La megaminería y el degradado régimen político chubutense

Escribe Iván Marín

El impotente intento para avanzar con la minería volvió a poner al desnudo el carácter parasitario y decrépito de la dirigencia provincial.

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Lobby minero, corruptela desenfrenada, "carpetazos", "mexicaneadas", deuda externa descomunal, ajustes salariales, colapso sanitario, desocupación, precarización laboral y pauperización de las condiciones de vida y un larguísimo etcétera alimentan el derrumbe de la política patronal provincial. Lo que reina es la desorientación para doblegar al pueblo chubutense en la búsqueda de imponerle un plan de reordenamiento social con pérdidas de conquistas históricas. El gobierno de Mariano Arcioni se encuentra a la deriva y a medida que pasan los días profundiza su debilidad, pese a la ayuda que recibe de la mal llamada oposición: el PJ-kirchnerismo y Juntos por el Cambio.

El sitio ADN Sur adelantó en la tarde del miércoles último que el “proyecto de zonificación para la meseta ya no se tratará este año y se especula con una sesión especial en febrero”. El mismo medio informó que aparentemente el Gobierno tampoco contaría con el número de votos necesarios para el tratamiento de los proyectos de ley del Presupuesto 2021, la Agencia de Recaudación y el nuevo Endeudamiento en Letras a Dólar Linked, proyecto enviado hace más de un mes por el Ejecutivo para obtener fondos para el pago de salarios.

Si bien la semana pasada ya se presagiaba que el tratamiento del proyecto de zonificación minera difícilmente podría ser discutido y, menos aún, aprobado en lo que resta del año, tras la negativa de la comisión de Recursos Naturales a darle dictamen para ser debatido en el pleno de la Legislatura, lo cierto es que los escándalos que involucraron a legisladores provinciales terminaron de herir seriamente la tentativa. La tarde noche anterior a la reunión de la susodicha comisión, activistas promineros fueron a los domicilios de la diputada del interbloque oficialista (disidente del gobierno) Leila Lloyd Jones y de la vicepresidenta del Partido Justicialista, Florencia Papaiani, a escracharlas y presionarlas para que sus sectores voten a favor del proyecto.

Las enormes movilizaciones en todos los puntos de la provincia contra la megaminería fueron las que le marcaron la cancha a todo el arco político patronal, generando una nueva crisis en la Legislatura. En enero último ocurrió una situación similar, en la que se rompió de hecho el bloque oficialista a menos de 50 días de asumir. La crisis política no es nueva.

En un audio que circuló por WhattsApp atribuido a la diputada Lloyd Jones, y que ella no negó, se escuchó decir: “Me piden en el video que les consiga laburo. ´No, les dije, ´vayan a conseguirle laburo a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras. Después se los voy a pasar los teléfonos de los que votan a favor para que les vayan a pedir laburo ustedes”. Aparentemente esa habría sido la respuesta de la legisladora a quienes fueron a escracharla a su domicilio para que vote a favor de la megaminería.

El audio rápidamente se viralizó y fue noticia de todos los medios de la zona, llegando incluso al ámbito nacional. Como era de esperarse, desató la inmediata hipocresía del personal político de la burguesía local, en especial del gobierno, los legisladores provinciales y las cínicas autoridades del Poder Judicial. El Procurador General, Jorge Miquelarena, tomó intervención en el asunto y varios legisladores anunciaron un pedido de vindicación para que se investigue el tema. La figura del exdiputado del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, fotografiado en plena sesión legislativa en 2014 mientras recibía órdenes por mensajes de texto a su celular de Gustavo Berardi, directivo de Yamana Gold, para modificar el tratamiento de la Iniciativa Popular, volvió nuevamente a escena poniendo en evidencia una vez más la pertenencia de clase de los legisladores y los partidos a los que representan.

El batifondo contaría con un nuevo capítulo. El lunes por la noche un inesperado artículo en diario Perfil denunciaba al diputado de Juntos por el Cambio, Sebastián López, pidiendo “100 lucas” para hacer lobby por la minería en Chubut. No estamos hablando de una coima ya que aparentemente la cámara oculta se habría realizado a mediados de 2018, según el descargo que realizó en diversos medios de comunicación. A las pocas horas la UCR anunció la ruptura del bloque y el PRO, fuerza a la que pertenece el diputado, comunicó que hará una presentación judicial y una actuación interna. El gobernador no quiso ser menos y doblegó la apuesta, que a esta altura era un papelón a nivel nacional: “No voy a retirar el proyecto de zonificación y no voy a permitir que traten de corruptos a este Gobierno y a los diputados”, afirmó el pusilánime.

El cinismo se apoderó de toda la runfla política patronal. La moralina pequeño burguesa comenzó a ser la voz predominante en las intervenciones de históricos dirigentes de la zona. Pseudo repudios a la vinculación entre la política y las grandes corporaciones se pusieron a la orden del día en una provincia cuya matriz productiva se reduce al extrativismo hidrocarburífero, a la imponente Aluar, la lana y la pesca, todas actividades o industrias casi sin valor agregado local y con destino de exportación.

Hay que decirlo sin ambages: la clase dirigente local se reduce básicamente al comercio y a actividades agropecuarias en el Valle; al turismo y la pesca en Puerto Madryn; a los servicios petroleros en Comodoro Rivadavia; y al turismo en la cordillera; los grandes terratenientes se extienden en toda la provincia, aunque las tierras más valiosas se encuentran en cordillera. En general esta pequeña burguesía ha provisto al Estado de la mayoría de los cuadros políticos cuya principal función es articular sus intereses con los de las grandes multinacionales dueñas de la provincia. Por su ubicación en la estructura de poder son también quienes se encargan del delito organizado: la trata de personas y el narcotráfico en las ciudades portuarias, por citar dos de los ejemplos más importantes.

