Venta de tierras fiscales en Merlo: la corrupción es endémica al Estado
Escribe José Aguilar
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El escándalo político por la venta de tierras fiscales en Merlo, por parte de altos funcionarios de gobierno, es la punta del iceberg de todo un entramado de corrupción institucional que involucra a todas las fuerzas políticas gobernantes pasadas y presentes.
El Fiscal Ferrario del Departamento Judicial de Morón lleva adelante, desde enero de 2019, una investigación por estafa y venta de tierras fiscales. El resultado de dicha investigación está a la vista de todos: tres encumbrados funcionarios de la Subsecretaria de Tierras y Viviendas detenidos por asociación ilícita, defraudación al Estado e incompatibilidad de los deberes de funcionario público.
Cabe señalar que la Subsecretaria de Tierras y Viviendas fue sacada de la órbita de la Secretaria de Gobierno para ser supervisada por la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, Karina Menéndez, hermana del actual Intendente de Merlo y jefe máximo del PJ bonaerense.
La política de encubrimiento
Apenas se conoció el escandaloso robo al patrimonio público, el intendente Menéndez, a la velocidad del rayo intentó despegarse burdamente planteando que fue él mismo quien impulso las denuncias correspondientes para encanar a su propia tropa. En Infobae del 21/11/20 afirma que “La causa se inició por una denuncia que realizamos desde el municipio a instancia de los vecinos que contaban que funcionarios nuestros estarían involucrados en usurpaciones de tierras. Tierras que después vendían”. Este “relato” se da de bruces con la denuncia hecha por Mariano, bombero voluntario y uno de los damnificados, que en enero 2019 se presentó en sede judicial a radicar una denuncia por estafa. El bombero relató a Primerplanoonline.com que puso al tanto de toda la situación en forma pormenorizada al intendente. Envió una carta de puño y letra al intendente narrando todos los hechos denunciados y jamás respondió.
La conclusión a la que llega el damnificado es demoledora: “No creo que el intendente haya ignorado esto durante tanto tiempo. Si no sabía nada, no entiende nada. Por acción o por omisión, para mí el intendente es responsable” (23/11/20).
¿Quién cuida el gallinero?
La agrupación política formada por Menéndez, Grande Merlo, hizo campaña desde 2013, primero con Massa y luego con Cristina, presentándose como la “renovación política”. Prometían que Merlo iba a ser Grande y que iban a terminar con la corruptela generalizada y con los políticos corruptos del othacehísmo. En declaraciones a Telam.com.ar Menéndez prometió limpiar de corruptos al Estado Municipal y denunciar “penalmente en las próximas horas a su antecesor y sus colaboradores por los presuntos delitos de fraude contra la administración pública, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y posible asociación ilícita, cometidos durante su gestión al frente del municipio durante 24 años” (21/04/2016). Naturalmente, nada de esto sucedió.
Menéndez intenta posar de “fiscal anti-corrupción”, una especie de Lilito Carrió del PJ, pero no puede eludir su responsabilidad política en la asociación ilícita que hacía caja para los punteros municipales por la simple razón de que los tres funcionarios detenidos provienen de su propia fuerza política. Además, quién dice “combatir la corrupción” está el mismo sindicado por la justicia como parte de una asociación ilícita por el desfalco de los casinos provinciales Central y Del Mar (Cronista.com, 20/12/18).
Lo que muestra este derrotero de negociados y corruptelas con tierras fiscales e inmuebles en litigio judicial, en el marco de la crisis habitacional más grande de las últimas décadas, es que la corrupción transciende las fuerzas políticas que gestionan circunstancialmente el aparato de Estado. La corrupción es endémica al propio régimen político.
Sólo un gobierno de trabajadores con mandatos revocables y responsable ante las mismas masas podrá extirpar el cáncer de la corrupción pública. Un gobierno de trabajadores implica necesariamente el desmantelamiento del Estado capitalista y de todas sus mafias. Planteamos comisión investigadora independiente compuesta por vecinos electos en asambleas populares y con mandatos revocables, apertura de los libros contables del municipio, juicio y cárcel para todos los “usurpadores” de guantes blancos.
