaldada por el fiscal Tomás Casas, logró desalojar a más de 150 familias sin techo que ocupaban terrenos en Estación Ferreyra (Córdoba). Arrestaron a ocho personas, entre las cuales se encontraban Jorge Navarro y la legisladora Soledad García, ambos del PO (o) y la dirigente del Polo Obrero (o), Susana Altamirano.
El desalojo sucedió en Camino a Capilla de Los Remedios al 7000, respondiendo a las demandas del empresario Leonardo Yaryura y familia. Este desalojo violento y realizado sin orden judicial. El ministro de Seguridad dice “haber llevado mujeres para actuar de mediadoras”. Esto es un chiste de mal gusto. Desde octubre pasado se vienen realizando procesamientos, intentos de desalojo y represiones brutales contra las familias sin techo. El fiscal Casas, luego de estas represiones, armó causas contra los ocupantes por resistencia a la autoridad. Las familias respondieron con una denuncia contra la brutalidad policial y los abusos ejercidos. El Estado combate a la pobreza con balas de goma.
Déficit Habitacional
Córdoba es una de las provincias donde el “Mapa rojo de la pobreza” ha crecido con más fuerza. En plena pandemia, el 40% de las familias se encuentran por debajo del índice de pobreza. Cada vez menos familias pueden pagar un alquiler.
La ocupación de terrenos es el último recurso de las cientos de familias que ya no pueden pagar una vivienda. En muchos casos, como el del barrio Cabildo, en el sur de Córdoba, se trata de mujeres que escapan de la violencia dentro de sus casas, muchas veces con sus hijos. Esto es una realidad anterior a la cuarentena, que empeoró.
En Córdoba son varios los terrenos ocupados por familias sin techo, como “Barrio Cabildo”, “Nuestro Hogar Tres” o “Barrio Beatriz Camino”, cada uno de estos con más de 100 familias viviendo instaladas. Desde el desalojo de Guernica, de la mano de Kicillof y Berni, siguiendo por Salta, Río Negro y demás provincias, el estado ejerce violencia contra un sector de la clase trabajadora que defiende como puede su vida. El estado, ni lento ni perezoso, se envalentona con su victoria en Guernica para continuar las acciones represivas. Actúa en función de los grupos millonarios como Yaryura o los políticos como Romero.
El gobierno y el estado son responsables de la pobreza de los trabajadores explotados que no tienen un lugar donde vivir. Es por esto que debemos dar pasos en la coordinación de las luchas. Son al menos 15 los predios ocupados en Córdoba, predios en los que debemos exigir la escrituración de los terrenos, planes de vivienda y alimentos y luchar contra la represión del estado que avanza en medida que no se le ponga un freno, rechazando la judicialización de la lucha de los ocupantes.