Un régimen putrefacto basado en la impunidad de clase en el que los hijos de poder pueden violar en patotas a mujeres para luego ser liberados bajo la justificación de un canallesco “desahogo sexual”, o donde se puede escuchar al actual presidente del PJ, Carlos Linares, solidarizarse con el exjefe de Policía del Chubut y exdiputado provincial por el Frente para la Victoria, Juan Ale, condenado por abuso sexual a dos menores de edad: “Un compañero medio desterrado en estas épocas cuando pasan cosas que no se respetan. Lo que le está pasando a la familia Ale, por lo menos desde mi punto de vista, merece algún tipo de repudio”, afirmó sin sonrojarse el dirigente justicialista. Es el mismo régimen que persigue, criminaliza y asesina mediante el sicariato o con las Fuerzas de Seguridad a pobladores originarios que defienden su territorio o a quienes se solidarizan con su lucha, como Santiago Maldonado.

La emergencia a las primeras planas de los medios de comunicación y redes sociales de estas prácticas descompuestas inherentes al sistema capitalista tiene su explicación en la bancarrota económica y política del Estado provincial y a la enorme debilidad del gobierno para imponer la salida que le exige la clase social a la que representa. La llamada “reestructuración del Estado” y megaminería, ordenada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, vienen de la mano y son las principales razones de que la provincia se encuentre movilizada hace tres años, en lo que fue bautizado por sus protagonistas como “Chubutazo”.

El jueves el Gobierno comunicó el acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores internacionales. Al respecto el periodista Marcelo García escribió en El Extremos Sur: “Entre los logros, el gobierno anota que habrá tres años con pagos menores a los que existían y la extensión hasta el 2030. Entre los puntos perjudiciales se inscriben el pago de 91 millones de dólares más, que no hubo quitas de capital o intereses y las elevadas tasas que afrontará la provincia durante los próximos diez años. Dentro de diez años, por la emisión del BOCADE, los bonistas cobrarán un 70% más en dólares”.

Si bien el gobierno reducirá en 186,6 millones de dólares el importe a pagar en los tres años que le queda de mandato, a costa de la extensión del plazo de pago y el aumento de intereses, esa plata que se “ahorra” en realidad irá a pagar nuevos endeudamientos tomados con el Estado nacional a plazos muy cortos y con altos índices de intereses. Además, en la renegociación de la deuda se incorporó al conjunto de las regalías petroleras como garantía de pago, es decir se continuarán devengando automáticamente sin entrar a las arcas provinciales.

Arcioni adeuda más de dos meses de salarios a los trabajadores estatales activos y pasivos, el medio aguinaldo de junio y ahora el de diciembre, además de recategorizaciones. Durante el 2020 no se registraron paritarias y en el proyecto de Presupuesto 2021 se prevé un incremento salarial del 6%, generando una pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores en dos años superior al 50%. Y a eso hay que agregar que se aprobó una ley por la cual se congelan todos los incrementos salariales que deban indexarse desde el ámbito nacional.

Este escenario de catástrofe económica en el que transcurren las movilizaciones contra la megaminería es el que alertó a la oposición patronal, en especial de un sector del PJ-kirchnerismo, para no acompañar por ahora al proyecto de zonificación, pero a la vez para no convocar a ningún plan de lucha serio contra el ajuste. La orientación pejotista y de la burocracia sindical estatal antiminera es clara: “no” a la megaminería y sí al ajuste. Intentan demorar una rebelión popular, o más bien que la inmediata rebelión popular contra la megaminería se convierta en una exigencia contra todas las postergaciones de las masas. Incluso al interior de la alianza de gobierno las zancadillas están a la orden del día. Según trascendió en algunos medios, el propio vicegobernador, Ricardo Sastre, le habría bajado el pulgar al tratamiento del proyecto minero temeroso del costo político para el conjunto del régimen producto de las enormes movilizaciones de las últimas semanas y los escándalos señalados más arriba.

Paralelamente, las burocracias sindicales petroleras, de camioneros, la UOCRA y empleados de comercio convocan para este lunes a una movilización en favor de la megaminería. Se desconoce hasta el momento la capacidad de movilización que tendrá. En Trelew dos horas más tarde el movimiento “No a la Mina” realizará una asamblea popular frente al municipio local y luego marchará por el centro para disputarle la calle a los sectores más reaccionarios.

En ese marco la rebelión que se cuece precisa de una orientación que tenga como primer objetivo la articulación de todas las luchas en curso para preparar una huelga general en defensa del medio ambiente, los salarios, la educación, la salud y la vivienda. Se deben convocar a plenarios de delegados en todas las ramas laborales y grandes asambleas populares en cada una de las ciudades para discutir democráticamente planes de luchas. Solo la deliberación del pueblo trabajador en su conjunto puede encontrarle una salida a la crisis en defensa a sus intereses.

¡No al pago de la deuda!

¡Re estatización bajo gestión obrera de los recursos naturales!

¡Pago en tiempo y forma a los trabajadores estatales!

¡Paritarias 2020 ya!

¡Por un plan de obras públicas! ¡Vivienda y trabajo para todos!

¡Por un Congreso Provincial de Delegados de Base!

¡Por la coordinación de todas las luchas!

¡Huelga general en defensa de las conquistas obreras y del medio ambiente!

¡Por Asambleas populares contra la megaminería y el ajuste!

¡Tratamiento y aprobación de la Iniciativa Popular contra la megaminería!

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Fuera Arcioni, Sastre y la corrupta Legislatura provincial!

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