Santiago Maldonado: investigación independiente afirma la denuncia de desaparición forzada

Escribe Ana Belinco

Tiempo de lectura: 2 minutos

Ante la paralización de la causa por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado ocurrida el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, la familia del joven convocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEEI) reúne a profesionales de México, Colombia y Chile. Los investigadores coincidieron con la familia en la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte y afirman que hubo pistas no tomadas en cuenta por la justicia.

El informe que elaboró este grupo de expertos, basado en pruebas que constan en los informes de la autopsia del cuerpo de Santiago que no fueron tenidas en cuenta por los peritos ni por el juez Lleral, permite arribar a nuevas hipótesis y conclusiones. El mismo fue presentado días atrás en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y frente al Estado argentino. Entre otros, afirma que se descubrió que en las uñas y objetos personales de Santiago, se halló ADN de al menos otra persona de sexo masculino más.

"En ese momento lo habíamos preguntado y nos dijeron que no alcanzaba como indicio, pero ahora este informe nos ratifica que todas nuestras dudas sobre la autopsia eran correctas, como mínimo para cotejar a partir de la foto que tenemos de (el gendarme Emmanuel) Echazú sangrando", declaró Verónica Heredia, abogada de la familia (Infocielo 22/11).

Los testimonios de los distintos efectivos de la gendarmería nacional citados por la justicia presentaron fuertes contradicciones dado que mientras unos decían que no habían llegado a la orilla del Río Chubut, donde se encontró el cuerpo de Santiago casi tres meses después del operativo de desalojo, el gendarme Echazu declaró haber estado en el lugar, pero sin encontrar a nadie. La explicación que dio sobre la herida que tenía en la cara, y que fue captada in situ en una foto que cobró gran trascendencia mediática, fue que recibió un piedrazo de parte de los integrantes de la Pu Lof.

En enero de 2018 y nuevamente en septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno argentino que rinda cuentas de las medidas llevadas adelante para esclarecer lo sucedido con Santiago y establecer las responsabilidades en el hecho, en un plazo inferior a los tres meses. Antes de que se venza el plazo -y luego de casi once meses de inacción gubernamental-, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación le propuso a la familia una "solución amistosa" por la cual el Estado reconoce su responsabilidad en el hecho y se compromete a adoptar una serie de medidas para la reparación integral del caso.

Por ahora, puro palabrerío porque la impunidad y el encubrimiento de las fuerzas de seguridad estatales, garantizadas por los sucesivos gobiernos, conforma una política de Estado, como lo demuestra la interminable lista de casos de ´gatillo fácil´y otras víctimas de la violencia policial. Sergio Maldonado lo dice bien claro: “Hasta que no veamos resultados, todo termina siendo un amague. Desconfiamos siempre del Estado hasta que no haga lo que tiene que hacer” (Infocielo, 22/11). Es urgente el esclarecimiento de la muerte de Santiago y la condena a todos los responsables políticos y materiales. Basta de impunidad. Castigo a los culpables. El Estado es responsable.

Suscribite a Política Obrera