La crisis político-judicial

Escribe Jorge Altamira

Tiempo de lectura: 2 minutos

En ocasión del funeral de Maradona, los diarios volvieron a insistir que Alberto Fernández y Cristina de Kirchner ‘no se hablan’. La piedra de la discordia es la elección del Procurador General, el fiscal de los fiscales. CFK impulsa el proyecto que sustituye la inamovilidad del Procurador por un mandato de cinco años con opción a otros cinco, y su elección por mayoría absoluta del Senado en lugar de los dos tercios que se requieren en la actualidad.

El cargo ha sufrido muchos accidentes, porque los procuradores se han visto obligados a renunciar por presiones del Ejecutivo, no importa que su puesto sea vitalicio. Es lo que ocurrió con Esteban Righi, en 2012, a quien siguieron fiscales generales puestos a dedo para llenar vacancias. Es lo que se niega a hacer el último de ellos, Casal, puesto por el macrismo con carácter transitorio. El asunto sería serio en cualquier país, pero en Argentina tiene el adicional de que dos ex presidentes y sus familiares se encuentran acosados por procesos judiciales que podrían terminar en condenas. Los partidos que manejan el Congreso no logran cuadrar el círculo.

El cambio del método de elección y la duración del mandato podrían no pasar el escrutinio de Diputados, lo cual desataría una crisis de gobernabilidad, en momentos de impasse financiera, con un acuerdo pendiente con el FMI, cuya sanción sería objeto ahora de una votación por el mismo Congreso que no se pone de acuerdos con el Fiscal mayor. Alberto Fernández quiere en el cargo a Daniel Rafecas, un ex juez, que despachó sin menor consideración la acusación del fallecido Alberto Nisman en el asunto de ‘memorando con Irán”. Rafecas pone como condición que no se modifique el método de elección. A esta altura de la controversia, todo indica que CFK no lo quiere en el lugar, aunque Rafecas se avenga a las modificaciones del caso. Con mayoría absoluta en el Senado querría imponer a un incondicional.

El asunto ha cobrado mayor tensión como consecuencia de que la Cámara de Casación debe fallar en torno a la validez de las declaraciones de los ‘arrepentidos’ en el juicio por asociación ilícita contra la Vicepresidente, por las coimas denunciadas en los cuadernos de Centeno. En este proceso, los más conspicuos representantes de la burguesía argentina admiten haber sobornado al gobierno, bajo la presión, según ellos, de los funcionarios del kirchnerismo.

Es indudable que el acuerdo AF-CFK-SM, que permitió consagrar el Frente de Todos, llevaba el compromiso de sacar a la ex presidenta de los trances judiciales. CFK no confía, en absoluto, sin embargo, que Rafecas vaya a cumplir ese objetivo. El Presidente no ha logrado convencerla de lo contrario. El impasse resume el impasse de un sistema político desarticulado por la crisis, que además de no poder designar al Procurador, tampoco consigue hacer con los presidentes del Banco Central y otros cargos, que asumen entonces el carácter de facto. La expectativa en la ‘confianza de los inversores’ se escurre por las orillas, en especial cuando las políticas del Central y de Economía van por carriles separados.

La expectativa de que, en última instancia, estos impasses se resuelvan en las elecciones del año que viene es infundada, de un lado porque habrá que esperar un año, del otro lado porque sus resultados lucen inciertos. Una combinación desfavorable de circunstancias desatará una crisis de gobernabilidad. Es, en estas condiciones, que el feminismo kirchnerista sostiene que la aprobación de la ley de derecho al aborto es pan comido – cuando a todas luces una derrota a manos del clero católico y los predicadores evangélicos sería funcional a un desenlace de la crisis política desfavorable para el grupo kirchnerista.

Suscribite a Política Obrera